El fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó este lunes que «no puede haber un futuro de Cuba que incluya a los Castro, punto final», durante una conferencia de prensa en Miami en la que presentó una orden estatal de arresto contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado.
La declaración se produjo en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU), ante familiares de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
«Lo que ocurrió no fue un accidente. Fue un asesinato. La evidencia deja absolutamente claro que hubo una conspiración», sostuvo Uthmeier.
La orden, firmada el 16 de octubre por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, no contempla derecho a fianza y atribuye a Castro participación en la conspiración que terminó con la muerte de Carlos Costa (29 años), Pablo Morales (29), Mario de la Peña (24) y Armando Alejandre Jr. (45). Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Según la declaración jurada presentada por la Fiscalía, agentes de la llamada Red Avispa, una estructura de espionaje cubana que operaba en el sur de Florida, se infiltraron en Hermanos al Rescate, recopilaron información sobre sus vuelos y la transmitieron a La Habana como parte de la denominada Operación Escorpión.
Uthmeier cuestionó además la actuación de las autoridades federales durante las últimas tres décadas, al considerar que permitieron la infiltración del aparato de inteligencia cubano en Estados Unidos sin actuar con suficiente contundencia.
El fiscal destacó que los cargos estatales tienen una particularidad frente al proceso federal: ningún presidente estadounidense puede conceder un indulto por delitos juzgados bajo las leyes de Florida.
«No puede perdonar, no puede conmutar, no puede inmunizar a estos dictadores de nuestros procedimientos estatales», advirtió, en referencia a la posibilidad de que una futura administración adopte una postura más favorable hacia La Habana.
La medida se suma a la acusación federal hecha pública el 20 de mayo, cuando el Departamento de Justicia imputó a Castro y otros cinco exmilitares cubanos por su participación en el ataque.
El único acusado bajo custodia estadounidense en ese proceso es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana, quien se declaró no culpable ante un tribunal de Miami en junio.
La nueva actuación judicial es resultado de una investigación que Uthmeier ordenó reabrir tras asumir el cargo en 2025 y que involucra a la Oficina de Procesamiento Estatal (OSP) y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
La reactivación del expediente fue anunciada públicamente en marzo de 2026, cuando el fiscal explicó que las autoridades retomarían las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales por el derribo de las avionetas.
Según la declaración jurada descrita por la Fiscalía, Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y primer vicepresidente de Cuba, habría sido uno de los responsables de la decisión final dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo.
Las autoridades le atribuyen instrucciones previas a altos mandos militares para que las aeronaves fueran derribadas en el mar sin necesidad de realizar consultas adicionales.
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