Familias de reclusos en Cuba compran pistolas en el mercado negro por entre 130.000 y 180.000 pesos cubanos y las entregan a funcionarios penitenciarios a cambio de rebajas de condena, traslados o cambios de régimen, sin ninguna garantía de que los acuerdos se cumplan.
Así lo documenta un informe de la organización de derechos humanos Cubalex publicado a finales de octubre, basado en testimonios recogidos en 13 prisiones y campamentos de trabajo forzado de seis provincias.
El precio de una pistola en el mercado clandestino equivale a entre 20 y 28 meses del salario medio cubano, fijado en torno a 6.500 pesos.
La desproporción obliga a muchas familias a desprenderse de sus bienes más valiosos. Eliober Sosa, exreeducador penitenciario entrevistado por Cubalex, describió casos de allegados que «han vendido la casa, un carro» para intentar sacar a un familiar de prisión.
Laritza Diversent, directora de la organización, relató el caso de una madre que ya había vendido el refrigerador y otros electrodomésticos y valoraba comprar un arma para lograr la liberación de su hijo.
El esquema, conocido en el argot carcelario como «El Convenio», no tiene respaldo legal alguno. El Decreto-Ley 74/2023, que regula los beneficios penitenciarios, contempla rebajas de hasta 60 días por año cumplido —con otros 60 adicionales en circunstancias excepcionales—, pero sus requisitos no incluyen en ningún caso la entrega de armas de fuego.
Lejos de garantizar un beneficio, la operación puede volverse en contra de quienes la intentan. El jurista y expreso político Julio Ferrer Tamayo advirtió a Cubalex que las autoridades pueden usar la entrega del arma para detener al familiar por receptación, mientras la promesa de mejora para el recluso queda sin efecto. La ausencia de documentos o registros formales impide cualquier reclamación posterior.
Juan Luis Bravo Rodríguez relató a la organización que presos trasladados desde La Habana hasta Guantánamo lograban posteriormente nuevos beneficios tras entregar armas, y que algunos recuperaban la libertad y permanecían en una provincia donde nadie los conocía.
Cubalex plantea además la hipótesis de un negocio circular: las armas entregadas por las familias podrían regresar al mercado ilegal a través de los propios funcionarios. Como precedente, el informe cita una sentencia del Tribunal Militar Región Habana de octubre de 2024, en la que un suboficial fue condenado por sustraer seis pistolas Makarov de su unidad militar, y otros cuatro civiles recibieron penas de entre tres y ocho años por comprarlas y revenderlas.
La investigación atribuye participación en el esquema a funcionarios del Ministerio del Interior, autoridades penitenciarias, agentes del Departamento Técnico Investigativo, directores de prisiones y, en algunos casos, fiscales y cuadros del Partido Comunista. Cubalex sostiene que la práctica puede vulnerar disposiciones del Código Penal sobre tráfico ilícito de armas y generar responsabilidades por corrupción, abuso de funciones y encubrimiento.
Este patrón se inscribe en un cuadro más amplio de corrupción estructural documentado por la misma organización. En septiembre de 2026, Cubalex publicó un informe que registra 115 muertes bajo custodia en prisiones cubanas entre febrero de 2024 y junio de 2026.
Meses antes, en agosto, el expreso político del 11J Fernando Michael Bárzaga Mompié había denunciado que en cárceles de Granma los llamados «monitores de disciplina» controlan el acceso a médico, comida y teléfono, y que los traslados y beneficios se negocian al mejor postor.
El régimen cubano no se ha pronunciado sobre las denuncias contenidas en el informe «Negocio de Estado: armas y beneficios penitenciarios en las prisiones cubanas».
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