Cuba cerró el mes de agosto de 2025 con 1.185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según denunció este miércoles la organización Prisoners Defenders, que calificó el dato como un nuevo récord mensual en la isla.
En su más reciente informe, la entidad con sede en Madrid documentó el ingreso de 13 nuevos prisioneros políticos solo en agosto, mientras que se registraron cuatro bajas, tres por cumplimiento íntegro de sanción y una por expatriación forzosa, la de la activista Aymara Nieto Muñoz, quien fue excarcelada bajo la condición de abandonar el país. Nieto fue trasladada directamente desde prisión al aeropuerto, sin poder despedirse de su hija mayor, y deportada a República Dominicana junto a su esposo e hijas menores.
Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de agosto de 2025, Prisoners Defenders ha registrado un total de 1.882 personas clasificadas como presos políticos en Cuba, casi todos ellos ciudadanos sin filiación política que han sido encarcelados tras protestar pacíficamente contra el régimen.
El informe revela también que actualmente hay 472 prisioneros con patologías médicas graves y 41 con trastornos mentales severos sin tratamiento adecuado, en condiciones que la organización califica como inhumanas.
Entre los nuevos detenidos figura Adrián González Pérez, un trabajador por cuenta propia de Guantánamo, arrestado tras protestar por una multa arbitraria. Padece una condición mental que lo hace especialmente vulnerable. También fue incluido en la lista el joven Leonardo Maleta Veranes, huérfano y detenido en Santiago de Cuba por escribir consignas en una escuela.
Otro caso es el de Pavel Torres Rodríguez, arrestado en Matanzas tras publicar críticas al Gobierno en Facebook. Lleva casi un año encarcelado sin juicio y con múltiples irregularidades denunciadas por su familia, incluidas coacciones, desaparición de expediente judicial y deterioro de su salud física y emocional.
En la prisión de Las Mangas Nuevas, en Bayamo, están recluidos siete manifestantes pacíficos, algunos de ellos golpeados por agentes o presos comunes, en represalia por ejercer su derecho a la expresión. Alexander Guzmán Silva, uno de los detenidos, fue brutalmente agredido tras exigir su visita familiar. Pedro Luis Zamora Isaac, Michael Vázquez González y otros reos han sido víctimas de golpizas, amenazas y prolongadas detenciones sin tutela judicial.
Dos nuevos presos políticos, Erisbel Álvarez Yanes y Yosbel Carbajal de la Paz, fueron condenados a 10 años de prisión por regresar en una embarcación desde Estados Unidos. Según Prisoners Defenders, el juicio estuvo plagado de irregularidades, desde detención arbitraria hasta fabricación de cargos y uso del sistema judicial como castigo ejemplarizante.
Menores y mujeres entre los prisioneros
El informe alerta que al menos 33 de los 1.185 prisioneros políticos fueron detenidos siendo menores de edad. De ellos, 30 siguen cumpliendo condenas y tres están procesados sin supervisión judicial. Además, 122 mujeres continúan encarceladas por motivos políticos o de conciencia.
Un total de 702 son catalogados como convictos de conciencia, 447 como condenados de conciencia y 36 como otros presos políticos, clasificaciones que reflejan violaciones graves a los derechos humanos, debido proceso y neutralidad judicial.
Contexto alarmante: torturas, muertes y condiciones críticas
Los datos de Prisoners Defenders coinciden con un informe publicado a principios de agosto, que reportó 91 denuncias de abusos en las cárceles cubanas durante el mes de julio, incluidas 68 violaciones de derechos humanos y dos muertes bajo custodia estatal. Una de las víctimas fue Yan Carlos González, fallecido tras más de un mes en huelga de hambre.
Además, otro informe difundido en junio reveló que en los primeros seis meses del año se produjeron 24 muertes bajo custodia estatal y 160 denuncias de tortura, entre ellas golpizas, negación deliberada de atención médica y tortura psicoemocional. De las víctimas, al menos 56 eran presos por motivos políticos.
“El régimen tiene la obligación de garantizar la integridad de todas las personas bajo su custodia”, advirtió en ese entonces Camila Rodríguez, directora de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, organización responsable del monitoreo a través del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que ha exigido la apertura de las cárceles cubanas a observadores independientes.
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