Cuentapropista cubano denunció a autoridades de Villa Clara por quitarle la licencia de manera injustificada

A mediados de noviembre de 2020 se presentaron en su casa varios inspectores con una supuesta denuncia por receptación y tenencia de productos ilícitos, lo cual les permitió retirarle la licencia para ejercer como cuentapropista

Calle de Santa Clara (Imagen referencial) Foto © Wikimedia Commons / Lezumbalaberenjena

El trabajador por cuenta propia Esteban Monstelier Colina, residente en la ciudad de Santa Clara, denunció a las autoridades locales de esa ciudad por retirarle de manera injustificada la licencia para ejercer un negocio privado y tratar de involucrarlo en una cadena de supuestos delitos que no cometió.

"Como trabajador no estatal, aun cuando el propio Presidente de la República ha insistido en que debemos recibir el mismo tratamiento que se les da a los estatales, me he sentido maltratado, porque nunca había sido multado", dijo a través de una carta que envió a la columna Acuse de recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde.

El dueño del bar-restaurante Sandino contó que a mediados de noviembre de 2020 se presentaron en su casa varios inspectores con una supuesta denuncia por receptación y tenencia de productos ilícitos, lo cual les permitió retirarle la licencia para ejercer como cuentapropista.

Además, le impusieron una multa de 2.000 pesos por tener trabajadores sin contrato legal, algo que se demostró que era falso y le permitió recibir de vuelta el dinero.

Mostelier Colina tuvo que demostrar que eran falsas también las acusaciones en su contra de evadir el pago de impuestos a la Agencia Tributaria, algo que fue muy fácil al presentar un certifico de no adeudo de la ONAT, lo que llevó a las autoridades a presentar supuestas quejas de los vecinos del área donde está enclavado el restaurante.

Cuenta el trabajador privado de Santa Clara que recopiló la firma de 29 de los 31 vecinos que viven en la zona, quienes alegaron que el servicio del bar no les importunaba.

La dirección municipal de Trabajo canceló la licencia de Monstelier Colina, quien apeló en el plazo de cinco días que establece la normativa cubana.

"A los 60 días, cuando reclamé, me iban a devolver la licencia. Pero la intendente municipal intervino, decidió no devolverla y crear una nueva comisión investigadora que, hasta hoy, no me ha dado respuesta", dijo.

Colina considera que la sanción que se le aplicó fue injusta y lo único que se le pudiera señalar es que en alguna ocasión ha cerrado su local después de las 12 de la noche, algo que está regulado actualmente por la situación sanitaria provocada por el coronavirus.

"Solo reclamo que se me devuelva mi licencia retirada injustamente desde el 13 de noviembre, y que significa el sustento de mi familia. Espero que se resuelva esta situación porque confío en la Revolución, a la que he servido siempre con fidelidad absoluta", concluyó.

El sector privado ha sido uno de los mayores afectados por la crisis económica que vive Cuba desde hace varios meses, porque al no existir un mercado mayorista donde comprar insumos y enseres, la falta de turismo internacional, la limitación de movilidad decretada en provincias y municipios para evitar la propagación del coronavirus y la falta de apoyo estatal.

Sin embargo, el gobierno dio luz verde a los medios de prensa para que hicieran públicos todos los días reportes informativos en los cuales hay, fundamentalmente, trabajadores por cuenta propia vinculados a supuestos delitos de corrupción y desvíos de recursos.

Miembros de la sociedad civil independiente y abogados dentro de Cuba consideran que esos juicios ejemplarizantes constituyen una cortina de humo del gobierno para desviar la atención y que la población no se percate de las carencias económicas y se culpe a otros del desabastecimiento y la incapacidad para cubrir las demandas de alimentos y otros productos de primera necesidad.

Este año el gobierno cubano limitó a 127 las actividades que el sector privado no puede ejercer en la isla. Algunos ciudadanos se han movilizado en las redes sociales para ejercer presión y que se permitan desarrollar sus actividades, como ocurrió con un grupo de arquitectos, que pidió se revertiera la medida que los afecta.

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