Dos cubanos de Miami condenados a prisión por robo de $3 millones en respiradores para pacientes de COVID-19

Los ventiladores formaban parte de un envío del Gobierno de EE.UU. a El Salvador


Los cubanos Yoelvis Denis Hernández y Luis Urra Montero fueron condenados a 41 meses de cárcel cada uno por el robo de 192 ventiladores médicos, valorados en unos 3 millones de dólares, que formaban parte de un envío del Gobierno de EE.UU. a El Salvador.

Un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida publicado este 4 de febrero precisa que la sentencia fue impuesta por la jueza federal de distrito, Marcia G. Cooke, en referencia a un hecho ocurrido el 9 de agosto de 2020.

Ese día Yoelvis Denis Hernández (42 años) y Luis Urra Montero (25) robaron un camión con remolque que contenía la valiosa carga, que era propiedad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y que estaba destinada a un centro de cuidados intensivos de COVID-19 en El Salvador.

“Hernández y Montero robaron el tráiler de un lote donde el conductor lo había dejado durante la noche. Luego de una investigación, los agentes federales de la ley recuperaron la mayoría de los ventiladores robados”, según precisa el citado documento.

Luis Urra Montero fue arrestado el 15 de septiembre de 2020 y se mantuvo sin derecho a fianza en espera de juicio desde su arresto.

En septiembre del 2020, el FBI y USAID ofrecieron una recompensa de 10,000 dólares por la captura de Yoelvis Hernández, residente en Miami-Dade, quien tras ser detenido también ese mes desapareció mientras estaba en libertad antes del juicio. Finalmente fue arrestado en Del Rio, Texas, en mayo de 2021.

El Departamento de Justicia estadounidense los acusó por conspiración federal, posesión de bienes robados que se envían interestatalmente y robo de propiedad del gobierno estadounidense.

Tras su arresto definitivo, Yoelvis Denis Hernandez, alias “Guajiro”, y Luis Urra Montero, alias “Flaco”, se declararon culpables de robo de propiedad del gobierno. 

La investigación del caso corrió a cargo del FBI Miami, la Fuerza Especial contra Robos Mayores del FBI Miami y USAID-OIG, quienes contaron con apoyo del Departamento de Policía de Boynton Beach, el Departamento de Policía de Miami-Dade, el Departamento de Policía de Medley, el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami Gardens y la Oficina del Sheriff de Broward. 

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