El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, calificó de ilegal la política estadounidense de interceptar buques con combustible destinado a Cuba y presionar a terceros países para que no comercien con la isla.
La declaración llega el mismo día en que las autoridades estadounidenses anunciaron la incautación de más de 620,000 galones de biodiésel repartidos en 90 cargamentos retenidos en Port Everglades, Florida, y en Houston, Texas, todos destinados a ENETEC S.A., empresa estatal cubana mayorista de combustibles sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de este año.
Fernández de Cossío argumentó en una publicación difundida este miércoles en Facebook que importar, almacenar, distribuir y comercializar combustible en Cuba es perfectamente legal conforme a la legislación nacional y al Derecho Internacional, y que lo mismo aplica al transporte en aguas internacionales.
«Lo que resulta ilegal es intimidar a Estados soberanos con amenazas de represalias del gobierno de EE.UU. si exportan combustible a Cuba o a empresas exportadoras o transportistas de cualquier país por participar en operaciones comerciales de esa naturaleza», escribió el diplomático.
El viceministro fue más lejos al equiparar las interceptaciones con actos de piratería: «Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaje».
Las operaciones que motivaron la respuesta del régimen cubano se acumulan desde mediados de año. En junio, la Guardia Costera de EE.UU. detuvo el M/V Jaira Provider en el Caribe con aproximadamente 210,000 galones de diésel en tanques de lastre con destino a Cuba; un acta posterior registró cerca de 195,272 galones de hidrocarburos en espacios no autorizados del buque.
En septiembre, la misma agencia abordó el M/V Grace en el mar Caribe, entre Cuba y México, y lo escoltó hasta Progreso, Yucatán, donde la Armada mexicana confirmó combustible en tanques de lastre y contenedores.
Ambas embarcaciones fueron vinculadas a la llamada «flota oscura», red de buques que ocultan su carga y ruta para evadir sanciones.
El valor estimado de los 620,000 galones de biodiésel incautados este miércoles ronda los 2,8 a tres millones de dólares. Hasta el momento no se han anunciado cargos formales ni se ha identificado públicamente a los responsables del esquema de envíos.
Esta escalada se enmarca en una ofensiva energética más amplia de Washington contra La Habana.
En junio, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra CUPET, la petrolera estatal cubana, bloqueando sus activos en EE.UU. y prohibiendo transacciones con la empresa, con el argumento de que el régimen usa los recursos energéticos para financiar la represión interna.
Fernández de Cossío ha sido la voz diplomática más activa del gobierno cubano en denunciar estas medidas, y ha afirmado que su impacto supera los 5,000 millones de dólares anuales en daños a la economía de la isla, con consecuencias directas sobre la generación eléctrica, la sanidad, el suministro de agua, el transporte y la producción de alimentos.
El viceministro cerró su publicación con una condena sin matices: «Es ilegal, inmoral y criminal someter a un pueblo entero a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos».
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