El embargo de Estados Unidos contra Cuba cumplió este lunes 66 años desde la entrada en vigor de las primeras restricciones comerciales generales impuestas por Washington al gobierno de Fidel Castro.
El aniversario coincide con una nueva votación en Naciones Unidas y con una crisis humanitaria marcada por apagones, escasez de alimentos y medicamentos y el deterioro de los servicios públicos.
El 19 de octubre de 1960, el presidente Dwight D. Eisenhower restringió las exportaciones estadounidenses hacia Cuba, con excepciones para alimentos y medicinas, en respuesta a las expropiaciones de propiedades norteamericanas sin compensaciones acordadas y al acercamiento de La Habana a la Unión Soviética.
John F. Kennedy amplió las sanciones en febrero de 1962. Posteriormente, las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) reforzaron el embargo y consolidaron su marco jurídico.
Durante décadas, el régimen cubano lo ha convertido en su principal explicación de la crisis económica y en un instrumento de movilización política. Sin embargo, ¿qué prohíbe realmente el embargo, qué permite y qué tendría que hacer La Habana para conseguir su levantamiento?
Lo que el embargo no prohíbe
Las sanciones restringen numerosas operaciones comerciales y financieras con Estados Unidos, limitan inversiones, financiamiento y transacciones bancarias, y pueden afectar a empresas de terceros países. Sus consecuencias económicas son reales: encarecen operaciones, dificultan pagos y desalientan negocios.
Pero Cuba no tiene prohibido comerciar con el resto del mundo, ni existe una prohibición general de adquirir alimentos, medicamentos, combustible o equipos industriales en los mercados internacionales.
Tampoco están prohibidas todas esas compras en Estados Unidos.
Desde 2000, Cuba puede importar alimentos y productos agrícolas estadounidenses bajo determinadas condiciones.
Entre 2001 y 2025, esas operaciones superaron los 7.800 millones de dólares. Solo en el año fiscal 2025, las exportaciones agrícolas y alimentarias estadounidenses hacia la Isla alcanzaron un récord de 490,1 millones de dólares.
Las regulaciones también contemplan exportaciones de medicamentos, suministros y equipos médicos, sujetas a requisitos específicos.
Las excepciones se extienden a otros sectores. En mayo de 2026, Washington autorizó 23,89 millones de dólares en exportaciones de combustible destinadas al sector privado cubano. También se han permitido envíos de vehículos, repuestos, equipos y suministros para actividades privadas.
Estas operaciones no eliminan los obstáculos financieros y regulatorios del embargo, pero desmienten la idea de que impide absolutamente el comercio con Estados Unidos o el acceso a productos esenciales.
Las responsabilidades que no explica el embargo
Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, pese a disponer de tierras cultivables y mantener relaciones comerciales con numerosos países.
La centralización económica, las restricciones a los productores, el deterioro de las infraestructuras y las prioridades de inversión del Estado también explican la crisis.
Tampoco puede atribuirse exclusivamente a Washington la falta de mantenimiento de las termoeléctricas, la construcción de hoteles mientras se deterioraban hospitales y servicios públicos, o la concentración de divisas en conglomerados militares como GAESA.
Durante décadas, el régimen recibió subsidios extraordinarios de la Unión Soviética y, posteriormente, petróleo y financiamiento venezolanos. Aquellos recursos permitieron sostener temporalmente un modelo cuyos problemas estructurales nunca fueron resueltos.
Reconocer que el embargo agrava las dificultades económicas no significa aceptar que sea la causa única del colapso cubano, ni exime a sus gobernantes de responder por sus decisiones.
La ley establece condiciones para levantarlo
La Ley Helms-Burton de 1996 no establece un embargo jurídicamente irreversible. Sus secciones 204 y 205 contemplan mecanismos para suspenderlo y terminarlo cuando se cumplan determinadas condiciones.
Entre ellas figuran la liberación de los presos políticos, la legalización de la actividad política independiente, el respeto a las libertades fundamentales y la convocatoria de elecciones libres y multipartidistas, con observación internacional.
La legislación también exige garantías institucionales y contempla la resolución de las reclamaciones por propiedades confiscadas.
El presidente estadounidense puede iniciar la suspensión de las sanciones cuando determine que existe un gobierno de transición que cumple los requisitos legales. Su terminación está vinculada al establecimiento de un gobierno democráticamente elegido.
La Habana rechaza esas condiciones como una injerencia en sus asuntos internos. Sus dirigentes afirman estar dispuestos a dialogar con Washington, pero excluyen de cualquier negociación el sistema político y el papel rector del Partido Comunista.
La negociación que el régimen se niega a afrontar
Ahí reside una contradicción que adquiere especial gravedad ante la crisis humanitaria actual.
Si el embargo constituye, como sostiene La Habana, uno de los principales obstáculos para alimentar a la población, garantizar medicamentos y restablecer servicios esenciales, ¿por qué el régimen no convierte su levantamiento en una prioridad nacional, incluso si ello exige negociar cambios políticos?
Las condiciones estadounidenses pueden discutirse o intentar modificarse mediante la diplomacia. Washington también debe responder por las consecuencias de sus sanciones. Pero nada de eso exime a las autoridades cubanas de buscar una solución cuando millones de personas soportan el costo del enfrentamiento.
El problema es que las reformas capaces de abrir una vía legal hacia el levantamiento del embargo afectarían directamente al monopolio del Partido Comunista, consagrado en la Constitución.
Mientras tanto, el embargo conserva una enorme utilidad propagandística: permite atribuir al enemigo externo los fracasos internos, movilizar solidaridades internacionales y desplazar el debate sobre las responsabilidades del poder.
La próxima votación en Naciones Unidas volverá a medir el rechazo internacional a las sanciones, después de que la resolución cubana perdiera 22 apoyos en 2025, al pasar de 187 a 165 votos favorables. Pero rechazar el embargo no equivale necesariamente a respaldar al régimen.
A 66 años de las primeras restricciones, la cuestión no es únicamente por qué Washington mantiene las sanciones, sino qué está dispuesto a hacer el régimen cubano para conseguir que terminen.
Si las autoridades consideran indispensable su levantamiento para aliviar el sufrimiento de la población, tienen ante sí una responsabilidad política y moral: negociar una salida, aunque ello implique aceptar que el futuro de Cuba no puede seguir subordinado a la permanencia de sus actuales gobernantes.
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