Un informe interno del FBI revelado por The Guardian muestra que la agencia ha lanzado casos de “investigaciones criminales y de terrorismo doméstico” por supuestas amenazas contra la actividad de inmigración en al menos 23 jurisdicciones del país, incluyendo protestas, mensajes y campañas contra ICE, al amparo de un nuevo memorando de seguridad nacional impulsado por el presidente Donald Trump.
Un memorando de Trump que redefine la disidencia
El documento filtrado fue redactado el 14 de noviembre como respuesta al National Security Presidential Memorandum-7 (NSPM-7), firmado el 25 de septiembre, que ordena una estrategia nacional para “investigar y desarticular redes y organizaciones que fomenten la violencia política”.
Según un análisis de la ACLU sobre NSPM-7, el memorando habilita al Departamento de Justicia, al FBI y a otras agencias federales a formar equipos conjuntos y utilizar herramientas de contraterrorismo, incluidas capacidades de inteligencia financiera y vigilancia ampliada, contra actores considerados implicados en “terrorismo doméstico” o “violencia política organizada”.
Qué está investigando el FBI
De acuerdo con el reportaje de Common Dreams, el informe interno habla de “amenazas contra la actividad de aplicación de inmigración” e incluye tanto ataques contra instalaciones y personal de ICE como mensajes, campañas de presión y organización de protestas que, a juicio de los agentes, podrían desembocar en violencia.
Ese mismo informe detalla que los agentes deben vigilar “indicadores” como el uso de aplicaciones cifradas para hablar de ICE, el “acopio o distribución de armas de fuego” y la realización de “búsquedas en línea” sobre movimientos y domicilios de agentes de inmigración, mezclando prácticas de autoprotección digital y monitoreo ciudadano con posibles preparativos de atentados.
Violencia real y pretexto político
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional citan, en un boletín de inteligencia conjunto obtenido por CBS News, al menos dos ataques recientes contra centros de detención y oficinas de ICE en Texas, así como daños a instalaciones en otros estados, para argumentar que existe una “escalada” de violencia con respecto a años anteriores, cuando predominaban acciones de vandalismo.
Lo más leído hoy:
Al mismo tiempo, juristas y expertos advierten que la nueva prioridad de “terrorismo doméstico” definida por NSPM-7, descrita en un análisis académico sobre cómo se etiqueta la disidencia como terrorismo, facilita que el Gobierno use incidentes violentos reales como pretexto para vigilar y perseguir a movimientos de protesta que actúan dentro del marco de la Primera Enmienda.
Alarmas de organizaciones de derechos civiles
Organizaciones de derechos civiles han expresado su alarma en comunicados recogidos por Common Dreams, advirtiendo de que el uso de la categoría de terrorismo y de herramientas de contraterrorismo contra activistas pro-migrantes supone un salto cualitativo en la criminalización de la protesta y puede vulnerar libertades de expresión, asociación y reunión protegidas por la Constitución.
La ACLU y otros grupos alertan, además, de que NSPM-7 abre la puerta a investigar y sancionar a ONG, fundaciones y donantes que financien a colectivos considerados “radicales”, lo que podría golpear a redes de apoyo a migrantes, observadores de tribunales y grupos que documentan abusos de ICE y de otras agencias de inmigración.
Vigilancia sobre chats y activistas pro-migrantes
En un caso relacionado, otro reportaje de The Guardian reveló que el FBI llegó a infiltrar y vigilar un chat de Signal de activistas de derechos de los migrantes en Nueva York, usando a una fuente confidencial con “excelente acceso”, lo que refuerza las denuncias de que se está espiando organización política amparada por la Constitución.
Grupos pro-migrantes citados por Common Dreams sostienen que esta vigilancia masiva y el uso del lenguaje de “terrorismo” buscan intimidar a voluntarios, iglesias, abogados y comunidades de origen latino que ayudan a los recién llegados y documentan abusos en centros de detención de ICE.
Impacto para migrantes latinos y cubanos
La ofensiva se produce en un contexto de aumento de redadas, deportaciones aceleradas y denuncias por malas condiciones en centros de detención, descrito en el boletín conjunto de DHS y FBI sobre ataques a ICE, donde se encuentran miles de migrantes latinoamericanos, incluidos cubanos, bajo custodia de ICE a la espera de sus audiencias o de su expulsión.
Como advierte el artículo “Labeling dissent as terrorism”, la posibilidad de que la solidaridad con migrantes o la crítica a las políticas migratorias sea observada bajo el prisma del “terrorismo doméstico” puede tener un efecto disuasorio sobre el activismo en comunidades latinas y caribeñas, al elevar el coste legal y personal de participar en campañas y movilizaciones contra ICE.
Preguntas frecuentes sobre las investigaciones de terrorismo doméstico del FBI y la vigilancia a activistas anti-ICE
¿Por qué el FBI está investigando a activistas anti-ICE como terrorismo doméstico?
El FBI ha comenzado a investigar a activistas anti-ICE bajo la categoría de "terrorismo doméstico" debido a un nuevo memorando de seguridad nacional impulsado por el presidente Donald Trump. Este memorando, conocido como NSPM-7, permite al FBI y otras agencias federales utilizar herramientas de contraterrorismo contra movimientos que critican las políticas de inmigración, lo cual ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles.
¿Qué implicaciones tiene el memorando NSPM-7 para los activistas pro-migrantes?
El memorando NSPM-7 autoriza al FBI y al Departamento de Justicia a formar equipos conjuntos y utilizar vigilancia ampliada contra activistas considerados "terroristas domésticos". Esto podría resultar en la criminalización de la protesta pacífica y la vigilancia masiva de movimientos pro-migrantes, lo que pone en riesgo las libertades de expresión y asociación. Además, puede disuadir a los activistas, especialmente en comunidades latinas y caribeñas, debido al aumento del coste legal y personal de participar en movilizaciones.
¿Cómo está afectando esta política a los inmigrantes latinos y cubanos en Estados Unidos?
La política de etiquetar la disidencia como terrorismo doméstico se produce en un contexto de aumento de redadas y deportaciones, afectando gravemente a migrantes latinoamericanos, incluidos cubanos, detenidos en centros de ICE. Además, el temor a ser vigilados o criminalizados ha aumentado la incertidumbre y el riesgo para estas comunidades, quienes enfrentan malas condiciones en centros de detención y un proceso migratorio cada vez más incierto.
¿Qué dicen las organizaciones de derechos civiles sobre estas medidas?
Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han expresado alarma por el uso de la categoría de terrorismo contra activistas pro-migrantes. Advierten que estas medidas representan un salto cualitativo en la criminalización de la protesta y pueden vulnerar las libertades protegidas por la Constitución. Asimismo, alertan sobre la potencial persecución de ONG y fundaciones que apoyan a migrantes, lo que podría golpear a redes de apoyo y observadores de tribunales.
Archivado en: