Los médicos cubanos que el gobierno de México contrató a principios de este año para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus trabajaron sin los permisos migratorios correspondientes, revelaron informes de transparencia y de dependencias migratorias obtenidos por el portal Latinus.
El Instituto Nacional de Migración no generó permisos ni resguarda documentos que comprueben la estancia legal de los más de 600 doctores y enfermeras del Ministerio de Salud de Cuba que laboraron en hospitales de la Ciudad de México y Veracruz durante tres meses, de acuerdo con oficios internos de la dependencia y las respuestas a dos solicitudes de transparencia realizadas por Latinus.
La Dirección de Planeación y Promoción del Instituto Nacional de Migración aseguró a esa publicación que en su base de datos de trámites de regulación migratoria no hay registro de permisos temporales otorgados a ciudadanos cubanos del sector salud.
“De la revisión hecha a las bases de datos de trámites de regulación migratoria, de las que se obtiene información de las personas que obtuvieron una tarjeta de residencia (temporal, temporal estudiante o permanente) con los cuales acreditan una estancia regular y documentada en el territorio nacional, no se encontraron datos de nacionales cubanos que en mayo de este año hayan obtenido alguno de los citados documentos y que en el llenado de los formatos hayan indicado pertenecer al sector salud y servicios asistenciales”, detalló Fernando Alí Urbina, director de Planeación y Promoción Migratoria en el oficio INM/DGRAM/DPPM/149/2020.
La respuesta oficial llegó luego que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Salud mexicana informar los nombres, historial académico y laboral, así como el lugar donde ejercieron su labor los médicos traídos de Cuba.
La dependencia federal se declaró incompetente para conocer lo solicitado por un particular, argumentando la inexistencia de la información y orientó dirigir su requerimiento al Instituto de Salud para el Bienestar y otras instancias.
El particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo dependiente del sujeto obligado; por lo tanto, la manera de solicitar la información era a través de la citada Secretaría.
El órgano de transparencia efectuó una búsqueda de información y advirtió que el pasado 6 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que existían pláticas con el gobierno de Cuba para solicitarles, de ser necesario, ayuda con especialistas y médicos de terapia intensiva.
Todo parece indicar que se trató de una decisión directa del presidente mexicano, que violó varias regulaciones migratorias y laborales de ese país.
El 21 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en el aeropuerto de Xalapa, Veracruz, con más de 100 médicos cubanos que se incorporaron a espacios de atención de pacientes contagiados por Covid-19. En los últimos días de abril, ya había llegado un primer contingente de 578 especialistas a la Ciudad de México para ayudar en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
Ninguno de esos médicos ingresó a México como visitante ni llenó una forma migratoria múltiple como lo hace un turista, de acuerdo con las respuestas del Instituto Nacional de Migración. La Dirección de Aeropuertos y Puertos Marítimos y la Dirección de Control y Verificación Migratoria son incapaces de identificar con qué papeles entraron las enfermeras y los médicos cubanos al país.
Aunque el Instituto Nacional de Migración apeló al artículo 85 de la Ley de Migración, el cual señala que a los funcionarios de gobiernos extranjeros en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse en el país, debió de cumplir con el registro migratorio. El artículo 20 de la Ley de Migración mexicana obliga al Instituto a vigilar la salida y entrada de personas a su territorio y revisar su documentación.
La prensa mexicana se hizo eco en su momento de las quejas sobre la falta de transparencia sobre los detalles de la estancia y el salario de los galenos cubanos.
Luego que otra publicación mexicana, Animal Político, revelase la cifra, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, confirmó que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) pagó 135 millones de pesos (6.2 millones de dólares) al gobierno de Cuba por la contratación de los doctores y enfermeras
Sin embargo, la Coordinación de Programación y Presupuesto del INSABI no tiene copia del convenio firmado con el gobierno de Cuba ni de las facturas, recibos o comprobantes relacionados con este acuerdo, según se deriva de su respuesta a varias solicitudes de información.
En el segundo informe de actividades de Claudia Sheinbaum, entregado el pasado martes al Congreso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno indica que la presencia del personal médico fue gracias a un acuerdo firmado por su administración con el INSABI y el Ministerio de Salud de Cuba. En su informe, Sheinbaum confirma que el gobierno cubano recibió a cambio 135 millones de pesos por el trabajo de 585 médicos y enfermeros cubanos.
Pero el dinero no salió de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con la respuesta de la dependencia a dos solicitudes de transparencia realizadas por Latinus. La Secretaría de Administración y Finanzas asegura que no tiene documentos relacionados con la contingencia provocada por el Covid-19 y que, por lo tanto, no cuenta con facturas ni pagos realizados al gobierno cubano.
Otros medios de prensa mexicanos reportaron las molestias del personal médico local, que está enfrentando al virus en las condiciones más adversas posibles y se quejaron por lo que consideran privilegios de los cubanos.
La exportación de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingreso del Gobierno cubano, que retiene al menos el 75% de lo que pagan los países de destino en concepto de salarios.
En las últimas semanas, Cuba ha enviado cientos de médicos a más de una decena de países para ayudar en la lucha contra el coronavirus, una enfermedad que ha colapsado los sistemas sanitarios de países desarrollados. Pero aunque la propaganda de la isla lo presente como una gigantesca operación de solidaridad, la realidad es que la exportación de servicios médicos no es más que un lucrativo negocio que generó más de 6.400 millones de dólares en 2018.
El gobierno norteamericano y varias ONGs internacionales han denunciado que Cuba utiliza a este personal médico como una masa de trabajo en condiciones de semiesclavitud, y les paga una ínfima parte del salario legalmente previsto por los diferentes gobiernos extranjeros.
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