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Autoridades cubanas realizaron un operativo contra vendedores en la Calle 13 de Holguín como parte del llamado del gobierno a reforzar "el orden interior", en un contexto marcado por el malestar popular, apagones y protestas en diversas provincias.
El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó a reforzar la “tranquilidad ciudadana” y el “orden interior” en el inicio del IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, que se desarrolla en todo el país.
Este miércoles, perfiles oficialistas en Facebook informaron de un operativo en la citada zona, reconocida por el comercio informal en la ciudad holguinera.
Las acciones se llevaron a cabo en la calle 13, la calle 8 y alrededores de Las Baleares, en Holguín, donde se desplegaron agentes y funcionarios para aplicar multas y decomisos a vendedores informales.
Vecinos de la zona compararon la situación con la conocida “Cuevita” de La Habana y denunciaron en redes sociales una “dictadura de inspectores y policías corruptos” imponiendo multas arbitrarias.
“Hoy están poniendo multas en calle 13, Holguín”, reportó un usuario.
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En el operativo participaron también trabajadores de Comunales y Materia Prima, encargados de la limpieza de las áreas intervenidas. Las acciones se presentaron como parte del combate a las “ilegalidades” y la organización de espacios públicos.
Paralelamente, el régimen endureció su respuesta a las recientes protestas con arrestos masivos y condenas severas. En Gibara, provincia de Holguín, al menos 27 personas fueron detenidas tras manifestaciones ciudadanas. En Bayamo, 15 manifestantes que participaron en las protestas del 17 de marzo de 2024 fueron condenados a penas de entre tres y nueve años de prisión.
Los cargos imputados incluyen desórdenes públicos, desacato, resistencia, desobediencia e instigación a delinquir. Organizaciones de derechos humanos han denunciado irregularidades procesales, detenciones arbitrarias y un patrón sistemático de represión.
“El enfrentamiento al delito debe ser una tarea cotidiana”, advirtió Díaz-Canel, quien ordenó actualizar los planes de seguridad institucional y actuar con firmeza ante fenómenos como el robo de cables eléctricos, transformadores, corrupción administrativa, evasión fiscal y violencia de género.
No obstante, el enfoque sigue centrado en el control y la represión, en lugar de ofrecer respuestas concretas a la población que sufre carencias crecientes de alimentos, agua potable, medicamentos y servicios básicos.
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