La jueza Ariana Fajardo Orshan, presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmó una orden estatal de arresto sin derecho a fianza contra Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció públicamente la medida este lunes, tras una investigación estatal iniciada en marzo. La orden fue obtenida con la participación de la Oficina de la Fiscalía Estatal de Competencia Territorial Amplia (Office of Statewide Prosecution) y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).
Según informó el Miami Herald, que tuvo acceso a la orden y a la declaración jurada que la sustenta, la jueza encontró causa probable para considerar que Castro conspiró con agentes cubanos que operaban en territorio floridano para cometer los asesinatos.
Los espías cubanos y las pruebas de la conspiración
La declaración jurada presentada el 16 de octubre establece la jurisdicción de Florida a partir de las actividades de dos agentes cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate que operaban en Miami y Cayo Hueso.
Según el documento, semanas antes del derribo, los espías recibieron instrucciones de transmitir a las autoridades cubanas información sobre los vuelos de la organización y realizaron labores de vigilancia sobre la Estación Aeronaval de Cayo Hueso.
La red de espionaje ordenó a sus infiltrados que no volaran con Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996. Uno de ellos abandonó Florida el 23 de febrero y regresó a Cuba, apenas un día antes de que cazas de la Fuerza Aérea cubana derribaran las dos aeronaves civiles.
«Existen motivos fundados para creer que el acusado, Raúl Modesto Castro Ruz, acordó con otras personas cometer asesinato en primer grado contra [...] las personas que viajaban a bordo de las aeronaves de Hermanos al Rescate», señala la declaración jurada, según el fragmento reproducido por el Miami Herald.
Los investigadores consideran que la transmisión de información sobre los vuelos y la vigilancia de instalaciones militares estadounidenses constituyen indicios suficientes para establecer que parte de la presunta conspiración tuvo lugar en Florida.
Un comunicado de la Fiscalía General del estado sostiene que, como parte de esa conspiración, Castro y el régimen cubano utilizaron espías que operaban en los circuitos judiciales Undécimo y Decimosexto de Florida, cuya información de inteligencia permitió identificar como objetivos a las aeronaves de Hermanos al Rescate.
La orden contempla que las autoridades de Florida procuren la extradición de Castro si fuera detenido fuera del estado, una disposición que permitiría solicitar su traslado desde otra jurisdicción estadounidense.
Dos causas judiciales contra Raúl Castro
La acción estatal es independiente de la acusación federal presentada por el Departamento de Justicia el 20 de mayo de 2026, que imputó a Castro y a otros cinco exmilitares cubanos siete cargos: cuatro de asesinato individual, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Entre los antecedentes probatorios relacionados con el derribo figura una grabación de audio del 21 de junio de 1996, de 11 minutos y 32 segundos, en la que Castro describe la orden que impartió: «Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades».
El audio fue divulgado en agosto de 2006 por el periodista Wilfredo Cancio Isla, entonces reportero de El Nuevo Herald. Su autenticidad fue examinada por especialistas en análisis de voz y confirmada por Alcibíades Hidalgo, exsecretario personal del dictador Fidel Castro.
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas Cessna 337 sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, causando la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal. Sus cuerpos nunca fueron recuperados.
Aunque el régimen cubano sostuvo que las aeronaves habían penetrado en su espacio aéreo, tanto Estados Unidos como una investigación internacional de Naciones Unidas concluyeron que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales.
Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y, desde mayo de 2026, es considerado fugitivo de la justicia federal tras no haberse presentado ante el tribunal.
El único acusado actualmente bajo custodia estadounidense es Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana, trasladado a Miami en junio de 2026, quien se declaró no culpable de los cargos.
Familiares de las víctimas recibieron el anuncio con alivio contenido. «Se ha hecho justicia. No total, pero es algo de justicia», declaró uno de ellos. Otro añadió: «Mi padre luchó por una Cuba libre. Eso era lo más importante para él. Era todo lo que le importaba».
Mientras Castro permanezca en Cuba, la ejecución de las órdenes de arresto estatal y federal enfrenta obstáculos jurídicos y diplomáticos, incluida la ausencia de un mecanismo de extradición operativo entre La Habana y Washington.
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