La Administración de Donald Trump confirmó este martes el inicio de las redadas contra inmigrantes indocumentados bajo la dirección del nuevo secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman.
La nueva fase de este esfuerzo incluye dos medidas clave: la rescisión de las directrices de la Administración Biden sobre la ejecución de la ley de inmigración en áreas “sensibles” y el fin de lo que califican como el abuso del programa de parole humanitario, según un comunicado emitido en la última hora.
Huffman aseguró que estas medidas buscan darles mayor poder a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP) para hacer cumplir las leyes migratorias y capturar a migrantes con antecedentes criminales.
"Los criminales ya no podrán esconderse en lugares como escuelas y iglesias", dijo, en referencia a las áreas donde antes se había limitado la actuación de las fuerzas de seguridad.
Una de las medidas más controvertidas anunciadas por Trump es la eliminación del parole humanitario, que bajo la administración Biden había permitido la entrada temporal de más de 1.5 millones de migrantes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Este programa será reemplazado por una evaluación caso por caso, lo que podría dificultar aún más la posibilidad de que los migrantes accedan al país de manera legal.
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La decisión ha sido criticada por grupos de derechos humanos que alertan sobre el impacto devastador que tendrá sobre los miles de migrantes que buscan refugio en Estados Unidos, muchos de los cuales huyen de condiciones extremas en sus países de origen.
Estos grupos consideran que, en lugar de proteger a las personas más vulnerables, la política de Trump pone en peligro a quienes buscan un refugio seguro y legal.
Además, el exdirector interino de ICE, Tom Homan, designado nuevamente por Trump para supervisar la seguridad fronteriza, anunció en noviembre una serie de redadas de gran escala.
Durante su visita a Eagle Pass, Texas, Homan afirmó que la administración está lista para ejecutar una de las mayores operaciones de deportación en la historia del país, poniendo énfasis en los migrantes con antecedentes penales.
Esta estrategia incluye detenciones masivas y una intensificación de la cooperación con las autoridades locales, especialmente en Texas, donde se están implementando iniciativas para fortalecer las políticas de deportación.
La retórica de la administración, que califica la situación fronteriza como una "crisis humanitaria" y una "invasión", ha generado un fuerte debate.
Mientras que algunos defienden la necesidad de políticas más estrictas para garantizar la seguridad nacional, muchos críticos argumentan que estas políticas son inhumanas y desproporcionadas, ya que afectan principalmente a personas que huyen de la violencia y la pobreza extrema en sus países de origen.
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