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El gobierno de Estados Unidos reactivó oficialmente los trámites migratorios de miles de cubanos beneficiarios del parole humanitario, ofreciendo un nuevo horizonte legal a quienes tenían suspendidas sus solicitudes de residencia, permisos de trabajo o procesos de reunificación familiar.
La decisión fue confirmada este viernes ante una corte federal en Boston por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que informó que han sido levantadas todas las restricciones que impedían avanzar los casos relacionados con los programas de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, incluyendo también los procesos de reunificación familiar (FRP) y el programa Uniting for Ukraine (U4U).
Según el documento oficial, compartido por el periodista cubano Wilfredo Cancio Isla en su blog Café Fuerte, las solicitudes pendientes “deberán ser procesadas hasta una acción final de la agencia”, una vez se completen las verificaciones de seguridad correspondientes.
La noticia representa un alivio para centenares de familias cubanas que, tras la revocación del programa CHNV por la administración Trump y el fallo de la Corte Suprema del pasado 30 de mayo, quedaron en incertidumbre sobre su futuro migratorio.
USCIS comunicó que se ha instruido a todas sus oficinas y divisiones —incluyendo las de asilo, refugiados y apelaciones— a reanudar el trabajo sobre las solicitudes previamente congeladas. También se actualizaron los guiones del asistente virtual Enma y del centro de llamadas, de forma que los migrantes que consulten ahora el estado de sus trámites recibirán respuestas actualizadas.
El anuncio ocurre tras una exigencia judicial. La jueza federal Indira Talwani, quien preside una demanda presentada en marzo por beneficiarios del parole y organizaciones defensoras de inmigrantes, había dado de plazo hasta el 19 de junio para que las autoridades demostraran que estaban cumpliendo con la orden de no suspender las adjudicaciones.
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Aunque el gobierno solicitó una prórroga de 24 horas por el feriado nacional del Juneteenth, finalmente entregó el informe este viernes 21.
La orden tiene implicaciones directas para miles de cubanos. De los más de 110,000 que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa CHNV, se calcula que alrededor de 20,000 aún no han podido ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, por no haber cumplido el requisito mínimo de un año de estancia.
Para ellos, el anuncio de USCIS reabre una vía crucial. La agencia recordó que, aunque el programa de parole humanitario fue formalmente revocado, los trámites iniciados por sus beneficiarios deben continuar su curso legal, siempre que no existan elementos de fraude o riesgo para la seguridad nacional.
Además, según Cancio Isla, se están preparando nuevas directrices para que todas las oficinas involucradas en estos procesos cuenten con herramientas claras para revisar y adjudicar los casos con equidad y conforme a ley.
El documento presentado ante el tribunal también aclaró que un error detectado en el guion del asistente virtual fue corregido de inmediato, y que los supervisores de las oficinas locales ya están notificados del levantamiento de las suspensiones.
La reactivación de los beneficios migratorios supone una importante victoria para los demandantes y grupos de apoyo que han estado litigando en defensa de los derechos de quienes ingresaron legalmente por medio del parole humanitario.
Si bien el programa como tal sigue cancelado, esta decisión garantiza que los cubanos que iniciaron trámites puedan obtener una resolución justa de sus casos.
El vaivén del parole humanitario tras la llegada de Trump
Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, el parole humanitario aprobado por la administración Biden —una vía migratoria vital para miles de cubanos y otras nacionalidades— ha estado marcado por la incertidumbre, las órdenes ejecutivas y las batallas judiciales.
Todo comenzó el mismo 20 de enero, cuando el nuevo mandatario firmó una orden ejecutiva que ordenaba la eliminación del programa CHNV, creado por su antecesor para permitir el ingreso seguro y legal de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La medida, respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), provocó la inmediata paralización de solicitudes en curso y la revocación de beneficios ya concedidos, como permisos de trabajo y autorizaciones de viaje.
El anuncio oficial llegó en marzo, cuando el DHS publicó en el Registro Federal la cancelación de los beneficios de más de 530,000 migrantes, y fijó el 24 de abril como fecha límite para la validez de sus documentos.
La decisión sembró el desconcierto entre los afectados, especialmente entre los cubanos, muchos de los cuales aún no habían cumplido el año requerido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Frente a la amenaza de deportaciones masivas, surgieron las demandas. Una de ellas fue presentada en la corte federal de Boston por beneficiarios del parole, organizaciones migratorias y defensores legales.
A fines de abril, la jueza Indira Talwani concedió una medida cautelar que suspendía temporalmente la revocación y ordenaba al gobierno presentar pruebas de que los casos estaban siendo procesados.
El 30 de mayo, sin embargo, la Corte Suprema intervino y dio luz verde a la administración Trump para continuar con la cancelación, revirtiendo la orden judicial previa. Con ese fallo, se reactivó el temor a una ola de deportaciones.
Pero este 21 de junio, en un inesperado giro, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) notificó ante la misma corte que las suspensiones habían sido levantadas y que todos los trámites pendientes serían procesados.
La agencia explicó que se había enviado un memorando a sus oficinas y actualizado los sistemas para permitir la adjudicación de solicitudes conforme a la normativa vigente.
Este zigzag legal, entre decisiones ejecutivas y fallos judiciales, ha convertido al parole humanitario en un campo de batalla entre dos visiones opuestas sobre la política migratoria. Para miles de cubanos, representa mucho más que un trámite: es la delgada línea entre la esperanza y el retorno forzado.
Un cierre provisional para una historia aún abierta
Aunque la decisión de USCIS de reactivar el procesamiento de solicitudes representa un respiro tangible para miles de cubanos, la historia del parole humanitario está lejos de haberse cerrado.
El programa sigue formalmente revocado, y su continuidad como vía legal para la migración está sujeta a la voluntad de una administración que, desde el primer día, ha intentado desmontarlo.
La reanudación de trámites no implica una restauración del programa, sino el cumplimiento de una orden judicial que protege derechos adquiridos por quienes ya estaban dentro del sistema. Se trata de un alivio parcial, condicionado a que no se detecten elementos de riesgo o fraude en los casos individuales, y sin garantías para nuevas solicitudes.
Además, el litigio en curso ante la corte federal de Massachusetts sigue su curso, y podrían dictarse nuevos fallos que cambien nuevamente las reglas del juego. A ello se suma la posibilidad de que la administración Trump emita futuras disposiciones restrictivas que afecten tanto a los procesos aún no resueltos como a los beneficios derivados.
En este escenario, la palabra clave sigue siendo incertidumbre. Los cubanos con parole deben mantenerse informados y documentados, y buscar asesoría legal si sus casos enfrentan demoras o riesgos.
La vía del ajuste migratorio, aunque aún posible, se recorre ahora con más cautela, y depende tanto de factores individuales como del cambiante panorama político y judicial en Estados Unidos.
Por ahora, el mensaje es claro: los trámites siguen, pero el terreno sigue movido. La esperanza persiste, pero la batalla legal no ha terminado.
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