Una pareja de Miami se declaró culpable de defraudar más de un millón de dólares a diferentes programas de ayuda y alivio de los daños económicos ocasionados por el impacto de la COVID-19, creados bajo el paraguas de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus (CARES), informó un comunicado del Departamento de Justicia.
Latoya Stanley, de 38 años, y Johnny Philus, de 33, ambos de Miami, fueron acusados originalmente a través de una denuncia presentada en el Distrito Sur de Florida el pasado 26 de agosto. A través de solicitudes fraudulentas, ambos llegaron a recibir más de un millón de dólares de distintos programas creados para paliar los efectos de la pandemia entre los empresarios.
A tal fin, la pareja fingió tener negocios y empleados trabajando en una granja que en realidad no existía, sino que se trataba del patio de la casa residencial donde vivían en Miami. El Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo el paraguas de la Ley CARES, llegaron a conceder 1 millón 100 mil dólares a los estafadores.
Mediante cuatro solicitudes de préstamos condonables, Stanley y Philus llegaron a afirmar que empleaban a 47 trabajadores en empresas fantasmas. Mientras Stanley fingió emplear a 18 personas en su empresa, Dream Gurl Beauty Supply LLC., Philus declaró que empleaba a 29 personas en su empresa, Elegance Auto Boutique LLC.
Asimismo, en su solicitud de EIDL, Stanley afirmó generar más de 800 mil dólares en ingresos y emplear a cinco personas de una granja ubicada en el patio de su casa en Miami. Por su parte, aplicando al mismo programa de ayudas, Philus afirmó generar 400 mil dólares en ingresos y emplear a 10 personas de una granja ubicada en el patio de una pequeña casa residencial.
En realidad, Stanley y Philus no empleaban a nadie, y las granjas y sus supuestos ingresos no existían. No obstante, llegaron a recibir más de un millón de dólares en fondos con sus solicitudes fraudulentas de PPP y EIDL antes de que se descubrieran sus esquemas. Ahora ambos se enfrentan a cargos por fraude y esperan la sentencia, que será dictada el próximo 2 de junio.
Como en una docena de casos similares de fraude federal presentados durante la pandemia, las solicitudes de préstamo de la SBA de los dos acusados fueron aprobadas por un banco local antes de ser garantizadas por la agencia federal, según el Tampa Bay Times.
La Ley CARES es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y algunos otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%. Los ingresos de los préstamos PPP deben ser utilizados por las empresas en costos de nómina, intereses de hipotecas, alquiler y servicios públicos.
La APP permite la condonación de los intereses y el capital del préstamo de APP si la empresa gasta los fondos del préstamo en estas partidas de gastos dentro de un período de tiempo designado después de recibir las ganancias y utiliza al menos un cierto porcentaje de las ganancias del préstamo de APP en gastos de nómina.
El programa EIDL está diseñado para brindar alivio económico a las pequeñas empresas que actualmente están experimentando una pérdida temporal de ingresos. Los ingresos del EIDL se pueden utilizar para cubrir una amplia gama de capital de trabajo y gastos operativos normales, como la continuación de los beneficios de atención médica, el alquiler, los servicios públicos y los pagos de deudas fijas.
Las autoridades llaman a los ciudadanos que tengan información sobre presuntas situaciones irregulares con solicitudes de estos fondos a que se comuniquen con ellas, llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice. gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja.
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