Riesgos de invertir en Cuba frente a mañas castristas

El ministro de Comercio Exterior y para la Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca Díaz, ha vuelto a lanzar el jamo para intentar pescar inversiones de emigrados; cuando Cuba carece de liquidez financiera y está considerada país de alto riesgo por su desbajaruste económico y malas prácticas contra empresarios extranjeros.

Malmierca olvidó recordar en una reciente entrevista con Bohemia que las inversiones de emigrados están limitadas a un máximo de un millón de dólares y animó a posibles inversores nacidos en Cuba y residentes en el extranjero a estudiar la producción de alimentos en el ámbito local, es decir, municipios; el penúltimo descubrimiento tardocastrista en materia institucional.

La desmemoria y el empecinamiento no son buenos ingredientes para la política y dañan gravemente a las naciones, como ha hecho la dictadura más antigua de Occidente con uno de los países con mayor capital humano de la región, paradójicamente exiliado o inxiliado, pese a ser fruto de la revolución de 1959.

Obviamente, cada emigrado es libre de hacer con su dinero lo que estime pertinente, pero recientes episodios de acoso y cerrojazo a pequeños y medianos empresarios cubanos, aconsejan extremar la prudencia ante los cantos de sirena de Malmierca y otros altos funcionarios encargados de pastorear la diáspora.

Una de las reglas sagradas de cualquier inversión es la seguridad jurídica y la indefensión de los cubanos, incluidos emigrados, ante el poder totalitario es descomunal; teniendo incluso que competir con el dumping que beneficia al complejo militar-empresarial Gaesa, que se beneficie de descuentos en sus compras de materias primas y bienes, con respecto al resto de las empresas estatales cubanas y minipymes.

El quesero de Caimito, el vigente pleito por Azul Inmobiliaria y denuncias de campesinos que pierden sus cosechas y dinero por desidia estatal confirman la naturaleza represiva e ineficiente de la dictadura, que ha llegado a incumplir sentencias judiciales absolutorias, que establecían la devolución de lo incautado a emprendedores residentes en la isla.

La trampa de Malmierca -que data de 1977, con variaciones- sigue sin reconocer derechos políticos a los emigrados cubanos, privándolos de votar en referéndos y en elecciones; castigándolos con tasas consulares desproporcionadas y sujetos a la represión, que decide cómo y cuándo pueden visitar Cuba.

Si tanto interés manifiesta el gobierno cubano en el capital de los emigrados y en normalizar las relaciones bilaterales, debería comenzar por crear sendas circunscripciones electorales en Estados Unidos, Europa Occidental y del Este y América Latina para facilitar su participación en la vida cubana.

Más allá de las expropiaciones forzosas sin indemnizaciones de 1960 -origen del embargo económico norteamericano- y de 1968; cuando la Ofensiva revolucionaria convirtió al granizadero en empleado estatal; el castrismo acumula notable experiencia en incumplimientos, trucos y mañas contra inversores extranjeros; como para creer que un emigrado cubano inversor tendrá mejor suerte.

ETECSA

La Habana promovió una licitación para permitir la inversión extranjera en ETECSA, constituida en 1994 y que, en principio, estuvo participada en un 51% por Telefónica Antillana, S.A. (TELAN) empresa cubana; que es privada, jurídicamente, pero funcionalmente estatal; y en el restante 49% por Universal Trade and Managment Corporation, S. A. (UTISA).

La operación consistía en vender la participación de UTISA en ETECSA para echar a andar a la operadora monopólica de las telecomunicaciones en Cuba, apremiada por la necesidad de inversión extranjera en medio de la crisis económica provocada por el derrumbe soviético.

Un factor determinante para abrir el estratégico segmento de las telecomunicaciones a la inversión extranjera fue el estudio denominado Plan de Expansión y Modernización de ETECSA que, en un día de tráfico normal, constató que, sólo entre Cuba y Estados Unidos, se realizaban más de 50 mil llamadas telefónicas, con un promedio superior a los 5 minutos de duración, que totalizaban 250 mil minutos diarios entre ambas orillas, sin considerar las llamadas y transmisión de datos que podrían tenerse con el resto del mundo.

A la licitación concurrieron empresas de telecomunicaciones de varios países, incluyendo la norteamericana AT&T, sin embargo, luego de un repentino y muy breve viaje a La Habana del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue elegida, como socio de ETECSA, el holding mexicano DOMOS, perteneciente al denominado Grupo de Monterrey, al que estaba vinculado un hermano del mandatario azteca.

DOMOS, utilizando las empresas CITEL y COTISA, compró la participación accionarial del 49% que poseía UTISA en ETECSA, por lo que abonaron al gobierno cubano la suma inicial de 200 millones de dólares norteamericanos.

DOMOS operó, a su vez, con Telecom Italia (TIM), que entonces actuaba a través de una sociedad holandesa, llamada Step International, que fue socio de ETECSA, luego de la compra de las acciones a UTISA, cuya suma luego entregó a Cuba, como aporte para ETECSA y ofreció en garantía las acciones de COTISA, que era prácticamente una sociedad instrumental sin valor real alguno.

En 1996, usando como pretexto las negociaciones de Domos con italianos y holandeses, el gobierno anuló el pacto con el grupo mexicano y revocó los acuerdos para provocar la salida del socio mexicano en ETECSA, ventilado en un polémico proceso civil en los tribunales ordinarios cubanos, a pesar de que los acuerdos entre ETECSA, TELAN y DOMOS estaban sometidos a la jurisdicción de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París.

Domos renunció al fuero de París y los tribunales provincial de La Habana y Supremo de Cuba fallaron a favor de TELAN y dispusieron el cese de CITEL Y COTISA como socios de ETECSA.

Al quedar DOMOS fuera de ETECSA, Cuba entonces negoció con la italiana TIM la compra del 27% de la participación de UTISA en ETECSA, que era el 49% del capital social que le había sido restituida por el proceso civil de nulidad promovido y concluido ante los tribunales estatales cubanos, algo que a algunos compararon con el chiste de señor, le vendo un guanajo, si no me lo compra, grito...

Años más tardes, ETECSA pagó 706 millones de dólares norteamericanos a TIM por el 27% de su participación; quedando como sociedad de capital 100% cubano, reforzando su condición monopólica, a la vez que salió de la órbita del Ministerio de Comunicaciones y la Electrónica de Cuba y se ubicó junto con el Banco Financiero Internacional, S.A. (BFI) en la plataforma del conglomerado empresarial militar GAESA.

TOKMAKJIAN GROUP, TRI STAR CARIBBEAN y CORAL CAPITAL (Canadá):

TOKMAKJIAN, TRI STAR y CORAL CAPITAL, fueron empresas canadienses, las dos primeras; y británica, que en Cuba se dedicaron al comercio exterior, como trading las de Canadá y como financiera la tercera.

A pesar de ser meras operadoras dedicadas a operaciones de comercio exterior (export-import) las dos primeras sociedades sólo estuvieron superadas en monto de operaciones por la también canadiense SHERRY dedicada a la prospección minera del níquel; y tan creciente actividad comercial fue generándoles ingresos y unas importantes cifras pendientes de cobro.

Ambos empresarios, aunque se separaron comercialmente, gozaron de toda la confianza del gobierno cubano, con importantes encargos para comprar medios de transporte terrestre y marítimo, para uso de los más altos dignatarios del país, en coordinación con la Seguridad del Estado.

Tras varios años en Cuba, Tri Star y Tokmakjian fueron sometidos a procesos investigativos penales por la comisión de supuestos delitos de cohecho y otras figuras delictivas definidas como de cuello blanco, que son habituales en el mercado cubano.

Por su parte. la sociedad CORAL CAPITAL, que estaba representada en Cuba por el ejecutivo británico, de origen libanés, Amado Fakhre, se vio envuelta en un proceso penal que comenzó con imputaciones de espionaje, bajo la acusación al empresario de ser miembro del Mossad israelí; luego modificada con la imputación de un supuesto acto de corrupción empresarial.

La estrategia usada contra Fakhre es un procedimiento penal habitual en la investigación policial en Cuba; que se inicia con una imputación grave, como espionaje o colaboración con el enemigo, tipificadas como figuras delictivas contra la Seguridad del Estado.

En varios casos, las acusaciones carecen de fundamento, pero los acusados pactan admitir hechos delictivos relacionados con cargos de corrupción, cohecho o tráfico de divisas, a cambio de que les retiren las imputaciones más severas, de modo que aunque aquellas nunca existieron, dan por hecho que La Habana puede fabricar ese delito menos grave y sancionarlo; en opinión de empresarios extranjeros con vínculos en la isla.

En algunos casos, con los imputados en medio del proceso penal por delitos de corrupción, suelen hacerse pactos no escritos, en los que se les concede beneficios, a cambio de un rápido proceso judicial y la admisión de que -una vez concluido el proceso penal- con la sentencia del tribunal se dispondrá su expulsión de Cuba.

Una finalidad práctica de estos procesos es que, unido a la sentencia principal que se les impone a los empresarios extranjeros y a funcionarios cubanos tachados de corruptos, es el decomiso de bienes, producto de la comisión del supuesto delito.

La interpretación más recurrente consiste en disponer que, sí el empresario extranjero actuó de manera fraudulenta y corrupta para obtener beneficios en el mercado cubano, los ingresos que obtuvo por su actividad comercial son ilegítimos y forman parte del resultado punible que ocasionó con su conducta, disponiendo los tribunales el decomiso de los bienes ocupados y la cancelación de las obligaciones de pago pendientes de honrar con la entidad que representan, incluidas las operaciones que realizaron sin incurrir en supuestos delitos.

A Tokmakjian lo condenaron a 15 años de cárcel, aunque fue expulsado a Canadá, tras cumplir cuatro años, y le decomisaron 55 millones de dólares norteamericanos, Yacoubian fue sentenciado a 9 años y estuvo dos y medio encarcelado, tras decomisarle 27,5 millones; Fakhre estuvo encarcelado dos años y perdió 17,3 millones; para un total 99,8 millones de dólares estadounidenses, que se embolsó el gobierno cubano.

ENRICO GARZAROLI (Italia)

Enrico Garzaroli, empresario italiano residente en Bahamas, donde tiene varias empresas, incluido un hotel yy restaurante de lujo, de vinos, licores y tabaco, fue el introductor en Cuba de su amigo y paisano Luciano Benetton.

Garzaroli llegó a Cuba, en los años 90, estableciendo una firma para comercializar vinos, licores y alimentos llamada Wines & Spirits Distributors (WSD), que llegó a ser la principal distribuidora de más de 100 marcas en el mercado cubano.

Garzaroli constituyó dos firmas en Cuba, además de la WSD, creó otra para distribuir la marca Benetton y consiguió representar, con carácter exclusivo, a las cerveceras holandesa Heineken y la francesa Presidente, al igual que al conjunto de marcas del consorcio Allied-Domecq.

Garzaroli se implicó aún más y fue uno de los empresarios extranjeros que intervino en el proyecto con Medicuba y LABIOFAM iniciado por el empresario norteamericano Robert Vesco, a quien había conocido eventualmente en Bahamas, cuando el defraudador de más de 200 millones al fisco estadounidense estuvo refugiado allí.

Enrico Garzaroli, junto a un grupo financiero de San Marino, fue uno de los perjudicados en la trama de Vesco relacionada con la producción en Cuba de un fármaco mágico nombrado TX; en cuya aventura estuvo vinculado también Donald Nixon, sobrino del dimitido presidente de Estados Unidos.

Garzaroli, pese a ser damnificado y considerado testigo esencial, no participó en el juicio contra Robert Vesco, para sorpresa de propios y extraños, que atribuyeron su ausencia a una indicación del gobierno cubano.

El activo empresario italiano también participó en el mundo de los habanos, como fumador reconocido y dueño de una fábrica de tabacos en Nassau, con la marca Graycliff; para incursionar en el humo de lujo, contrató los servicios de Avelino Lara, un experto torcedor cubano, del que se aseguraba confeccionaba los tabacos que fumó Fidel Castro hasta 1988 y a quien se le atribuye la paternidad de la vitola "Súper lancero", de la marca Cohiba.

Pese al posicionamiento y relaciones que fraguó Garzaroli en Cuba, su empresa WSD fue inspeccionada por la Aduana General de la República (AGR); al término de la cual se dispuso por el MINCEX la cancelación de las oficinas que poseía en Cuba, y de todas las operaciones pendientes de cobro, que no pudo ejecutar.

Hagan juego, emigrados; anima Malmierca, un funcionario voluntarioso y oportunista olvidadizo, mientras el gobierno que le paga mantiene intacta las restricciones a las libertades políticas y económicas, que siguen provocando pobreza y desigualdad en Cuba.