Hay revoluciones que comienzan prometiendo liberar al hombre y terminan exigiéndole que renuncie a su conciencia. Cuba ofrece uno de los ejemplos más dolorosos de esa contradicción. En 1959, mientras miles de cubanos celebraban la caída de Batista, comenzaba a perfilarse una realidad que muchos no supieron reconocer a tiempo: el nuevo poder no pretendía solamente castigar los crímenes del pasado.
También aspiraba a establecer quién tenía derecho a juzgar, quién podía ser considerado enemigo y hasta dónde llegaba la autoridad de una revolución que se proclamaba depositaria de la justicia.
El problema no fue que se juzgara a los responsables de los crímenes de Batista. El problema fue qué clase de justicia se estaba construyendo y al servicio de quién.
La dictadura de Batista dejó víctimas, torturados, familias destruidas y crímenes que exigían investigación y sanción. Negarlo sería faltar a la verdad histórica. Pero precisamente porque existían razones legítimas para exigir justicia, resultaba indispensable establecer una diferencia que la pasión revolucionaria tendió a borrar: una cosa es castigar al culpable mediante un proceso justo y otra muy distinta convertir el castigo en una demostración de poder.
La justicia no se mide por la satisfacción que produce en una multitud, sino por su capacidad para proteger los derechos incluso de quien resulta impopular. Cuando esa distinción desaparece, el tribunal corre el riesgo de convertirse en escenario de una sentencia que la política ha decidido de antemano.
En los primeros meses de 1959, Cuba conoció los juicios sumarísimos y las ejecuciones de antiguos miembros de las fuerzas de Batista y de personas acusadas de colaborar con su aparato represivo. En la fortaleza de La Cabaña, bajo la autoridad de Ernesto 'Che' Guevara se celebraron procesos que terminaron en numerosas condenas a muerte. Las circunstancias de cada caso fueron distintas y deben estudiarse individualmente; no sería riguroso declarar inocentes a todos los ejecutados ni afirmar que todos los procedimientos fueron idénticos.
Pero tampoco es admisible utilizar esa diversidad para eludir la cuestión de fondo: ¿qué garantías podía ofrecer una justicia sometida a la presión de una revolución que necesitaba exhibir su capacidad de castigo?
La urgencia política, la indignación popular y el deseo de ajustar cuentas con el régimen depuesto crearon un ambiente en el que la severidad podía confundirse con rectitud y la rapidez con eficacia. La muerte del acusado corría el riesgo de presentarse como prueba suficiente de que la justicia había triunfado. Sin embargo, una ejecución no demuestra por sí misma la culpabilidad, del mismo modo que una causa proclamada noble no convierte automáticamente en justos todos los medios empleados para defenderla.
El vencedor puede conquistar el poder; no adquiere por ello el derecho a disponer de la vida ajena.
Fidel Castro no puede quedar al margen de este análisis. Su responsabilidad no se limita a la de un dirigente que observaba desde la distancia los acontecimientos. Como máxima figura política del movimiento triunfante, defendió públicamente las ejecuciones y respaldó la política de castigo contra quienes consideraba responsables de los crímenes anteriores. La responsabilidad concreta por cada sentencia exige examinar documentos, decisiones y circunstancias, pero la responsabilidad política de la dirección revolucionaria constituye una cuestión ineludible.
No necesitamos atribuirle pensamientos imposibles de demostrar ni recurrir a calificativos para formular una acusación histórica severa. Basta con examinar las decisiones, sus justificaciones públicas y el modelo de autoridad que comenzó a consolidarse.
La revolución no se limitó a reemplazar a los gobernantes. Empezó a reclamar una autoridad moral superior, como si su victoria le concediera una legitimidad que no necesitaba someterse a los límites ordinarios del derecho. Bajo esa lógica, el adversario podía dejar de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un enemigo de la revolución; y las garantías que protegían al acusado podían presentarse como obstáculos para la obra redentora.
Ahí reside una de las contradicciones fundamentales del castrismo: proclamó la justicia como fundamento de su legitimidad, pero contribuyó a consolidar una concepción de la justicia subordinada a las necesidades del poder revolucionario.
El peligro iba mucho más allá de los fusilamientos. Se encontraba en el precedente que dejaban. Si una causa política podía justificar la supresión de garantías, ¿qué impediría utilizar el mismo razonamiento contra otros adversarios? Si el gobernante se atribuía la facultad de decidir cuándo la ley debía ceder ante la revolución, ¿qué protección real conservaría el individuo frente al Estado?
La historia posterior de Cuba no puede explicarse exclusivamente a partir de 1959. Intervinieron otros procesos, decisiones económicas, conflictos políticos y mecanismos de control social. Sería una simplificación atribuir toda la tragedia nacional a un solo episodio. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la importancia de aquellos primeros meses: ayudaron a normalizar la idea de que la violencia estatal podía justificarse por la nobleza proclamada de sus objetivos.
La consecuencia más profunda fue moral. Una sociedad puede recuperarse de la destrucción material, reconstruir sus instituciones y levantar de nuevo sus ciudades. Mucho más difícil resulta reconstruir una cultura cívica cuando durante décadas se enseña que obedecer es una virtud superior a pensar, que disentir puede equivaler a traicionar y que la ideología tiene autoridad para decidir qué derechos merece cada persona.
El miedo no siempre necesita manifestarse mediante una amenaza directa. También se instala cuando los ciudadanos aprenden a medir sus palabras, a ocultar sus dudas y a guardar silencio para proteger a sus familias. La violencia ejemplarizante puede dejar una huella que sobreviva a los acontecimientos que la originaron.
Por eso, examinar los fusilamientos de 1959 no es un ejercicio de rencor ni una defensa indirecta de Batista. Es una obligación de la memoria histórica. Las víctimas de una dictadura no pierden su derecho a la justicia porque una revolución invoque su nombre. Tampoco los abusos del régimen anterior conceden inmunidad moral a quienes llegan después.
Una injusticia no se transforma en justicia porque la cometa quien promete redimir a los oprimidos.
Hoy, ante la crisis profunda que atraviesa Cuba, conviene recordar que la reconstrucción nacional no puede consistir únicamente en recuperar la prosperidad, garantizar los alimentos o restablecer los servicios públicos. Todo ello es indispensable, pero insuficiente si no se recupera también el respeto por la persona, la independencia de los tribunales, la presunción de inocencia y el principio de que ningún poder está por encima de la ley.
Una Cuba democrática tendrá que afrontar su pasado sin venganzas colectivas y sin amnesias interesadas. Deberá distinguir responsabilidades individuales, examinar pruebas, escuchar a las víctimas y reconocer los derechos que corresponden incluso a quienes sean acusados de los peores delitos. No para absolver a los culpables, sino para impedir que la justicia futura reproduzca los métodos que hicieron posible la arbitrariedad.
Mi posición como historiador es clara: no se trata de reemplazar una mitología revolucionaria por otra, ni de cambiar los héroes de un relato oficial por nuevos personajes intocables. Se trata de someter las decisiones humanas al examen de los hechos y los principios. Fidel Castro debe ser juzgado históricamente por sus actos y por el sistema político que contribuyó a establecer, no por una leyenda favorable ni por una condena que prescinda de las pruebas.
El año 1959 abrió para muchos cubanos una esperanza legítima. Pero también dejó una advertencia que la propaganda no ha conseguido borrar: cuando el poder se proclama dueño de la justicia, el ciudadano queda expuesto a la voluntad de quienes gobiernan.
El drama no consiste solamente en que se hayan cometido ejecuciones. Consiste en que se pretendiera presentar la eliminación del adversario como una demostración de superioridad moral.
La revolución podía prometer un país nuevo. Lo que no podía reclamar era el derecho a construirlo sacrificando las garantías que protegen la vida y la dignidad humanas.
Porque cuando la justicia se arrodilla ante el vencedor, deja de ser justicia. Y cuando una nación acepta que la ideología decida cuánto vale la vida de un hombre, comienza a perder aquello que ninguna revolución tiene derecho a confiscar: su libertad moral.
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