Las detenciones de cubanos con estatus migratorio I-220A continúan aumentando en Estados Unidos bajo la política de mano dura impulsada por Donald Trump.
El nuevo caso es el de Pastor Michel Roque Armas, natural de Pinar del Río, quien fue arrestado en San Antonio, Texas, tras acudir a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La detención ocurrió hace tres meses, pero la familia decidió hacerlo público ahora, tras recibir una orden de deportación dictada el viernes por un juez de inmigración.
Según relató su esposa Rosmery al periodista Javier Díaz, de Univisión, la medida sería devastadora para ella, pues se quedaría sola en el país con su hija de cinco años.
La mujer subrayó que su esposo "es un hombre de bien" y no tiene antecedentes en Estados Unidos.
Una política que criminaliza a todos los emigrantes
El caso de Roque se suma al de otros cubanos con I-220A que han caído en el radar de ICE en los últimos meses.
Aunque este documento no otorga residencia, ha permitido a miles permanecer en Estados Unidos mientras esperan una definición de su estatus y la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, las recientes redadas y arrestos reflejan un patrón claro: la política migratoria de Trump apunta contra quienes intentan regularizarse, incluso si no tienen historial delictivo.
Este lunes se conoció el arresto de Yasmani Guía Pablo, conductor de Lyft en Georgetown, Texas, y también portador de I-220A.
Fue detenido en pleno trabajo bajo la acusación de estar intoxicado, algo que su esposa -ciudadana estadounidense- desmintió tajantemente, denunciando que se trató de un episodio racista.
Yasmani, músico y compositor cristiano, ahora enfrenta la amenaza de ser deportado.
Historias de abuso y desesperación
Los testimonios se repiten.
Rogelio Lázaro González Moya, de 26 años, fue detenido en Miami tras asistir a su primera audiencia de inmigración en junio pasado.
Desde entonces ha sido trasladado a centros en Florida, Texas y Arizona, soportando condiciones extremas: encadenamientos, encierros en celdas heladas y alimentación insuficiente.
En Phoenix, Arizona, una joven cubana fue arrestada al salir de su trabajo aun teniendo permiso laboral vigente. Pasó un mes en un centro de detención hasta que fue liberada con grillete electrónico.
Su relato muestra cómo incluso quienes cumplen con sus obligaciones legales pueden ser castigados bajo estas medidas.
En Miami, periodistas han documentado redadas en cortes de inmigración, donde de cubanos con I-220A fueron arrestados a la salida de sus audiencias con ICE.
El trasfondo político
El endurecimiento de estas acciones no es casual. Forma parte de la agenda de Trump en su segundo mandato, marcada por una cruzada contra la inmigración ilegal que ha tenido un efecto particular sobre los cubanos.
Aunque la Ley de Ajuste Cubano reconoce a los migrantes de la Isla como víctimas de una dictadura, hoy muchos de ellos viven bajo el temor constante de ser deportados.
No importa si trabajan, pagan impuestos y cumplen sus obligaciones con la esperanza de regularizarse.
El mensaje oficial parece ser que la paciencia y el cumplimiento de las reglas no garantizan permanecer en el país.
El caso de Michel Roque Armas simboliza esa contradicción: un padre de familia que llegó a Estados Unidos dejando atrás el régimen cubano, pero que hoy enfrenta la amenaza de ser expulsado por un sistema que castiga más la condición migratoria que los verdaderos delitos.
La comunidad cubana observa con preocupación este patrón de persecución. Cada nuevo arresto refuerza la idea de que, lejos de ser protegidos como refugiados políticos, los portadores de I-220A son tratados como delincuentes en un país que históricamente había sido refugio para los perseguidos de la Isla.
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