El estado de Florida obtuvo una orden estatal de arresto sin derecho a fianza contra Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, según informó este lunes la cadena WSVN.
La orden fue firmada el 16 de octubre por la jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, tras una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley del estado.
Este lunes, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, la anunció públicamente en una conferencia de prensa celebrada en la Florida International University (FIU), junto al gobernador Ron DeSantis.
El documento establece que, si Castro fuera detenido fuera del estado, las autoridades de Florida quedan facultadas para procurar su extradición plena.
La base jurisdiccional de la orden descansa en las actividades de dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate que operaron en Miami y en la Estación Aérea Naval de Cayo Hueso entre 1995 y febrero de 1996.
Según la declaración jurada, esos espías transmitieron a autoridades cubanas datos sobre los vuelos del grupo y vigilaron instalaciones militares en suelo floridano. Además, la red ordenó a sus infiltrados que no volaran con la organización entre el 24 y el 27 de febrero de 1996, y uno de ellos abandonó Florida el 23 de febrero —un día antes del ataque— para regresar a Cuba.
Las autoridades consideraron que esas actividades, realizadas en territorio floridano, constituyen causa probable suficiente para establecer jurisdicción estatal y para sostener que Castro dio las órdenes de la conspiración.
Esta acción judicial es independiente de la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia el 20 de mayo de 2026, que imputó a Castro y a otros cinco exmilitares cubanos con siete cargos: cuatro de asesinato individual, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Desde esa fecha, Castro es considerado fugitivo de la justicia federal, tras no haberse presentado ante ningún tribunal.
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, matando a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
La evidencia central contra Castro incluye una grabación de audio de junio de 1996, dada a conocer en 2006, en la que el entonces ministro de las Fuerzas Armadas describe la orden de derribo con sus propias palabras: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».
El único acusado actualmente en custodia estadounidense es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana, trasladado a Miami en junio de 2026 y que se declaró no culpable el 23 de ese mes.
La ausencia de un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos impide por ahora la ejecución práctica de ambas órdenes mientras Castro permanezca en la isla, aunque la administración Trump ha señalado que no descarta mecanismos no convencionales para llevarlo ante los tribunales.
Familiares de las víctimas recibieron el anuncio con alivio contenido. «Se ha hecho justicia. No total, pero es algo de justicia», declaró uno de ellos. Otro añadió: «Mi padre luchó por una Cuba libre. Eso era lo más importante para él. Era todo lo que le importaba».
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