Washington avanza en una nueva etapa de su intervención en Venezuela que incluye tres operaciones simultáneas: la reorganización del gabinete de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el reparto de los grandes yacimientos petroleros entre multinacionales y la entrega de nuevos jerarcas del chavismo a la justicia estadounidense, según reveló el periodista David Alandete en su carta semanal para ABC España el lunes.
El movimiento se enmarca en el plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Senado el 7 de enero de 2026, días después de la captura de Nicolás Maduro: estabilización institucional, recuperación económica con acceso preferente para empresas estadounidenses y, en una tercera etapa, transición política hacia elecciones libres.
En cuanto al gabinete, fuentes citadas por Alandete señalan que sectores de la administración Trump quieren sustituir a los ministros más comprometidos con el aparato político de Maduro por perfiles técnicos. «Washington quiere reducir el peso de los dirigentes más comprometidos con el régimen y sustituirlos por gestores. Delcy seguiría al frente, pero con un equipo renovado», indica la fuente.
El desafío es considerable: Venezuela cuenta con 34 ministerios y al menos diez de sus titulares ya ocupaban cargos bajo Maduro, entre ellos Diosdado Cabello —acusado en EE.UU. desde 2020 por narcoterrorismo, con una recompensa de 25 millones de dólares sobre su cabeza.
Además, en el ejecutivo se mantienen dirigentes chavistas como Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Yván Gil, Vladimir Padrino López y Gustavo González López, actual ministro de Defensa y exjefe del SEBIN. También permanece en el gobierno Daniella Cabello, hija de Diosdado, como ministra de Turismo.
La posible salida de Cabello del gabinete, junto con las depuraciones que ya se producen en las estructuras militares y de inteligencia, constituye uno de los ejes centrales de esta transformación.
En paralelo, informes sobre una quincena de jets privados en rutas Venezuela-Turquía entre agosto y mediados de octubre alimentan especulaciones sobre un posible traslado de activos del dirigente chavista, aunque no existen pruebas documentales que lo confirmen.
En el frente petrolero, el Departamento de Energía planea para enero de 2027 —en el primer aniversario de la captura de Maduro— un acto para presentar el reparto detallado de yacimientos entre grandes multinacionales.
Sería el paso siguiente al acuerdo que Trump anunció en agosto con North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del venezolano Alejandro Betancourt, a la que se concedieron derechos de explotación por cien años sobre 17 campos petroleros con reservas estimadas de 65,000 millones de barriles. Los preparativos están en fase preliminar y no hay confirmación oficial.
Desde Panamá, la líder opositora María Corina Machado dejó claro en una entrevista con Fox News que, si llega al poder, no revertirá esos acuerdos: «Absolutamente. Cada uno de los acuerdos firmados conforme a la ley será respetado». Añadió que Estados Unidos será «el aliado más fuerte e importante de Venezuela», aunque subrayó que las inversiones a largo plazo exigen instituciones democráticas y elecciones libres.
Machado lleva fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, con al menos siete intentos fallidos de retorno al país. Su partido, Vente Venezuela, convocó una movilización nacional para este miércoles con tres exigencias: un cronograma electoral para 2027, el regreso seguro de la líder opositora y la liberación de los presos políticos.
En materia de entregas judiciales, Washington prepara el traslado a la justicia estadounidense de Tareck El Aissami, exvicepresidente de Maduro, y de Alexander Granko Arteaga, responsable de operaciones especiales de la DGCIM.
Maikel Moreno, quien presidió el Tribunal Supremo de Justicia entre 2017 y 2022, estaría ya bajo algún régimen de detención, según apuntaron Bloomberg y ABC. Ninguna de estas entregas ha sido confirmada oficialmente.
Varios altos ejecutivos de petroleras han instado a la administración Trump a negociar también con Machado y su partido, argumentando que la oposición ganó las elecciones presidenciales previas —cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados— y volvería a imponerse en comicios libres, aunque esa proyección no puede darse por segura.
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