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Los precios máximos impuestos por el régimen cubano para los productos agropecuarios en La Habana continúan siendo, una vez más, letra muerta. A pesar de resoluciones oficiales, operativos de control, multas millonarias y discursos sobre “disciplina comercial”, la realidad en los mercados de la capital cubana es otra: desabastecimiento, precios inflados, carretilleros acosados, campesinos imposibilitados de cubrir sus costos y una población atrapada entre la represión y el hambre.
A pocas semanas de entrar en vigor la Resolución 148/2025, que fijó precios topados diferenciados para distintos tipos de mercado reporteros oficialistas recorrieron varios puntos de venta de La Habana y documentaron el incumplimiento generalizado de la medida. En ferias, agromercados y zonas populares como Tulipán, Santiago de las Vegas, Palatino o Boyeros, los precios reales duplican o triplican los valores oficiales.
Los resultados de ese recorrido fueron recogidos en un reportaje publicado en Cubadebate, donde se detallan ejemplos como la fruta bomba vendida a 80 pesos la libra, frente a los 40 establecidos; yuca y boniato a 50 y 60 CUP, respectivamente, cuando el tope es de 25; malanga a 150, el doble del precio permitido; y ristras de ajo entre 2,500 y 3,500 pesos. La mayoría de los puestos no exhibían la tabla oficial y, en muchos casos, los propios vendedores desconocían la normativa vigente.
La distancia entre la regulación y la realidad fue reconocida, incluso, por residentes entrevistados. Una vecina de Avenida Norte calificó los topes como “una curita en la llaga”, denunciando la ausencia de inspectores o su corrupción. Otra, en Primelles, dijo sentirse vulnerable pese a conocer los precios establecidos: “o compro lo que necesito al precio que ellos quieren, o me voy con las manos vacías”.
Represión con multas, pero sin resultados
Como respuesta al descontrol evidente, las autoridades han optado por reforzar el aparato de inspección. Durante las últimas semanas se han ejecutado operativos de fiscalización en múltiples municipios, aplicando multas de hasta 16,000 pesos cubanos y realizando decomisos en casos considerados como especulación o violación de precios topados.
En el municipio Plaza de la Revolución, se sancionó a un vendedor por ofrecer productos con precios inflados en nueve renglones. En ferias como la de 17 y 8 se impusieron multas de 10,000 CUP por pimientos vendidos a 380 pesos y por pepinos a 70. En Arroyo Naranjo, se reportaron cuatro infracciones que sumaron 29,000 CUP. Casos similares se repitieron en Diez de Octubre, Habana del Este, Guanabacoa y La Lisa.
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Pero ni las cifras ni las redadas han surtido efecto. En las ferias más concurridas de la capital, los productos siguen siendo inaccesibles y la oferta, escasa. En el agromercado de Tulipán, según testimonios recogidos, los precios permanecen igual que antes del tope. En otros puntos, los carretilleros ofrecen más variedad, pero a precios muy por encima de lo establecido. Muchos de ellos, alertados por la presencia de inspectores o patrullas, se esconden o huyen antes de ser multados.
En medio de este escenario, el control no genera confianza, sino más precariedad. Un ciudadano comentó que los precios visibles en las tablillas no coinciden con lo que realmente se cobra. Otro propuso sanciones más severas, incluso la participación de la policía, para frenar los abusos. Pero el consenso parece claro: sin una cadena productiva sólida y sin acceso real a insumos, el cumplimiento de los topes es ilusorio.
Productores ahogados por los costos
El reportaje oficialista también recogió las dificultades del lado de los campesinos. Herminio, agricultor de la zona de La Salud, explicó que aunque conoce la resolución, no puede ajustarse a sus precios. “Todos los insumos para hacer producir la tierra siguen escasos y por las nubes. ¿Cómo voy a vender la malanga al precio que dicen ellos si solo ponerla en la tierra me cuesta una fortuna?”, declaró. Mencionó además la falta de mano de obra y los costos logísticos como factores que hacen inviable el cumplimiento del esquema oficial.
Otros vendedores señalaron que deben pagar el combustible en dólares para transportar mercancías desde el campo a la ciudad, lo cual encarece aún más cada eslabón de la cadena.
Medidas repetidas, resultados nulos
El gobierno ha recurrido a este tipo de regulación en más de una ocasión. A finales de septiembre volvió a imponer topes de precios tras una oleada de operativos contra vendedores callejeros, bajo el argumento de “proteger al consumidor”. Sin embargo, la medida no hizo sino autorizar precios más altos en los mercados más utilizados por la población, como los de oferta y demanda y los carretilleros.
Pocos días después, el endurecimiento de los controles con multas de hasta 16 mil pesos evidenció que la prioridad no es garantizar acceso a alimentos, sino reforzar el aparato de control estatal.
La paradoja es evidente: se persigue a quienes venden en la calle mientras se autorizan precios más altos en mercados de oferta y demanda —donde buena parte de la población se abastece por necesidad, no por elección—. La represión reemplaza a la política económica. El castigo sustituye a la solución.
Mientras tanto, el desabastecimiento continúa en los mercados estatales y el encarecimiento de la comida se convierte en una constante en la vida del cubano de a pie.
Entre la norma y la necesidad
La Resolución 148, como otras antes, se estrella contra una realidad económica que el gobierno se niega a reconocer: sin producción suficiente, sin insumos accesibles y sin cadenas de distribución eficientes, no hay decreto que logre controlar los precios.
En esta situación, ni productores, ni vendedores, ni consumidores tienen margen. Los primeros no pueden cubrir sus costos, los segundos arriesgan multas y decomisos, y los últimos —el pueblo— paga la cuenta o se queda sin alimentos.
La llamada “protección al consumidor” no se materializa en la mesa, sino en un listado colgado en una oficina. En las calles de La Habana, el peso del hambre sigue imponiéndose sobre cualquier precio topado.
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