Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño cuyo caso generó amplio debate en Estados Unidos, fue liberado este viernes de la cárcel del condado de Putnam, en Tennessee, tras una orden judicial que le permite esperar en libertad condicional el juicio que enfrenta por cargos de tráfico de personas.
El hombre, que residía en Maryland con su esposa e hijos, había sido deportado por error a El Salvador en marzo de este año, pese a contar con una orden judicial que lo protegía de esa medida debido al riesgo de violencia en su país natal.
Tras semanas de presión y una orden judicial, el gobierno estadounidense lo repatrió en junio, aunque de inmediato fue encarcelado por un caso penal que se remonta a 2022.
El viernes, Abrego García salió de prisión vestido con camisa blanca y pantalón negro, acompañado de su abogado Rascoe Dean. Ambos evitaron hablar con la prensa y abordaron una camioneta rumbo a Maryland, donde permanecerá bajo arresto domiciliario, monitoreo electrónico y con su hermano como custodio. Solo podrá salir para trabajar, asistir a servicios religiosos o realizar actividades previamente autorizadas.
Su defensa sostiene que los cargos de contrabando son un “ataque vengativo” por haber cuestionado públicamente su deportación. “La liberación trae alivio, pero no seguridad. ICE todavía puede intentar detenerlo o deportarlo a un tercer país”, indicó a la agencia AP, Simon Sandoval-Moshenberg, su abogado en Maryland.
El caso ha desatado un choque político. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticó duramente la decisión judicial y aseguró que “jueces liberales activistas” están bloqueando los esfuerzos por expulsar a “delincuentes extranjeros ilegales”.
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Por su parte, los abogados de Abrego García pidieron esta semana la desestimación del proceso penal, argumentando que la fiscalía actúa con fines de represalia. Las imágenes de la detención de 2022 muestran que tras ser detenido por exceso de velocidad, la policía lo dejó continuar pese a transportar a nueve pasajeros.
Abrego García ha residido en Estados Unidos durante varios años y, en 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a El Salvador, al considerar que enfrentaba un “temor fundado” de sufrir violencia si era devuelto a ese país.
Esta medida le impedía ser expulsado específicamente a territorio salvadoreño, aunque no le garantizaba un estatus legal permanente ni impedía que el gobierno estadounidense intentara enviarlo a un tercer país que aceptara recibirlo.
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