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El 19 de octubre de 1960, en plena Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos impuso un embargo comercial casi total contra Cuba, luego de que la triunfante “revolución” de Fidel Castro nacionalizara sin compensación las refinerías y empresas estadounidenses en la isla.
Aquel acto marcó el inicio de una de las políticas de sanciones más prolongadas de la historia moderna, con más de seis décadas de vigencia y múltiples fases de endurecimiento.
Inicialmente, Washington había decretado una prohibición de venta de armas en 1958, durante el gobierno de Fulgencio Batista, pero tras el triunfo de la llamada "revolución" en enero de 1959 y el rápido alineamiento de Castro con la Unión Soviética, la tensión escaló.
El embargo de octubre de 1960 restringió la exportación de todos los bienes estadounidenses hacia Cuba, salvo alimentos y medicinas. Más tarde, el 7 de febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy amplió la medida para incluir prácticamente todas las exportaciones, institucionalizando un sistema de sanciones que perdura hasta hoy.
A lo largo de los años, distintas legislaciones —como la Ley Helms-Burton (1996), la Cuban Democracy Act (1992) y el Trading with the Enemy Act (1917)— han reforzado este marco legal, justificando la política como una presión al gobierno cubano para avanzar hacia la democratización y el respeto a los derechos humanos.
En paralelo, la Asamblea General de la ONU ha aprobado anualmente desde 1992 resoluciones no vinculantes que piden el levantamiento del embargo, con Estados Unidos e Israel como únicos países que votan en contra de forma sistemática.
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Sin embargo, más allá del debate diplomático, lo cierto es que el embargo —que el régimen cubano denomina “bloqueo”— ha sido convertido por el aparato propagandístico del Estado en una excusa recurrente para justificar sus fracasos económicos y desviar la responsabilidad del desastre interno.
En términos estrictamente económicos, no existe un “bloqueo”. Cuba puede comerciar libremente con cualquier país del mundo, y lo hace. Estados Unidos, paradójicamente, figura entre los principales exportadores de alimentos hacia la isla, en particular pollo congelado, granos y soya. El embargo no impide esas transacciones; solo exige que las compras se paguen al contado y sin créditos, algo que el propio régimen reconoce cuando le conviene.
La narrativa del “bloqueo” ha sido una herramienta eficaz de manipulación política y emocional dentro de la isla, inculcada durante generaciones para mantener vivo el mito del enemigo externo.
Pero la realidad es que los problemas que hoy sufre Cuba —desabastecimiento, apagones, inflación, corrupción y éxodo masivo— no son consecuencia del embargo, sino de un modelo socialista centralizado, improductivo y controlado por una élite militar encabezada por Raúl Castro y administrada por su títere político, Miguel Díaz-Canel.
El contraste entre el discurso oficial y los hechos es cada vez más evidente. Desde la creación de las Mipymes privadas en 2021, el país ha visto un incremento sostenido en la importación de motos eléctricas, autos, electrodomésticos y mercancías diversas, muchas procedentes de Estados Unidos, Panamá o Europa.
Estas importaciones se pagan en efectivo y sin trabas del “bloqueo”, demostrando que cuando hay dinero y voluntad, se puede comerciar con el mundo.
Luego, esas mismas mercancías son revendidas dentro de Cuba a precios que duplican o triplican su coste original, en un mercado interno distorsionado y sin regulación real, donde los únicos beneficiados son los que tienen acceso al dólar o al MLC, monedas vedadas para la mayoría de los trabajadores cubanos.
Mientras tanto, el régimen continúa usando la narrativa del “bloqueo criminal” como cortina de humo para ocultar el bloqueo interno que impone a sus ciudadanos: la falta de libertad económica, la censura política, la persecución a los opositores y el control absoluto de los recursos por parte del conglomerado militar GAESA, dueño de gran parte de la economía nacional.
El embargo estadounidense puede ser criticado por su ineficacia —pues no ha logrado democratizar Cuba ni ha derrocado al régimen comunista—, pero su existencia no justifica el desastre social y económico que sufre la isla.
Como han señalado diversos analistas, entre ellos el académico William M. LeoGrande, se trata del “régimen de sanciones más antiguo y amplio del mundo”, aunque “nunca fue efectivo para doblegar al poder revolucionario”.
A 65 años de su instauración, el embargo sigue siendo un símbolo histórico de la Guerra Fría, pero también un espejo que refleja la obstinación de dos gobiernos: el de Washington, en su estrategia de presión para provocar un justo cambio de régimen y una necesaria transición a la democracia, y el de La Habana, en su empeño por utilizarlo como pretexto eterno para el inmovilismo y para perpetuar a las élites de la dictadura en el poder.
El verdadero bloqueo que padecen los cubanos no está en las leyes estadounidenses, sino en el sistema que los mantiene presos del control estatal y la miseria planificada.
EE. UU. busca aislar a Cuba en la ONU y exponer su complicidad con Rusia
A pocos días de la votación anual en Naciones Unidas sobre la resolución que exige el fin del embargo estadounidense contra Cuba, Washington ha decidido cambiar su estrategia diplomática.
Por primera vez en décadas, el gobierno de Donald Trump intenta romper el consenso internacional que tradicionalmente respalda a La Habana, apelando a un argumento nuevo: el papel del régimen cubano como aliado operativo de Rusia en la guerra de Ucrania.
Un cable del Departamento de Estado, fechado el 2 de octubre y revelado por Reuters, instruyó a las embajadas estadounidenses a convencer a gobiernos aliados de votar en contra o abstenerse en la resolución que cada año condena el embargo.
El documento sostiene que Cuba ha dejado de ser una víctima del aislamiento estadounidense para convertirse en “uno de los principales contribuyentes extranjeros a la agresión rusa”, con entre 1,000 y 5,000 cubanos combatiendo en Ucrania bajo las órdenes de Moscú.
El giro busca debilitar la narrativa propagandística del régimen, que durante más de seis décadas ha utilizado el “bloqueo” como excusa de sus fracasos económicos. Para la administración Trump, el verdadero problema no es el embargo, sino el alineamiento político y militar de La Habana con el Kremlin, y su participación en violaciones de derechos humanos, corrupción y trata de personas.
El Informe sobre Trata de Personas 2025 (TIP) del Departamento de Estado reforzó esta postura al calificar el reclutamiento de cubanos por Rusia como una forma de trata patrocinada por el Estado.
Según el informe, el régimen cubano facilitó activamente la salida de miles de jóvenes mediante visados de “turismo” y la omisión de controles migratorios, en un esquema similar al de las misiones médicas.
La acusación marca un salto cualitativo: ya no se habla de redes criminales aisladas, sino de complicidad gubernamental directa en la explotación militar de sus ciudadanos.
El objetivo de Washington es socavar la abrumadora mayoría que cada año apoya a Cuba —187 votos en 2024— y exponer ante la comunidad internacional la hipocresía del régimen, que se presenta como víctima mientras apoya a un invasor de guerra.
Aunque el resultado final sigue siendo incierto, por primera vez en más de tres décadas Estados Unidos podría reducir el respaldo diplomático que La Habana obtiene en la ONU. Si logra que varios países se abstengan o cambien su voto, Cuba enfrentará una pérdida significativa de legitimidad internacional y un golpe simbólico a su discurso histórico de resistencia.
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