La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigar a un grupo de empresas con sede en el sur de Florida que podrían ser canales de financiamiento del régimen cubano.
Telemundo 51 informó que la legisladora republicana presentó una lista de 11 compañías que presuntamente mantienen vínculos comerciales con el gobierno cubano, a través de servicios como envíos a Cuba, remesas puerta a puerta e incluso venta de automóviles para importadores cubanos.
“La gente del Departamento del Tesoro nos prometen que van a investigar. Eso de estar haciendo negocios entre La Habana y Miami no, eso no se puede hacer”, afirmó Salazar.
En su criterio, esas compañías estarían saltándose las leyes del Embargo a Cuba, y sirviendo como “tapes del régimen”, una expresión con la que se refirió a posibles fachadas que en realidad benefician económicamente al aparato estatal cubano.
“Tenemos identificada empresas que son ‘tapes’ del régimen. Las vamos a descubrir y las vamos a cerrar. Es imposible que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista”, agregó.
Esta semana, Salazar participó en una audiencia del Comité de Servicios Financieros en el Congreso de EE.UU. y enfatizó que miles de residentes en el sur de Florida llegaron escapando de la represión en Cuba, y exigen que se haga cumplir la ley contra quienes, directa o indirectamente, sustentan al gobierno de la isla.
Hasta el momento, el Departamento del Tesoro no ha emitido comentarios públicos sobre el inicio formal de una investigación, aunque Salazar insiste en que el compromiso fue asumido por la agencia.
La semana pasada, el congresista republicano Carlos Giménez y el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, se comprometieron a poner fin a los vínculos económicos del régimen cubano con el sur de la Florida.
Fernández lanzó una advertencia pública a las empresas que comercien con La Habana. El funcionario insistió en que ha llegado la hora de poner límites.
“Es importante dejarle claro a todos aquellos que de alguna manera están siempre manteniendo a esa dictadura que llegó el momento de decirle basta aquí en el sur de la Florida”, apuntó.
El caso podría reavivar el debate sobre los negocios permitidos entre entidades estadounidenses y empresas que operan en Cuba, especialmente en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump ha mantenido una línea dura hacia el régimen de La Habana.
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