El régimen cubano habilitó a principios de noviembre la plataforma digital Soberanía para recoger opiniones ciudadanas sobre las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, cuando buena parte del programa ya contaba con políticas y procedimientos definidos y había avanzado considerablemente su desarrollo normativo.
Según las cifras oficiales correspondientes al 10 de noviembre, 172 de las 176 medidas tenían políticas y procedimientos aprobados. Además, se habían elaborado 231 normas jurídicas, de las cuales 131 estaban publicadas en la Gaceta Oficial.
Esto no significa que todas las transformaciones estén vigentes o se hayan implementado, pero sí evidencia que las principales decisiones se adoptaron antes de abrir la consulta ciudadana.
El paquete fue aprobado el 17 de junio por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista y ratificado por la Asamblea Nacional al día siguiente, sin que se organizara previamente una consulta popular sobre su contenido.
Las autoridades presentaron las transformaciones como resultado de amplios debates, aunque estos tuvieron lugar en órganos del propio sistema político, como el Buró Político, el Comité Central, el Consejo de Ministros y la Asamblea Nacional. La población no participó en un proceso equivalente antes de la aprobación del programa.
Las 176 medidas, organizadas en 23 ejes temáticos, abarcan reformas salariales, subsidios, precios, impuestos, empresas estatales, propiedad privada, banca, inversión extranjera y servicios públicos, entre otros ámbitos de la economía nacional.
Una consulta sin garantías claras de cambios
La plataforma Soberanía permite buscar las transformaciones por número, palabra clave o área temática, consultar las disposiciones jurídicas relacionadas y enviar opiniones, inquietudes y propuestas. Los usuarios también pueden modificar posteriormente sus valoraciones y no necesitan disponer de identidad digital para participar.
Según explicó Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital, las respuestas serán procesadas para identificar tendencias y elaborar informes destinados a los organismos responsables de las políticas económicas y sociales.
Sin embargo, las autoridades no han aclarado si el rechazo mayoritario a una medida podría conducir a su modificación o derogación, ni qué mecanismos permitirían a los participantes conocer las decisiones adoptadas a partir de sus propuestas.
Aunque las opiniones podrían servir para corregir problemas de implementación, no se ha precisado hasta dónde llegará la capacidad de los ciudadanos para cuestionar decisiones ya tomadas.
La Constitución cubana de 2019 reconoce en su artículo 80 el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares y otras formas de intervención democrática. Sin embargo, el artículo 108, inciso c), deja a criterio de la Asamblea Nacional someter las leyes a consulta previa, por lo que la ausencia de ese procedimiento no implica necesariamente una ilegalidad.
La cuestión es, sobre todo, política: ¿qué capacidad real tienen los ciudadanos para influir en decisiones ya adoptadas? Los artículos 10 y 101 de la propia Constitución establecen obligaciones de atención a la población, control popular y transparencia.
El alcance de esta consulta dependerá también de que el Gobierno publique las opiniones recibidas, explique cuáles acepta o rechaza y permita conocer si alguna de ellas conduce a revisar las medidas cuestionadas.
También existe el riesgo de que las cifras de participación terminen presentándose como una muestra de respaldo social, sin distinguir adecuadamente entre opiniones favorables, críticas y rechazos. El Gobierno controla tanto el procesamiento de los comentarios como las decisiones posteriores sobre las medidas cuestionadas.
Apagones y falta de conectividad: otra barrera para participar
La consulta digital tropieza, además, con las dificultades materiales que enfrenta buena parte de la población cubana para acceder a internet, especialmente durante los prolongados apagones.
En Santiago de Cuba, Ricardo Serrano Díaz, director territorial de ETECSA, reconoció que entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil quedaban fuera de servicio diariamente por falta de electricidad o combustible para los grupos electrógenos.
La situación energética continúa siendo crítica. Para el sábado 14 de noviembre, la Unión Eléctrica pronosticó una disponibilidad de apenas 970 megavatios frente a una demanda de 2,800 MW durante el horario pico, equivalente a cerca del 35% de las necesidades previstas.
Estas limitaciones dificultan la participación de quienes padecen los cortes eléctricos más prolongados. Los habitantes de zonas rurales, los adultos mayores y las familias con menores ingresos afrontan obstáculos adicionales para acceder a la plataforma, lo que puede dejar fuera del proceso precisamente a sectores especialmente afectados por las reformas económicas.
El contraste con la consulta constitucional de 2018 resulta significativo. Según las cifras oficiales, se celebraron entonces 133,681 reuniones en barrios, centros de trabajo y otras instituciones, durante las cuales se recogieron 783,174 propuestas antes de la aprobación parlamentaria del texto definitivo.
Para las 176 transformaciones económicas de 2026 no se organizó un proceso semejante. La ciudadanía fue convocada a opinar cuando el programa ya estaba aprobado y buena parte de sus disposiciones jurídicas habían sido elaboradas o publicadas.
El escepticismo expresado por numerosos cubanos desde el anuncio de las medidas añade otra dificultad para el Gobierno, que sigue sin demostrar resultados económicos suficientes para recuperar la confianza ciudadana.
En un análisis publicado este domingo, Infobae advierte sobre la distancia entre el avance administrativo del programa y las mejoras materiales que debería percibir la población.
La apertura de Soberanía permitirá recoger opiniones sobre ese proceso, pero todavía está por determinar si el Gobierno publicará los resultados desglosados, explicará qué propuestas acepta o rechaza y ofrecerá a los ciudadanos alguna posibilidad efectiva de influir en la revisión de las medidas.
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