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Una acusación formal sacude el Congreso de Estados Unidos: la representante demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, ha sido imputada por un gran jurado federal en Miami, junto a varios coacusados.
Está acusado de presuntamente robar cinco millones de dólares en fondos federales de ayuda para desastres, lavar el dinero y utilizar parte de esos fondos en su campaña electoral de 2021.
Según informó la fiscalía del Distrito Sur de Florida, el caso representa una grave malversación de recursos públicos.
Los fondos estaban destinados a enfrentar la emergencia del COVID-19 mediante un contrato con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“El dinero público pertenece al pueblo estadounidense”, advirtió el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.
“Cuando los fondos de FEMA se desvían para beneficio personal o político, se erosiona la confianza y nos perjudica a todos”, añadió.
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Una trama de desvío de fondos desde una empresa familiar
Los hechos se remontan a julio de 2021, cuando Trinity Healthcare Services, la empresa familiar de la congresista y de su hermano Edwin Cherfilus, recibió un sobrepago de cinco millones de dólares por un contrato federal para contratar personal que administrara vacunas contra el COVID-19.
En lugar de devolver el dinero, los acusados “conspiraron para robar esos cinco millones de dólares y los canalizaron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen”, según el documento judicial.
El dinero, indica la acusación, fue destinado en parte a contribuciones a la campaña de Cherfilus-McCormick para el Congreso en 2021, y en parte al “beneficio personal de los acusados”.
Donaciones simuladas y red de testaferros
El comunicado fiscal también detalla un esquema de donaciones políticas simuladas mediante testaferros.
Cherfilus-McCormick y Nadege Leblanc, otra de las acusadas, “organizaron contribuciones adicionales utilizando donantes interpuestos, canalizando otros fondos del contrato Covid-19 financiado por FEMA a amigos y familiares que luego donaron a la campaña como si estuvieran utilizando su propio dinero”.
Esta maniobra permitió disfrazar las donaciones reales, inflando aparentemente el respaldo ciudadano a su candidatura, mientras que el origen verdadero de los fondos permanecía oculto.
Fraude fiscal: Gastos políticos como deducciones empresariales
A los cargos anteriores se suman delitos fiscales.
La congresista y su preparador de impuestos de 2021, David K. Spencer, fueron imputados por conspiración para presentar una declaración de impuestos federales falsa.
De acuerdo con la acusación, “declararon falsamente gastos políticos y otros gastos personales como deducciones empresariales e inflaron las donaciones caritativas para reducir sus obligaciones tributarias”.
Los fiscales asignados al caso, Alejandra L. López y Yeney Hernández, junto al abogado litigante del Departamento de Justicia, John P. Taddei, solicitaron al tribunal múltiples cargos penales que podrían implicar duras condenas:
-Sheila Cherfilus-McCormick: hasta 53 años de prisión.
-Edwin Cherfilus: hasta 35 años.
-David K. Spencer: hasta 33 años.
-Nadege Leblanc: hasta 10 años.
Declaraciones fiscales y federales: “Nadie está por encima de la ley”
Las autoridades recalcaron el carácter grave de los delitos imputados. La fiscal general Pam Bondi fue contundente al declarar: “Utilizar fondos destinados a la ayuda en casos de desastre para el enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico”.
“Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Seguiremos los hechos de este caso y se hará justicia”, añadió.
Por su parte, el fiscal Reding Quiñones reiteró:
“Esta acusación refleja el compromiso de nuestra oficina de investigar los hechos, aplicar la ley y proteger al contribuyente estadounidense”.
Cherfilus-McCormick, que representa el vigésimo distrito congresional de Florida -zonas de los condados de Broward y Palm Beach con mayoría demócrata- ingresó al Congreso en 2022 tras ganar una elección especial.
En el momento del presunto delito, se desempeñaba como directora ejecutiva de Trinity Healthcare Services, la misma empresa que recibió los fondos de FEMA.
Aún no se ha confirmado si cuenta con representación legal y su equipo no respondió a solicitudes de comentarios tras hacerse pública la acusación.
El caso fue anunciado de forma conjunta por el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, el agente especial Brett D. Skiles del FBI en Miami y el agente Ronald A. Loecker de la División de Investigación Criminal del IRS-CI en Florida.
La investigación está en curso y es dirigida por el FBI de Miami y la oficina de campo del IRS-CI en Florida.
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