El sector agropecuario cubano no admite parches, debido a su baja productividad y la manifiesta incapacidad para alimentar a toda la población, lo que obliga a importar alimentos por dos mil millones de dólares anuales, que en la coyuntura actual, el gobierno castrista no tiene.
Para afrontar los graves problemas del sector se necesita incidir en sus estructuras, en concreto, en el régimen jurídico de los derechos de propiedad privada. Mantener a ultranza las fracasadas reformas raulistas basadas en el arrendamiento de tierras pertenecientes al estado comunista, sigue sin dar solución a la necesidad de incrementar la producción que ahora recae en el sector privado, por cuanto el gobierno impide a las explotaciones agropecuarias alcanzar los rendimientos crecientes a escala, fundamentales en este sector.
Por ello, en la Estrategia, y dentro de la política agropecuaria, han presentado a bombo y platillo una serie de medidas para mejorar la comercialización, pero estamos ante el vaquero que prepara el cántaro para la leche, sin tener la vaca. Primero se quiere actuar sobre la comercialización, sin atender a las necesidades técnico productivas del sector. Es la misma historia desde 1959 y por eso, no salen las cuentas. Ahora tampoco, pero lo más grave es que pueden arrastrar a lo que queda de agricultura cubana a un caos inimaginable en menos de seis meses.
El tono triunfalista del ministro de Agricultura augura lo peor. De hecho, afirmó que “estamos inconformes con los niveles actuales y reconocemos el déficit de oferta pero estamos en un contexto extraordinario, al que debemos enfrentarnos con trabajo y con medidas audaces que favorezcan su transformación. Necesitamos tiempo de maduración porque la comercialización, por sí sola, no multiplica los panes y los peces, sino que debe incentivar la producción”. Entonces ¿en que quedamos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O incluso mejor, ¿por dónde le entra el agua al coco, señor Rollero?
Según el titular de Economía, la Estrategia integra 24 medidas para la agricultura, de las que se ha avanzado en alrededor de 20. Sobra más de la mitad. Aspectos como la flexibilización de la contratación de fuerza de trabajo por productores agropecuarios individuales se deben inscribir en una reforma en profundidad de la legislación laboral para evitar asimetrías entre los sectores económicos. Otorgar incentivos fiscales para estimular la elaboración y comercialización de alimentos, vinculados, sobre todo, a las minindustrias no garantiza el incremento de producción de forma automática e incluso, puede incrementar el déficit del presupuesto que está descontrolado.
También, la idea de vender productos a mayoristas en dólares norteamericanos es una forma más de captar divisas, en este caso, en el campo cubano, donde la mayor parte de transacciones se realizan en pesos cubanos. Luego enuncian medidas tan generales como aburridas y majaderas, que si transformación de la comercialización de productos agropecuarios, que si transformación del sistema empresarial en la agricultura.
Y luego otras tan específicas como diseño de acciones, medidas y políticas para la recuperación de la ganadería bovina y algo tan genérico y de poca credibilidad como pasos para concretar la Banca de Fomento Agrícola, insistiendo en que no se va a crear un banco nuevo, sino que se trabajará sobre la red del Banco de Crédito y Comercio. En fin, más de lo mismo.
La relación de medidas acaba con una supuesta participación de fondos del presupuesto del estado para lograr tasas de interés más atractivas, diseñar productos que tengan una mayor flexibilidad y en el ámbito concreto de la intervención directa, crear un Comité de Coordinación Agropecuario, en aras de garantizar una utilización más eficiente de los recursos disponibles.
El ministro reconoció, con acierto, que ninguna medida podrá resolver todos los problemas, pero cada una está encaminada a crear condiciones más favorables que permitan incrementar los niveles productivos. Y en eso se equivoca. Ni una sola de estas medidas cambia las condiciones técnico productivas del campo cubano, y por eso, la necesaria flexibilidad de la oferta no se va a lograr. Para ello, hay que formalizar derechos de propiedad de la tierra e introducir un mercado libre de compra venta y alquiler de tierras para que los productores adapten el tamaño de sus explotaciones a las condiciones de producción. Regla técnica.
De nada sirve una Política de comercialización de productos agropecuarios, si no se obtiene lo suficiente en el surco, y para eso, el campesino tiene que tener motivación. Así se simple.
De hecho, si las medidas anunciadas por el ministro de la Agricultura para la reforma de la comercialización se llevaran a término, cosa que también es igualmente complicada porque se tienen que remover estructuras de poder comunista que no van a ceder sus objetivos a cambio de nada, en menos de seis meses aparecerán graves problemas de impagos, de endeudamiento financiero de los productores, de proyectos empezados y abandonados, de cruces (que no aumento de competitividad) entre las distintas entidades en la comercialización minorista y mayorista, de dificultades en el acceso al dólar norteamericano y, por tanto, de comprar insumos, e incluso, adopción por los productores de decisiones erróneas a partir de informaciones oficiales igualmente fallidas.
El escenario es poco conveniente para apostar por el futuro. La recomendación a los productores agrarios del sector privado es ser muy prudentes y no creer que todo el monte es orégano. De una forma u otra, esta prioridad del régimen por la comercialización, sin previamente atender las condiciones de la oferta, es el último de los tropezones en un sector tan sensible como el agropecuario, y en un momento muy complicado, por los efectos de la pandemia del COVID-19.
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