
El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha decidido incursionar en la teoría política.
En una publicación en Facebook, no se conformó con su letanía de denunciar las sanciones estadounidenses contra Cuba, sino que ofreció un diagnóstico sobre la propia naturaleza del sistema de gobierno de Estados Unidos, al que atribuyó la mentira institucionalizada, la corrupción y la impunidad de sus dirigentes.
«Asume que goza de la capacidad para mentir desvergonzadamente sin costo político alguno y que la verdad es un detalle inconveniente al que es mejor no prestarle atención. Esa es la naturaleza de su sistema de gobierno», escribió el diplomático.
La reflexión resulta especialmente interesante por su autor. Fernández de Cossío representa a un Estado donde el Partido Comunista está consagrado constitucionalmente como fuerza dirigente superior de la sociedad, el socialismo ha sido declarado irrevocable y los ciudadanos carecen de la posibilidad de sustituir al partido gobernante mediante elecciones libres y competitivas.
Es decir, el diplomático ha elegido examinar los vicios estructurales de un sistema político ajeno mientras guarda un obediente silencio sobre las características del que lleva décadas defendiendo. Una omisión llamativa en alguien que acaba de aventurarse en los terrenos de la politología.
Porque, puestos a estudiar la naturaleza de los sistemas políticos, el cubano ofrece un caso de extraordinario interés: una revolución convertida en fuente perpetua de legitimidad, un partido identificado con la nación, una ideología elevada a principio constitucional intangible y un aparato represivo encargado de preservar el monopolio del poder.
La Revolución como legitimidad perpetua
El régimen cubano construyó su legitimidad sobre el triunfo revolucionario de 1959, un acontecimiento histórico que terminó transformado en justificación permanente del derecho a gobernar.
La llamada «revolución» dejó de ser únicamente un proceso histórico para convertirse en una entidad casi sagrada, situada por encima de las instituciones y de la voluntad cambiante de los ciudadanos. Sus dirigentes se proclamaron intérpretes de sus principios y sus continuadores designados heredaron esa autoridad sin someterla a una verdadera competencia política.
De esa construcción ideológica surgió una de las operaciones más eficaces del castrismo: identificar la patria con la Revolución, la Revolución con el socialismo y el socialismo con el Partido Comunista. Cuestionar a este último podía presentarse así no como una discrepancia legítima, sino como una amenaza contra la nación.
La Constitución de 2019 terminó consagrando jurídicamente esa concepción del poder. Su artículo 3 proclama que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, pero el artículo 4 declara irrevocable el socialismo —autorizando el uso de las armas para defenderlo— y el artículo 5 reconoce al PCC como partido único y fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
La contradicción política es profunda: se declara soberano al pueblo, pero se le impide decidir libremente sobre una cuestión fundamental, la posibilidad de sustituir el sistema político y el partido que monopoliza su dirección.
Una Constitución que blinda una ideología y la supremacía de un partido no garantiza el pluralismo democrático, por mucho que proclame la soberanía popular.
La represión como mecanismo de conservación del poder
La concentración del poder exige instrumentos para preservar sus límites. En Cuba, esa función corresponde a una estructura de control totalitario que abarca la Seguridad del Estado, los órganos policiales, las instituciones políticas, la prensa oficialista y los mecanismos de vigilancia social construidos durante décadas.
La persecución de opositores, el hostigamiento contra periodistas independientes, las detenciones arbitrarias y la criminalización de las protestas no pueden entenderse únicamente como excesos individuales. Constituyen mecanismos mediante los cuales el régimen limita la organización de fuerzas capaces de disputarle el poder.
Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Prisoners Defenders han documentado reiteradamente la represión política, las restricciones a las libertades civiles y la existencia de centenares de presos por motivos políticos.
Desde la teoría política, el castrismo presenta características propias de los regímenes de partido único y vetas puras de control totalitario: ideología oficial, subordinación institucional, monopolio de la información, del relato y de los principales instrumentos coercitivos, además de una aspiración enfermiza a dirigir amplios ámbitos de la vida social, en abierta promoción de la fidelidad, la delación y la mediocridad.
No es casual que, pese a las reformas económicas, los cambios de dirigentes y la apertura selectiva a actividades privadas, la competencia política siga excluida de las transformaciones permitidas.
La verdad también tiene dueño
Fernández de Cossío acusa además a determinados sectores estadounidenses de pagar y movilizar a los grandes medios de comunicación para respaldar sus intereses. No ofrece en su publicación pruebas concretas de esa supuesta operación.
La denuncia resulta peculiar en boca de un representante de un régimen que durante décadas ha concebido la prensa como instrumento al servicio de la Revolución, subordinando los medios estatales a la orientación del Partido Comunista y persiguiendo el periodismo independiente.
La mentira política no pertenece exclusivamente a ninguna ideología. La diferencia fundamental reside en los mecanismos disponibles para descubrirla, denunciarla y exigir responsabilidades.
En Estados Unidos, pese a sus problemas de corrupción y sus deficiencias institucionales, existen medios independientes, oposición legal, elecciones competitivas y mecanismos judiciales y parlamentarios de fiscalización. En Cuba, esas posibilidades están cooptadas por el monopolio político del PCC.
El propio Fernández de Cossío ha negado públicamente la existencia de manifestantes encarcelados arbitrariamente por protestar en Cuba, pese a las denuncias documentadas por organizaciones de derechos humanos.
Sería interesante conocer qué posibilidades tendría un periodista de la televisión estatal de interrogarlo sobre esas contradicciones, cuestionar libremente su versión y exigir explicaciones sin exponerse a consecuencias profesionales o políticas.
Cuando el Gobierno se confunde con la nación
El vicecanciller concluye su publicación con una sentencia categórica: «El problema no es Cuba. El problema es la agresión de EE.UU. contra Cuba».
La frase condensa otra operación habitual del discurso oficial: confundir a Cuba con quienes la gobiernan. La nación, el Estado, el Gobierno y el Partido Comunista aparecen fundidos en una sola entidad, de manera que cuestionar al poder puede presentarse como una amenaza contra la soberanía nacional.
Sin embargo, defender la integridad territorial del Estado cubano o la independencia de Cuba frente a cualquier intervención extranjera no implica reconocer al PCC un derecho indefinido a gobernarla.
Aunque diseñadas contra el régimen y sus élites, las sanciones estadounidenses tienen consecuencias sobre la economía y la población, y es legítimo cuestionar sus efectos humanitarios. También lo es alertar de posibles consecuencias de una intervención militar que ponga en peligro a los civiles.
Pero ninguna de esas consideraciones justifica las restricciones a las libertades políticas ni la irrevocabilidad constitucional del socialismo. Mucho menos que el régimen ponga en juego la vida de los cubanos en escenarios de «guerra de todo el pueblo» y resistencias «hasta la última gota de sangre».
La soberanía nacional protege a Cuba frente a la dominación extranjera. La soberanía popular debería garantizar a los cubanos el derecho a decidir quién los gobierna y a sustituirlo pacíficamente.
Fernández de Cossío reivindica insistentemente la primera. Sobre las limitaciones impuestas a la segunda tiene bastante menos que decir, o más bien nada.
La naturaleza del régimen que representa
Después de casi siete décadas, el sistema político cubano conserva una estructura cuya continuidad descansa en la supremacía de un partido, la subordinación institucional, la legitimidad revolucionaria, la persecución política y la represión de la oposición organizada.
Ha cambiado de dirigentes, reformado su Constitución e introducido mecanismos de mercado antes condenados ideológicamente. Pero ha mantenido fuera de discusión el monopolio del poder.
Ese es uno de sus rasgos estructurales más significativos: pueden modificarse las políticas económicas, las formas de propiedad e incluso las relaciones con antiguos adversarios, pero no el principio que reserva al Partido Comunista la dirección del país.
El diplomático que se muestra dispuesto a examinar las mentiras, la corrupción y las motivaciones profundas del sistema estadounidense podría aplicar idéntica curiosidad intelectual al que representa.
Encontraría una Constitución que proclama la soberanía popular mientras blinda una ideología, instituciones subordinadas al poder político y una ciudadanía que no puede organizar libremente una alternativa para sustituir a sus gobernantes.
No necesita buscar muy lejos para estudiar esos fenómenos. Están inscritos en las leyes, las instituciones y la historia política del régimen al que sirve, ese que ha capturado impunemente el Estado, la Nación y cuyas élites se apropian, sin barreras y sin pudor, de la riqueza del país.
Fernández de Cossío ha querido explicar la naturaleza de un sistema de gobierno. La pregunta que deja sin responder es mucho más cercana: ¿qué naturaleza tiene un régimen que proclama la soberanía del pueblo, pero le niega el derecho efectivo a decidir quién debe gobernarlo?
Vídeos relacionados:
Archivado en: