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El Gobierno de La Habana anunció una nueva resolución que establece precios máximos para la comercialización de productos agropecuarios en la capital, con topes diferenciados según el tipo de mercado.
La medida, presentada como un intento de “proteger al consumidor”, en la práctica autoriza precios más altos en los espacios donde gran parte de la población se abastece, como son los mercados de oferta y demanda, las cooperativas y los carretilleros.
Según informó el diario oficial Tribuna de La Habana, la resolución firmada por la gobernadora Yanet Hernández Pérez fija tres niveles de precios: para los mercados estatales y arrendados, para las ferias agropecuarias y para los mercados de oferta y demanda.
Tres topes distintos para un mismo producto
En los mercados estatales, los precios minoristas se mantienen en rangos relativamente más bajos, con el boniato y yuca a 30 pesos la libra, malanga colocasia a 60, malanga xanthosoma a 85, plátano vianda a 35 y cebolla seca a 250.
Fuente: Portal del Ciudadano de La Habana.
En cambio, en los mercados de oferta y demanda, cooperativas y carretilleros, los topes se disparan, puesto que el boniato y la yuca llegan a los 45 pesos, malanga colocasia a 75, malanga xanthosoma a 110, plátano vianda a 50, frijoles comunes hasta 285, arroz de consumo a 155 y la cebolla seca a 250.
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Fuente: Portal del Ciudadano de La Habana.
Por su parte, en las ferias agropecuarias se autorizan precios intermedios: boniato, yuca y plátano a 25 CUP, malanga colocasia a 55, malanga xanthosoma a 75, fruta bomba rallona a 40, frijoles entre 196 y 285, arroz a 155 y cebolla seca a 200.
Fuente: Portal del Ciudadano de La Habana.
La disparidad muestra que el mismo producto puede duplicar o triplicar su precio según el mercado donde se venda, lo que genera incertidumbre y afecta sobre todo a los consumidores que dependen de los carretilleros y de la oferta y demanda, generalmente mejor surtidos que los mercados estatales.
Un anuncio tras los operativos policiales
Este nuevo esquema de precios llega apenas días después de los operativos policiales contra vendedores callejeros en varios municipios de La Habana, en el marco del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito.
En esas redadas se reportaron decomisos, multas millonarias y arrestos de carretilleros, acciones que generaron críticas ciudadanas por golpear a personas que sobreviven vendiendo viandas en la calle.
“La policía recogió a personas que están luchando el pan de cada día vendiendo viandas y cigarros que el gobierno no tiene para vender”, denunció un habanero en redes sociales.
La ofensiva fue presentada como parte de la lucha contra ilegalidades, pero coincidió con el anuncio de estos nuevos precios, lo que refuerza la percepción de un mayor control estatal sobre la economía informal.
Control en lugar de alivio
La resolución deroga normas anteriores, incluida la 69 de abril de 2025, y unifica los precios para toda la provincia. Con ello, las autoridades buscan centralizar el control en un momento marcado por inflación, apagones, escasez y creciente descontento social.
La paradoja es clara, porque mientras se persigue a los vendedores informales que ofrecen alternativas de acceso a alimentos, los precios oficiales autorizados en los mercados más concurridos resultan más altos que en los estatales, dejando a los habaneros atrapados entre la represión y el encarecimiento de los productos básicos.
Para muchos, la venta callejera sigue siendo la única vía para acceder a viandas y granos sin pagar tarifas desproporcionadas, aunque bajo el riesgo de ser multados o despojados de su mercancía.
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