La eliminación de la política que protegía a las escuelas de las redadas migratorias ha convertido los planteles en lugares de temor para miles de estudiantes en Estados Unidos.
Los dos principales sindicatos de docentes en Estados Unidos presentaron una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por permitir arrestos migratorios en escuelas e iglesias, lo que ha provocado miedo, abandono escolar y ansiedad entre estudiantes, educadores y familias.
La información fue publicada por la agencia Associated Press (AP), que indica que la Asociación Nacional de Educación (NEA) y la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), que representan a más de 4 millones de trabajadores escolares en todo el país, acusan al gobierno de violar la ley al eliminar la política que durante décadas restringía a los agentes de inmigración actuar en “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales y lugares de culto.
La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Eugene, Oregón, y se une a otra interpuesta en abril por un sindicato agrícola y un grupo de iglesias.
Todos cuestionan la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de eliminar la directiva de 2021 que protegía el acceso de menores a la educación y de personas de fe a sus espacios religiosos sin temor a redadas.
Uno de los casos más citados ocurrió en una escuela preescolar de Oregón, donde agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rompieron la ventana de un vehículo y sacaron por la fuerza al padre de un estudiante, poco después de que dejara al niño en el campus.
El incidente provocó el cierre de emergencia de la escuela, y los maestros pusieron música para que los menores no escucharan el caos afuera.
Lauren Fong, maestra del niño, cuestionó en entrevista: “¿Por qué en una escuela? ¿Por qué no en otro lugar, cualquier otro lugar?”.
AP recordó que la detención ocurrió en el estacionamiento del centro educativo, que es propiedad privada y estaba lleno de niños pequeños, relató.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió a las críticas señalando que los agentes necesitan aprobación de un supervisor para actuar en escuelas o iglesias, y que esos casos deben ser “extremadamente raros”.
Sin embargo, la demanda documenta varios incidentes en escuelas de Oregón, California y Texas, incluyendo uno en Los Ángeles, donde agentes armados y enmascarados ordenaron a un niño de 15 años con discapacidades salir de un auto mientras buscaban a un sospechoso, que luego resultó ser otra persona.
Los efectos no tardaron en sentirse. De acuerdo con un estudio del economista de la Universidad de Stanford Thomas Dee, en el Valle Central de California se registró un aumento del 22 % en las ausencias escolares tras las redadas migratorias de enero y febrero de este año, en comparación con los dos ciclos escolares anteriores.
Educadores en distintos estados reportan que muchos alumnos dejaron de asistir a clases por temor a ser detenidos o ver a sus familiares arrestados.
Una maestra en Texas relató que la matrícula de su clase de inglés como segunda lengua ha caído de forma drástica.
En California, una logopeda señaló que padres inmigrantes se niegan a inscribir a sus hijos en educación especial por miedo a compartir más datos con la escuela.
El País, que también accedió a los documentos legales, detalló que los centros escolares en varios condados de EE. UU. han comenzado a implementar protocolos para limitar el acceso de agentes migratorios sin orden judicial y proteger los datos de sus estudiantes.
Además, citó que al menos una docena de universidades en Florida han firmado acuerdos de cooperación con ICE, lo que ha incrementado la preocupación entre familias inmigrantes.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump eliminó la política federal que protegía a las escuelas e iglesias de las operaciones de ICE.
En su lugar, el DHS instó a los agentes a usar “sentido común” y sostuvo que los criminales ya no podrían “esconderse en escuelas e iglesias para evitar el arresto”.
Los sindicatos aseguran que esta decisión viola la Ley de Procedimiento Administrativo y los derechos constitucionales de libertad religiosa, al generar un clima de miedo en espacios protegidos.
Líderes de iglesias con feligresía inmigrante también se unieron a la demanda tras reportar una disminución en la asistencia a misa por temor a detenciones en los templos.
Becky Pringle, presidenta de la NEA, dijo que “el gobierno de Trump está creando miedo y caos, y nuestros estudiantes, escuelas y comunidades están pagando el precio”.
Por su parte, Randi Weingarten, presidenta de la AFT, afirmó que “las aulas deben ser lugares seguros y acogedores para el aprendizaje y el descubrimiento”.
El gobierno federal ha negado que ICE esté realizando redadas masivas en escuelas. Según declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, “el ICE no va a las escuelas a arrestar menores”, y señaló que los medios estarían creando “un clima de miedo”.
Afirmó, sin embargo, que los agentes podrían actuar si consideran que hay una amenaza pública, como un delincuente peligroso oculto en una escuela.
El contexto ha encendido la alarma en comunidades educativas, donde miles de maestros, padres y estudiantes se sienten atrapados entre el deber de asistir a clases y el miedo constante a una detención.
Según datos de FWD.us citados por El País, en 2021 había más de 620 000 estudiantes indocumentados en escuelas primarias y secundarias de EE. UU., y 3,9 millones de estudiantes ciudadanos con al menos un progenitor sin estatus legal.
Para los sindicatos demandantes, lo más grave es que se está debilitando uno de los pilares del sistema educativo: la confianza.
“Aunque un solo niño deje de ir a la escuela por miedo, ya es demasiado”, resumió uno de los educadores firmantes.
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