Carlie no pensó que su último año en la Universidad de Florida Central terminaría entre miedos, encierro y clases en línea.
La joven, originaria de Haití, esperaba graduarse en relaciones públicas y trabajar con organizaciones que ayudan a estudiantes como ella.
Según informó Univisión, tras perder el acceso a la matrícula estatal, hoy estudia desde su apartamento, sin salir ni para hacer las compras, por miedo a ser detenida por agentes de inmigración.
Como ella, miles de estudiantes indocumentados en Florida han visto cómo su educación universitaria se tambalea.
Todo comenzó cuando los legisladores estatales revocaron la ley de 2014 que permitía a los residentes sin estatus legal pagar matrícula como si fueran residentes.
La nueva normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis y respaldada por la administración del presidente Donald Trump, entró en vigor el 1 de julio.
Más de 6,500 estudiantes en el estado calificaron para la exención de matrícula durante el ciclo 2023-2024.
Sin ella, el costo anual para un estudiante no residente puede superar los 30,900 dólares, frente a los 6,380 dólares que paga un residente del estado, sin contar vivienda, transporte y otros gastos.
Paradójicamente, la ley ahora derogada había sido defendida por la entonces legisladora estatal republicana Jeanette Nuñez, hoy vicegobernadora.
Su cambio de postura ilustra cómo la política migratoria de Florida ha virado hacia las prioridades del gobierno federal actual.
El impacto es devastador. Diego Dulanto Falcon, que se graduó en Psicología gracias a la exención y ahora cursa una maestría en Salud Pública, lo resume así: “Los estudiantes completamente indocumentados no tienen absolutamente ninguna opción. O trabajan de manera informal o simplemente no trabajan en absoluto”.
David, un joven hondureño, se preparó en la secundaria para ir a la universidad, pero ahora trabaja en un restaurante de comida rápida porque no puede pagar la matrícula.
“Yo hice precisamente lo que me dijeron que hiciera: estudiar. Pero no fue suficiente”, dijo, también a Univisión.
Este cambio no es exclusivo de Florida. El Departamento de Justicia ha demandado a estados como Texas, Kentucky, Minnesota y Oklahoma para eliminar beneficios educativos a inmigrantes sin papeles.
En Texas, una ley similar fue bloqueada por un juez federal en junio.
Mientras tanto, el Departamento de Educación investiga a universidades que otorgan becas a estudiantes sin estatus migratorio.
“La idea de que todo eso se les pueda arrebatar de una manera tan cruel desalienta a los educadores”, señaló Rosie Curts, maestra de matemáticas en Dallas.
Carlie, por su parte, se matriculó en línea en la Universidad Global de Purdue. Algunos créditos no se le reconocieron y tuvo que cambiar de especialización.
No regresó al campus porque, asegura, más de una docena de universidades en Florida —incluida UCF— tienen acuerdos con ICE que permiten operaciones de control migratorio.
“Elegí la escuela en línea porque simplemente no me siento segura”, dijo.
Vive encerrada, recibiendo alimentos en su apartamento, a horas de distancia de su familia en Miami. Teme ser detenida sin que nadie lo sepa.
“Estoy tratando de volver a encarrilar mi vida”, concluye. “Pero no puedo quedarme en casa para siempre”.
Un drama similar se vive en las escuelas de Florida, donde la eliminación de la política que protegía a estos centros de las redadas migratorias ha convertido los planteles en espacios de miedo para miles de estudiantes en todo Estados Unidos.
Los dos principales sindicatos de docentes en Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por permitir arrestos migratorios en escuelas e iglesias, lo que ha provocado miedo, abandono escolar y ansiedad entre estudiantes, educadores y familias.
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