La filósofa e historiadora cubana Alina Bárbara López Hernández publicó el pasado miércoles en la revista Letras Libres el ensayo «Cuba, el dato y el relato», en el que desmonta la visión idealizada de la Revolución cubana sostenida por sectores de la izquierda internacional y acuña una expresión para describir la situación actual de la isla: «retroceso civilizatorio».
El texto nació de una experiencia reveladora. Una revista de izquierda convocó a siete autores cubanos para elaborar un dossier sobre Cuba; una vez entregados los textos, el editor propuso que sería «más práctico» limitarse a resaltar los logros del proceso y señalar al «petróleo como arma de presión del bloqueo estadounidense» como causa de sus males.
Los autores rechazaron la propuesta. La antropóloga e investigadora Hilda Landrove, otra de las excluidas, resumió la situación: el editor les pedía hablar «de una Cuba que no existe, porque esa es la que le interesa».
López Hernández —doctora en Ciencias Filosóficas, miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba y codirectora de CubaxCuba— argumenta que la crisis no es reciente ni atribuible al diferendo con Washington. El control gubernamental de la prensa, la cultura y los sindicatos ocurrió antes del embargo estadounidense e incluso antes de la refundación del Partido Comunista en 1965.
El giro más drástico, sostiene la autora, llegó en 2008, cuando Raúl Castro asumió formalmente la jefatura del Consejo de Estado. Desde entonces, el Estado mantuvo las instituciones coercitivas pero recortó el gasto social de forma sistemática. Según cifras oficiales que cita López Hernández, el presupuesto destinado a asistencia social cayó del 2,2% al 0,3% entre 2006 y 2018.
El economista Carmelo Mesa-Lago atribuye parte de ese recorte al lineamiento del VI Congreso del PCC de 2011, que «terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles». Entre 2016 y 2020, la inversión en salud y asistencia social se desplomó en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos.
Ese deterioro acumulado se refleja en el Índice de Desarrollo Humano: Cuba retrocedió 32 puestos, del lugar 51 en 2007 al 83 en el bienio 2021-2022. El demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos sentencia que «tal retroceso no tiene equivalente a nivel global».
El cuadro que traza López Hernández es demoledor: «En Cuba, más que una crisis, puede hablarse de un retroceso civilizatorio: desde hace más de seis años mueren más personas que las nacidas; el índice de natalidad actual corresponde al nivel que tuvo en 1899; ocupa el segundo lugar en índice de suicidios en la región, solo por detrás de Uruguay; tiene la segunda población penal per cápita del mundo, después de El Salvador; un éxodo de proporciones dramáticas, que ha generado lo que Albizu Campos denomina 'vaciamiento demográfico' y que se compara con lo visto en zonas de desplazamiento por guerras […]».
Los datos respaldan esa descripción. En 2024, Cuba registró 71.358 nacimientos frente a 128.098 defunciones, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). En 2025, el deterioro demográfico se profundizó: los nacimientos descendieron a 68.064 y las defunciones aumentaron a 136.214. En materia de represión, Prisoners Defenders documentó 1,372 presos políticos al 1 de octubre, cifra récord. El delito más frecuente en ese registro era «desorden público», aplicado en 577 casos.
Sobre las 176 medidas económicas aprobadas en junio de 2026, López Hernández es categórica: son la prueba de que el régimen solo negocia en el terreno económico cuando la crisis escala, con «discurso socialista, economía capitalista». Cita además una declaración de Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro— en una entrevista a USA Today, en la que afirmó que si Trump quería, «que lidere el proceso», frase que ningún vocero del gobierno cubano ha desmentido.
La autora cierra con una advertencia que trasciende el análisis histórico: «Nunca, bajo ninguna circunstancia, deben cederse los derechos y libertades ciudadanas a cambio de derechos sociales comunes, porque cuando llega el momento en que esos beneficios sociales son eliminados, demandar su restitución, aun por vías no violentas, puede ocasionar la más cruda respuesta represiva. Para organizarse y exigir derechos sociales desde abajo, hay que empezar por tener derechos políticos».
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