El gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió que el Gobierno tomará medidas contra quienes cierren vías públicas durante protestas en la capital, al calificar de “inadmisible” el desorden público.
El mensaje se produjo en una reunión de seguimiento a la crisis de agua, electricidad y basura que golpea a La Habana, y llega tras varios días de tensión vecinal y quejas por servicios básicos.
“Los reclamos de la población son legítimos, pero tienen que hacerse en los lugares establecidos: en el Partido, en las instituciones del Gobierno y del Estado. Nadie está autorizado a cerrar una vía pública porque obstaculizan servicios imprescindibles para nuestro propio pueblo, se tomarán medidas al respecto. Es inadmisible el desorden público”, dijo el gobernante, en un llamado que llega tras varios días de tensión ciudadana.
Díaz-Canel sostuvo que “todos los organismos, instituciones y estructuras partidistas” están volcados a la capital y reconoció que los problemas “son de envergadura” y “no se resuelven en un fin de semana”, por lo que exigió sistematicidad en el trabajo. También admitió “problemas acumulados de organización” detectados en la actual operación de apoyo.
Entre las medidas de control anunciadas, ordenó inspeccionar a los centros del sector no estatal para verificar el cumplimiento de los planes de consumo eléctrico y advirtió que “lugar que incumpla su plan se cierra”. Además, pidió montar un sistema de control del combustible asignado a la capital.
En cuanto al abastecimiento de agua, orientó priorizar los sitios con más tiempo de afectación y vincular a la población en las labores de limpieza y embellecimiento, así como movilizar a los centros de trabajo para que apoyen a sus comunidades en esas tareas.
El enfoque criminaliza la protesta ciudadana —una válvula de escape en un contexto de carencias— y desplaza la discusión de fondo: apagones prolongados, intermitencia del abasto de agua y acumulación de desechos en barrios enteros.
A mayor crisis, mayor represión
Miguel Díaz-Canel presidió este viernes una reunión extraordinaria en el Comité Provincial del PCC en La Habana, acompañado por ministros, jefes militares y altos dirigentes del Buró Político, tras las protestas y cacerolazos que sacudieron la capital en la víspera.
En la sesión, el gobernante anunció la conformación de equipos de trabajo que se integrarán con autoridades locales y organizaciones de masas para “atender directamente” las demandas vecinales.
También movilizó medios y fuerzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (Minint), reforzando la presencia militar en el manejo de la crisis.
Los pronunciamientos del régimen llegan dos días después de que decenas de cubanos se lanzaran a la calle en La Habana tras varios días consecutivos de severos apagones y escasez de agua.
Los apagones han sido continuos y generalizados en toda la ciudad, con cortes de hasta 24 horas, lo que ha generado un creciente descontento social.
Varios ciudadanos han expresado su hartazgo por la falta de soluciones y la repetición de las mismas explicaciones oficiales, mientras enfrentan temperaturas sofocantes, mosquitos, escasez de agua y la imposibilidad de realizar tareas cotidianas como cocinar o lavar.
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