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El régimen cubano inició una consulta nacional en centros educativos sobre el Anteproyecto del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.
Bajo el discurso de garantizar derechos y fomentar el desarrollo integral de los menores, la normativa podría convertirse en un nuevo instrumento para el adoctrinamiento ideológico y la represión selectiva contra familias opositoras.
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Con motivo del aniversario 64 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), el gobierno ha orquestado lo que ha calificado como “ejercicio participativo” en escuelas de todo el país. Niños de diferentes niveles de enseñanza han sido conducidos a emitir criterios sobre un texto legal cuya esencia responde, según declaraciones oficiales, a los "valores revolucionarios" y al pensamiento de figuras como Fidel Castro y Ernesto Guevara.
Las publicaciones oficialistas describen escenas festivas y entusiastas donde niños agradecen la oportunidad de ser escuchados. Sin embargo, detrás de esa narrativa se oculta un entramado más profundo: el uso sistemático del sistema educativo como vía para formar ciudadanos subordinados a la ideología estatal.
Ya en diciembre de 2024, el gobernante Miguel Díaz-Canel dejó claro que el nuevo Código debía "preparar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que puedan desarrollar todas sus capacidades en favor de la Revolución".
Esta formulación, más que una política de derechos, delata una estrategia de formación ideológica, en línea con décadas de control sobre el pensamiento infantil y juvenil en la isla.
El anteproyecto del Código incluye formulaciones abiertamente ideológicas. En su preámbulo se declara que busca formar a los menores como "continuadores de la obra revolucionaria". También establece, en su artículo 57, que la educación deberá regirse por los “principios de la sociedad socialista”.
Otros artículos, como el 117 y el 219, imponen deberes explícitos a niños y jóvenes de respetar a las autoridades, honrar a la Patria y “defender la Patria socialista”, introduciendo un marco de lealtad cívica que puede ser interpretado y aplicado políticamente.
Más preocupante aún es el artículo 91, que obliga a cualquier persona a denunciar situaciones que afecten la “moral” del menor, una cláusula ambigua que podría ser usada contra padres con conductas o posturas disidentes.
Asimismo, se prevé un sistema de seguimiento estatal que involucra a la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, lo cual facilita la vigilancia institucional sobre entornos familiares, incluso sin evidencia de maltrato físico o abandono.
Estas disposiciones, lejos de limitarse a la protección de derechos, generan un contexto normativo propenso al uso discrecional de la ley como herramienta de castigo ideológico o disciplinamiento social, particularmente contra quienes no comulgan con la narrativa oficial.
Las preocupaciones no se limitan al componente doctrinal. Varios antecedentes documentados por medios independientes y organizaciones de derechos humanos alertan sobre el uso del aparato legal para presionar o castigar a padres disidentes.
En ese sentido, activistas han denunciado amenazas relacionadas con la pérdida de custodia de sus hijos como represalia por sus opiniones políticas o acciones públicas de denuncia.
En marzo de 2024, la Seguridad del Estado presuntamente amenazó a la esposa de un preso político con quitarle la custodia de sus hijos si continuaba denunciando abusos. Casos similares han sido reportados en años anteriores, en los que se usó la condición de madre o padre como medio de coerción política.
Con la entrada en vigor del nuevo Código, normativas que en apariencia buscan proteger a los menores podrían servir para vigilar, sancionar o intervenir en núcleos familiares incómodos para el régimen.
El lenguaje utilizado en el anteproyecto —“educación en valores revolucionarios”, “defensa de la Patria”, “formación cívica patriótica”—, junto al antecedente de su aplicación selectiva, configura un marco legal propenso al abuso.
El código también establecerá nuevos sistemas de control y seguimiento institucional, según adelantó Díaz-Canel, aunque se ha descartado un referendo, como ocurrió con el Código de las Familias. Esta omisión refuerza la idea de una aprobación sin contrapesos democráticos ni pluralidad de criterios.
En este contexto, los ejercicios de consulta en las escuelas —presentados como expresión de participación— revelan su verdadera cara: una operación simbólica para legitimar una legislación ya definida por el poder, al tiempo que refuerzan la cultura de la fidelidad política desde edades tempranas.
Lo que se presenta como un paso hacia una mayor protección de la infancia cubana podría, en realidad, abrir la puerta a una nueva etapa de vigilancia, adoctrinamiento y represión encubierta bajo un ropaje legal.
La instrumentalización de los derechos de los menores con fines políticos no es nueva en Cuba, pero el Código de la Niñez representa una formalización más peligrosa de esa práctica, especialmente en un entorno donde el disenso sigue siendo criminalizado y donde el aparato legal actúa, muchas veces, al servicio del poder y no de los ciudadanos.
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