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Dos ciudadanos cubanos con amplio historial delictivo fueron detenidos esta semana en Florida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), como parte de las operaciones intensificadas de la administración de Donald Trump contra migrantes indocumentados con antecedentes penales.
La oficina de Ejecución de Operaciones de Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) en Miami informó que Gilberto Michael Marrero Henríquez, de 40 años, fue arrestado por ser residente ilegal desde 2015 y contar con múltiples condenas previas, entre ellas manejo bajo influencia del alcohol (DUI), fraude, robo mayor, violaciones de libertad condicional y delitos de tránsito.
Por separado, el equipo de ERO en Tampa detuvo a Noslen Hernández Guerra, de 39 años, condenado por fraude electrónico, robo de identidad, lavado de dinero y posesión de herramientas de falsificación.
Hernández Guerra fue juzgado en 2017, pero estaba sujeto a una orden final de deportación desde 2016. Permanecía en Estados Unidos de manera ilegal, según la actual administración.
Ambos arrestos se producen en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas migratorias del Gobierno estadounidense, que en los últimos meses ha retomado con fuerza las deportaciones hacia terceros países, ante la negativa de algunos Estados, como Cuba, a recibir a sus ciudadanos con historial delictivo.
Deportaciones sin retorno y sin garantías
El caso de los dos cubanos detenidos ocurre apenas días después de que se conociera la situación de otro migrante cubano deportado en julio a Esuatini, una pequeña nación africana gobernada por una monarquía absoluta, donde permanece encarcelado sin cargos ni acceso a abogados desde hace siete semanas.
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Ese migrante fue parte de un grupo de cinco hombres trasladados desde Estados Unidos bajo un programa secreto de deportaciones a terceros países, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras la aprobación de la Corte Suprema para reanudar este tipo de expulsiones sin necesidad de ofrecer garantías legales básicas.
El cubano, acusado previamente de asesinato y pertenencia a pandillas, fue presentado por las autoridades estadounidenses como uno de los “criminales tan bárbaros que sus países de origen se negaron a aceptarlos”. Sin embargo, su detención indefinida en condiciones cuestionadas ha desatado críticas de organizaciones de derechos humanos.
Una política migratoria polémica y en expansión
La política de deportaciones a países sin vínculos con los migrantes se consolidó en junio, tras un fallo de la Corte Suprema que anuló restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para aplicar la medida incluso en casos donde se alegan riesgos de tortura o muerte.
Desde entonces, migrantes han sido enviados a países como Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, en medio de denuncias de opacidad, detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.
Mientras tanto, las autoridades migratorias en Florida continúan intensificando los operativos contra indocumentados con historial penal, a quienes consideran una “amenaza para la seguridad pública”.
“Los arrestos de Marrero Henríquez y Hernández Guerra demuestran nuestro compromiso continuo de localizar y remover a individuos con antecedentes criminales que violan las leyes migratorias de Estados Unidos”, señaló ERO Miami en un comunicado difundido en redes sociales.
Cuba se desentiende de los migrantes con antecedentes penales "peligrosos"
Aunque los acuerdos migratorios firmados entre La Habana y Washington obligan al régimen cubano a aceptar el retorno de sus ciudadanos, en la práctica el Gobierno se niega sistemáticamente a recibir a quienes tienen condenas graves.
Esta situación ha empujado al gobierno de Estados Unidos a buscar alternativas en terceros países, muchas veces sin relación cultural, lingüística ni legal con los migrantes.
La crisis ha encendido las alarmas entre expertos legales y defensores de derechos humanos, que alertan sobre el uso de estas naciones como “depósitos de indeseables” y la exposición de los migrantes a tratos crueles, prisión sin juicio y desarraigo extremo.
Preguntas Frecuentes sobre Deportaciones de Cubanos Indocumentados en EE.UU.
¿Por qué fueron arrestados Gilberto Michael Marrero Henríquez y Noslen Hernández Guerra por ICE en Florida?
Gilberto Michael Marrero Henríquez fue arrestado por ser residente ilegal desde 2015 y tener múltiples condenas previas, como DUI, fraude y robo mayor. Noslen Hernández Guerra fue detenido por condenas de fraude electrónico, robo de identidad y lavado de dinero. Ambos casos forman parte de las operaciones de ICE contra migrantes indocumentados con antecedentes penales en Estados Unidos.
¿Cómo afecta la política de deportación de Estados Unidos a los migrantes cubanos con antecedentes penales?
La política de deportación de Estados Unidos se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump, especialmente contra inmigrantes con antecedentes penales. Cuba se niega sistemáticamente a aceptar a sus ciudadanos condenados por delitos graves, lo que obliga a EE.UU. a buscar terceros países para deportarlos, como Esuatini y Sudán del Sur, a menudo en condiciones que han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos.
¿Qué consecuencias tiene la política migratoria de Estados Unidos para los derechos humanos de los deportados?
Las deportaciones hacia terceros países sin vínculos culturales con los deportados han generado críticas debido a la opacidad, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a defensa legal. Casos como el del cubano deportado a Esuatini han desatado alarmas por la detención indefinida sin juicio y en condiciones cuestionadas, lo que supone una violación potencial de los derechos humanos básicos.
¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos sobre la deportación de cubanos a terceros países?
Organizaciones de derechos humanos han criticado fuertemente la política de deportaciones a terceros países, señalando que expone a los deportados a tratos crueles y desarraigo extremo. Estas organizaciones advierten que la falta de garantías legales y la deportación a lugares sin vínculos culturales pueden violar los derechos humanos de los migrantes.
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