Un hombre de 33 años fue condenado a 10 años de privación de libertad por el delito de robo con violencia o intimidación, tras intentar arrebatar un teléfono móvil a una joven en Santiago de Cuba.
El hecho ocurrió en mayo de 2024, cuando el acusado intentó robar un celular marca Samsung, pero fue interceptado por agentes de la PNR, lo que impidió su fuga y dejó el acto en grado de tentativa, reportó el oficialista Tele Turquino.
El juicio oral y público, correspondiente a la causa 25 del 2025, se celebró en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba.
Durante la vista, se determinó que el acusado violó el artículo 415.1.2, inciso B, del Código Penal, que contempla sanciones de entre 7 y 15 años de cárcel para este tipo de delitos.
El tribunal tuvo en cuenta, además, la desajustada conducta social del imputado y sus antecedentes penales por robo con violencia y robo con fuerza.
Como sanción adicional, se le impuso la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del territorio nacional.
En medio de una creciente ola de inseguridad ciudadana, el régimen cubano ha anunciado una cruzada judicial orientada a imponer “juicios ejemplarizantes” como forma de control social. Esta estrategia busca reforzar el aparato represivo mediante condenas severas, especialmente en delitos que involucren críticas al poder, corrupción o acciones consideradas desestabilizadoras del orden público.
Como parte de esa política, tres trabajadores de la Refinería Nico López en La Habana fueron enjuiciados por presunto robo de crudo. El régimen los acusó de "sustraer recursos del Estado" en un caso presentado con fuerte carga mediática, sin garantías claras de debido proceso.
En otro caso vinculado a delitos económicos, un cubano fue condenado a 10 años de prisión por el robo de computadoras pertenecientes al sistema estatal. El tribunal calificó el hecho como de “alta peligrosidad social”, en consonancia con la línea de castigos desproporcionados que impulsa la campaña gubernamental.
También se sumó a esta ofensiva judicial el caso de una exintendenta de Puerto Padre, condenada a siete años de cárcel por irregularidades administrativas. Su juicio fue presentado como muestra del supuesto combate a la corrupción, aunque activistas denuncian su carácter selectivo y político.
Finalmente, un joven cubano fue sentenciado a siete años de prisión por criticar a Miguel Díaz-Canel en redes sociales. El caso, sin precedentes recientes, expuso el uso del sistema penal como herramienta de represión directa contra la disidencia y la libertad de expresión.
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