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La construcción de un nuevo y polémico centro de detención de inmigrantes indocumentados ha comenzado en el estado de Florida.
Denominado extraoficialmente “Alligator Alcatraz”, el proyecto ha sido impulsado por el fiscal general James Uthmeier y el gobernador Ron DeSantis, quienes lo presentan como un avance decisivo en la política migratoria estatal.
El centro, ubicado en una remota zona de los Everglades, se está levantando sobre el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, un aeródromo prácticamente abandonado, y tendrá capacidad para albergar hasta 5,000 migrantes con antecedentes penales.
El nombre “Alligator Alcatraz” hace referencia a la ubicación aislada del sitio, rodeado de caimanes y otras especies salvajes que actuarían como una barrera natural de seguridad.
“Si alguien escapa, no encontrará mucho más que caimanes y pitones. No hay adónde ir ni dónde esconderse”, declaró el fiscal general Uthmeier.
Instalaciones temporales y vigilancia militar
El diseño del centro contempla carpas reforzadas capaces de resistir el clima extremo del sur de Florida en verano.
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No se han planificado muros de concreto ni estructuras permanentes, gracias a la aparente ventaja que ofrece el terreno salvaje para disuadir cualquier intento de fuga.
El predio, de unos 78 kilómetros cuadrados, contará con apoyo militar, particularmente de la Guardia Nacional de Florida.
Los primeros indicios de construcción fueron registrados por Telemundo 51, que reportó movimiento de maquinaria y pequeñas unidades móviles en el área del antiguo aeropuerto.
Las autoridades estatales proyectan que el centro esté operativo a principios de julio, con una primera capacidad de al menos 1,000 detenidos y en expansión progresiva.
Una construcción sin consenso
La rapidez de las obras ha encendido alarmas entre autoridades locales, líderes ambientales y comunidades originarias.
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, expresó su preocupación por el impacto ecológico de la obra y por la falta de transparencia en el proceso de adquisición del terreno.
En una carta oficial, advirtió: “Debido a la ubicación de este terreno en una zona crítica, su cesión requiere una revisión exhaustiva y un debido proceso antes de tomar cualquier acción que pueda tener consecuencias significativas a largo plazo para nuestra comunidad”.
Levine Cava también denunció que el estado de Florida ofreció solo 20 millones de dólares por la propiedad, cuando su tasación más reciente supera los 190 millones.
“Solicitamos una revisión exhaustiva del impacto en nuestro medio ambiente. No hemos recibido respuesta”, comentó tras un evento reciente, indicando que las obras comenzaron sin aprobación formal del condado.
Uso de poderes de emergencia
A través de una carta enviada el lunes, Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, invocó poderes de emergencia establecidos durante la administración Biden para justificar la ocupación del terreno.
"El tiempo apremia. Debemos actuar con rapidez para garantizar la preparación y la continuidad de nuestras operaciones estatales para ayudar al gobierno federal con la aplicación de la ley migratoria”, añadió, en declaraciones citadas por la prensa local.
Aunque el estado afirma estar abierto a negociar la compra, la propiedad ya ha sido intervenida por la administración DeSantis bajo decretos ejecutivos.
Esta medida unilateral ha generado una creciente tensión entre el gobierno estatal y las autoridades de Miami-Dade.
Respaldo federal y visión nacional
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobó el proyecto y ha elogiado la cooperación con Florida.
En su cuenta oficial, el DHS afirmó que trabaja “en formas rentables e innovadoras de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas”, destacando la eficiencia del centro propuesto en los Everglades.
La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó: "Alligator Alcatraz ampliará las instalaciones y el espacio disponible en solo días gracias a la colaboración con Florida”.
Por su parte, Uthmeier reafirmó su alineación con las políticas federales migratorias, al declarar: "Me enorgullece ayudar a apoyar al presidente Trump y a la secretaria Noem en su misión para solucionar de una vez por todas nuestro problema de inmigración ilegal”.
Un centro financiado por FEMA y con objetivos polémicos
El costo operativo estimado del centro superará los 450 millones de dólares anuales, un gasto que, según informes del New York Times, podrá ser reembolsado en parte por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Los fondos utilizados provienen de programas creados para apoyar organizaciones que atienden a migrantes, aunque parte de esos fondos han sido objeto de controversia y litigios, especialmente por su retirada en ciudades como Nueva York.
Preocupaciones ecológicas y de derechos humanos
Líderes ambientales y comunidades indígenas han reaccionado con firmeza.
La organización Friends of the Everglades denunció públicamente: "Este sitio es un hogar multigeneracional para los pueblos originarios de Florida, y no es el hogar de una prisión dañina e innecesaria".
También Curtis Osceola, asesor de la tribu miccosukee, expresó que la tribu estaba interesada en conservar ese terreno y participar en un proyecto de restauración ambiental: "Será vital que restauremos esas tierras y el flujo de agua”.
Además de las críticas al plan migratorio en sí, la construcción en esta región -considerada ecológicamente sensible- podría generar daños irreversibles al ecosistema de los Everglades, una de las reservas naturales más importantes de Estados Unidos.
Una política estatal alineada con Trump
Florida se ha posicionado como un estado líder en la implementación de la política migratoria promovida por la administración Trump.
El gobernador DeSantis ha impulsado normativas que obligan a los 67 condados a cooperar con ICE, y ha propuesto que la Patrulla de Carreteras participe en redadas migratorias.
El centro de detención “Alligator Alcatraz” se enmarca dentro de esta ofensiva más amplia.
A pesar de que la alcaldesa Levine Cava reconoce la importancia del control fronterizo y la necesidad de que los inmigrantes con antecedentes criminales enfrenten la justicia, ha subrayado que no basta con actuar con rapidez: es necesaria una revisión legal, ambiental y moral de cualquier medida de esta magnitud.
Mientras las autoridades de Florida avanzan a toda velocidad para que las primeras camas estén ocupadas desde el 1 de julio, la oposición de líderes locales y defensores del medio ambiente amenaza con convertir este proyecto en un campo de batalla legal, político y social.
Preguntas frecuentes sobre el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida
¿Qué es "Alligator Alcatraz" y por qué se está construyendo en Florida?
"Alligator Alcatraz" es un nuevo centro de detención de inmigrantes indocumentados en Florida, impulsado por el fiscal general James Uthmeier y el gobernador Ron DeSantis. Está ubicado en los Everglades y rodeado de fauna salvaje, lo que se usa como barrera de seguridad natural. Este proyecto forma parte de una política migratoria estatal alineada con la administración Trump, orientada a detener y deportar inmigrantes con antecedentes penales.
¿Por qué es polémica la construcción de "Alligator Alcatraz"?
La construcción de "Alligator Alcatraz" ha generado polémica por sus implicaciones ecológicas y humanitarias. Líderes ambientales y comunidades indígenas han expresado preocupaciones sobre el impacto ambiental en los Everglades, una zona ecológicamente sensible. Además, defensores de los derechos humanos critican la deshumanización y criminalización de los inmigrantes al utilizar un entorno salvaje como herramienta de disuasión.
¿Cómo se financiará el centro de detención "Alligator Alcatraz"?
El costo operativo del centro de detención "Alligator Alcatraz" se estima en más de 450 millones de dólares anuales. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) reembolsará parte de estos costos. Los fondos provienen de programas destinados a apoyar organizaciones que atienden a migrantes, aunque esta financiación ha sido objeto de controversia.
¿Qué medidas han tomado las autoridades locales respecto a "Alligator Alcatraz"?
Las autoridades locales, especialmente en el condado de Miami-Dade, han expresado su preocupación por el proyecto. La alcaldesa Daniella Levine Cava ha solicitado una revisión exhaustiva del impacto ambiental y social antes de proceder con el uso del terreno. El estado de Florida ha propuesto pagar 20 millones de dólares por el terreno, aunque su valor tasado supera los 190 millones, lo que ha generado tensiones entre el gobierno estatal y las autoridades locales.
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