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El régimen cubano ha lanzado en los últimos días una de las campañas de difamación y hostigamiento más agresivas de los últimos años contra periodistas y medios independientes, en un intento de criminalizar el ejercicio del periodismo libre y consolidar un clima de miedo y censura.
El ataque, articulado desde el aparato propagandístico del Estado, incluye publicaciones en Cubadebate, Granma y Razones de Cuba, programa de televisión conducido por el vocero Humberto López; además de mensajes coordinados en redes sociales amplificados por cuentas afines al régimen y funcionarios públicos.
En todos los casos, el patrón es idéntico: acusar a los medios independientes de ser “mercenarios”, “terroristas mediáticos” o “instrumentos de la ultraderecha internacional”, mientras se justifican posibles causas penales, extradiciones y sanciones extraterritoriales contra periodistas que hoy trabajan desde fuera de la isla.
La maquinaria del descrédito
La ofensiva propagandística del régimen comenzó con un artículo publicado el 26 de noviembre, firmado por el llamado Observatorio de Medios de Cubadebate y titulado “Radiografía de las cuentas de extrema derecha que operan contra Cuba en X”.
El texto, presentado como un “análisis técnico”, fue en realidad el punto de partida de una operación de propaganda dirigida a criminalizar el periodismo independiente y las voces críticas del exilio, de la cual se hizo eco a través de X (antes Twitter) el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.
En el artículo, Cubadebate aseguró haber “detectado” treinta cuentas en la red social X (antes Twitter) que supuestamente “lideran campañas de odio contra Cuba” y “forman parte de la guerra cognitiva organizada por la ultraderecha internacional”.
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Ninguna de esas cuentas está radicada en la isla —precisó el texto—, sino “en Estados Unidos, Europa y América Latina”, lo que según el medio bastaría para confirmar la existencia de “una operación política extranjera”.
A partir de ahí, la maquinaria mediática del Partido Comunista activó un discurso unificado que combina lenguaje técnico, teorías conspirativas y viejas etiquetas del aparato ideológico.
Rodríguez Parrilla amplificó el mensaje con un tuit casi calcado del texto original, afirmando que “el odio contra Cuba no es espontáneo ni ciudadano, sino una operación política organizada de la ultraderecha internacional”.
Lo que siguió fue una escalada en todos los frentes de propaganda: Granma y Cubadebate reprodujeron el argumento de la “guerra cognitiva”; Razones de Cuba pasó a la acción con su “investigación penal” contra elTOQUE, y Humberto López fungió como verdugo mediático del régimen, con sus habituales programas encargados por la Seguridad del Estado para propagar el miedo.
El propósito de este engranaje es claro: asociar la crítica al régimen con la traición a la patria, equiparando el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión con delitos como “mercenarismo” o “terrorismo económico”. Es el mismo lenguaje de la represión de los años 60 y de la Primavera Negra de 2003, ahora actualizado para las redes sociales.
Con esta nueva ofensiva, el gobierno intenta construir un relato penal y moral contra el periodismo libre, criminalizando no solo a los medios, sino también a los ciudadanos que los leen, los comparten o los citan.
Razones de Cuba y el linchamiento público
El espacio televisivo Razones de Cuba, vinculado a la Seguridad del Estado y dirigido por Humberto López, publicó fichas personales de 18 supuestos “directivos” del medio elTOQUE, con fotografías, datos personales y acusaciones sin prueba alguna.
Los señalados fueron descritos como “mercenarios” involucrados en “actividades delictivas”, bajo el sello de “plataforma enemiga de Cuba”. En el texto se aseguró, además, que existe una “investigación penal en curso” y que los periodistas “pueden ser extraditados” si viajan a terceros países, o encarcelados si regresan a la isla.
El mensaje fue replicado por Cubadebate, Granma y Prensa Latina, y por decenas de perfiles en redes sociales, muchos de ellos de evidente coordinación institucional, que celebraron la “acción legítima y necesaria del Estado cubano”.
El objetivo es claro: crear un clima de linchamiento digital, justificar futuras represalias y sembrar miedo entre los periodistas dentro y fuera del país.
El caso elTOQUE : Una advertencia para todos
Aunque elTOQUE es el blanco principal de esta nueva oleada, la estrategia trasciende a un solo medio. Su persecución es apenas la punta del iceberg de una política de Estado que busca silenciar todas las voces críticas.
Agravada por la publicación de la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi) -que refleja la devaluación real del peso cubano, el fracaso del “ordenamiento económico y monetario” y los efectos de la “dolarización parcial de la economía”- la campaña contra el medio digital constituye una amenaza directa a toda la prensa independiente cubana.
Desde septiembre de 2024, varios colaboradores del medio han denunciado interrogatorios, amenazas y torturas psicológicas por parte de la Seguridad del Estado.
En emisiones recientes de su programa, Humberto López mostró fragmentos manipulados de esas declaraciones, acusando a su director, José Jasán Nieves, de “tráfico de divisas” y “terrorismo económico”, un delito inexistente en la legislación cubana.
Pero más allá de ese caso, el mensaje que envía el régimen es inequívoco: ningún periodista está a salvo.
La publicación de listas con nombres, fotografías y direcciones personales marca un peligroso precedente en la criminalización pública del periodismo, y revive los métodos de persecución política que Cuba aplicó durante la Primavera Negra de 2003, cuando 27 comunicadores fueron encarcelados bajo cargos de “mercenarismo”.
Censura y propaganda: La versión digital de la Primavera Negra
La nueva ofensiva no recurre de momento a tribunales, sino a linchamientos mediáticos. Las condenas no se dictan en juzgados, sino en pantallas de televisión, portales oficiales y redes sociales controladas.
El Estado totalitario cubano, incapaz de justificar la miseria y la desigualdad, busca enemigos a los que culpar: periodistas, activistas, economistas, y cualquier voz que no repita el discurso oficial.
Medios como elTOQUE, CiberCuba, Cubanet y Diario de Cuba son presentados como “instrumentos de desestabilización”, mientras el verdadero origen del caos —las políticas del régimen y el control militar de la economía— permanece fuera de todo cuestionamiento.
El uso de etiquetas como “guerra cognitiva”, “terrorismo mediático” o “ultraderecha internacional” pretende sustituir el debate público por el miedo. Son conceptos vacíos con apariencia técnica, usados para legitimar la represión y dar un barniz de legalidad a lo que no es más que persecución ideológica.
CiberCuba responde: El periodismo no es un delito
Frente a las menciones directas que lo incluyen en esta campaña, CiberCuba rechazó categóricamente las acusaciones de “mercenarismo” o “guerra cognitiva” lanzadas por Cubadebate, Razones de Cuba y el canciller Rodríguez Parrilla.
Ese discurso no es nuevo: es el mismo que el régimen utiliza desde hace seis décadas para desacreditar a quienes informan lo que el poder intenta ocultar.
Los verdaderos enemigos de la verdad no están en los medios independientes, sino en quienes encarcelan, destierran y censuran a quienes piensan diferente; en quienes adoctrinan a los niños, controlan internet y mantienen a la población en la pobreza mientras las élites viven con privilegios de GAESA.
El fascismo no se disfraza solo de ultraderecha: también se viste de comunismo cuando reprime, censura y niega libertades. “Los que se dicen comunistas, pero actúan como fascistas, son los que gobiernan en Cuba”, ripostó este medio de comunicación en sus redes sociales esta semana.
“Denunciar la represión, el hambre y la desigualdad no es ultraderecha; es resistencia contra la dictadura y la censura”.
En ese sentido, CiberCuba reafirmó su compromiso con la verdad y con el derecho de los cubanos a expresarse libremente; así como su voluntad de seguir informando sobre lo que el régimen pretende ocultar: la pobreza generalizada, la censura digital, el exilio forzoso de periodistas y artistas, y la degradación moral de un sistema que confunde patriotismo con sumisión.
El periodismo independiente no es un crimen. Es un servicio público. Y si el régimen necesita fabricar enemigos para justificar su fracaso, que sepa que cada mentira solo confirma lo que intentan negar: que la verdad sigue viva, y no se puede encarcelar.
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