El Servicio Federal de Aduanas de Rusia (FCS) y el Banco Central de Cuba (BCC) suscribieron el 11 de noviembre un convenio para intercambiar información sobre el dinero en efectivo e instrumentos monetarios que transportan los viajeros entre ambos países, según recoge un análisis de Diario las Américas.
El acuerdo no prohíbe las remesas ni modifica los límites de efectivo vigentes, pero crea un mecanismo de vigilancia cruzada que afecta directamente a los miles de cubanos que llevan dólares o euros en mano desde Rusia para sostener a sus familias en la isla.
El documento fue firmado por Tatyana Merkushova, subdirectora del FCS, y Fernando Luis Camejo de la Rosa, jefe de la Dirección General de Investigación y Operaciones Financieras del BCC.
Según el comunicado oficial ruso, el convenio «sienta las bases para la transferencia de información sobre dinero e instrumentos monetarios que se mueven entre Rusia y Cuba», incluyendo datos sobre el origen de esas sumas, y «las partes tienen la intención de utilizar el intercambio de información para identificar transacciones sospechosas».
El texto íntegro del acuerdo no ha sido publicado, por lo que se desconocen los umbrales concretos, los procedimientos operativos ni el calendario de aplicación.
Qué cambia y qué no para las «mulas» y los residentes cubanos
La declaración oficial no anuncia nuevas restricciones a las transferencias bancarias convencionales ni cambios en los montos permitidos para pasajeros. Lo que sí cambia es la trazabilidad: a partir de ahora, las declaraciones de efectivo que un cubano presente ante la aduana rusa o la cubana podrán cruzarse entre ambos gobiernos.
En Cuba, la Resolución 124/2020 del BCC ya obliga a declarar ante la Aduana cualquier cantidad superior a 5,000 dólares al entrar o salir del país. Para extraer más de esa cifra se requiere autorización del presidente del BCC y documentación que acredite la adquisición lícita del dinero. Rusia, por su parte, prohíbe exportar divisas en efectivo por encima del equivalente a 10,000 dólares, restricción prorrogada hasta marzo de 2027.
El acuerdo establece además que, en caso de declaración falsa u omisión de información, «las autoridades competentes deberían poder solicitar datos sobre el origen del dinero y su uso previsto». Eso convierte cada cruce de frontera con efectivo en un dato potencialmente compartido entre La Habana y Moscú.
El régimen, a la caza de divisas informales
El convenio encaja en una estrategia que el régimen cubano lleva años ejecutando: capturar las divisas que circulan por vías informales y que hoy escapan a su supervisión.
La Resolución 102/2026, aprobada en septiembre, permitió a los negocios privados recibir pagos en efectivo en dólares y euros, pero fijó que el 20% de esos ingresos debe entregarse al fondo central del Estado.
En paralelo, la cooperación financiera bilateral con Moscú se ha acelerado. En abril de 2025, Novikombank —filial del conglomerado estatal Rostec— firmó acuerdos con el BCC y dos bancos comerciales cubanos para ampliar los pagos en rublos; el banco afirmó que los pagos mediante cuentas cubanas habían crecido un 42% en el año anterior.
En octubre de 2026, Novikombank comenzó a emitir tarjetas MIR para pensionistas rusos residentes en Cuba. El comercio bilateral creció un 32% entre enero y agosto de 2026, según el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko.
El argumento del GAFI, una paradoja
Ambas partes justifican el acuerdo como parte de sus obligaciones bajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, tanto Cuba como Rusia tienen suspendida su membresía en ese organismo desde el 24 de febrero de 2023, lo que hace que el argumento resulte, cuando menos, contradictorio.
El ángulo político es difícil de ignorar: en plena escalada de presión de Washington sobre La Habana, el régimen cubano le abre a Moscú información sobre los movimientos de dinero de sus propios ciudadanos, consolidando una arquitectura financiera bilateral diseñada, en buena medida, para operar al margen del sistema occidental.
La pregunta que queda abierta es si este mecanismo de vigilancia cruzada terminará disuadiendo a los cubanos de llevar efectivo en mano —la vía más directa de ayuda a sus familias— o si simplemente añadirá un nuevo riesgo a una práctica que, por ahora, sigue siendo legal.
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