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El opositor cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), podría ser liberado próximamente como parte de una negociación política entre el régimen cubano y actores internacionales, según fuentes cercanas a su familia y declaraciones recientes en redes sociales.
Sin embargo, el proceso —que incluiría su destierro junto a su familia— se mantiene en un punto incierto debido a las condiciones que La Habana estaría intentando imponer a sus presuntos interlocutores a cambio de su salida del país.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la hermana del opositor, Ana Belkis Ferrer García, denunció que la dictadura “ha hecho lo posible e imposible por obtener determinados beneficios que obviamente no han logrado, ni lograrán”, al tiempo que agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas tras difundirse su carta desde prisión.
“Exigimos justicia, libertad y vida para mi valiente hermano y todos los detenidos y presos políticos”, añadió la activista que se ha encargado de denunciar y difundir la situación que sufre su hermano junto a otros presos políticos en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Ferrer, de 54 años, aceptó salir al exilio tras más de dos años de encierro y torturas. En una carta fechada el 10 de septiembre de 2025, reveló que su decisión fue tomada “bajo presiones extremas del régimen” y motivada por la necesidad de proteger a su esposa e hijos.
“Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad”, escribió desde su celda, describiendo condiciones infrahumanas y un contexto de hostigamiento constante.
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Recientemente, su familia, en particular su esposa Nelva Ismarays Ortega, denunció que las autoridades cubanas mantienen bloqueada su salida del país y someten al opositor a “tortura psicológica” mientras prolongan las negociaciones para obtener ventajas diplomáticas.
Ortega aseguró que el régimen intenta presionar a Ferrer para que emita declaraciones favorables a un posible diálogo entre Cuba y Estados Unidos, lo cual él ha rechazado tajantemente.
Tradición de canjear presos por concesiones
La maniobra encaja con una larga tradición del régimen cubano de utilizar a presos políticos como moneda de cambio en momentos de aislamiento o crisis diplomática.
A lo largo de seis décadas, La Habana ha condicionado liberaciones o destierros a negociaciones con terceros países, especialmente con el Vaticano, España y Estados Unidos.
En 2010, por ejemplo, el gobierno de Raúl Castro liberó a 52 presos del “Grupo de los 75” —encarcelados durante la Primavera Negra de 2003— tras un acuerdo mediado por la Iglesia Católica y el entonces canciller español Miguel Ángel Moratinos. La mayoría fue enviada directamente al exilio en Madrid, bajo la condición de abandonar el país.
Una estrategia similar se repitió en años posteriores, cuando las autoridades cubanas gestionaron la excarcelación y destierro de disidentes emblemáticos, como Eliécer Góngora (UNPACU), Jorge Luis García Pérez “Antúnez” (Frente de Resistencia Cívica 'Orlando Zapata Tamayo') o el periodista independiente José Luis García Paneque, en operaciones cuidadosamente presentadas como gestos “humanitarios”.
En la práctica, estas liberaciones respondieron a necesidades políticas del régimen, que buscaba aliviar presiones internacionales o facilitar contactos diplomáticos con Occidente.
El caso de Ferrer parece seguir esa misma lógica: una liberación parcial —bajo la figura del exilio forzado— utilizada como carta de negociación frente a posibles acercamientos internacionales o mediaciones diplomáticas.
Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores, la actual coyuntura es más incierta: el gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han endurecido la postura hacia la dictadura y descartado cualquier negociación que implique concesiones al castrismo.
Creciente presión internacional
La situación del líder opositor ha generado una ola de condenas en las últimas semanas. La congresista María Elvira Salazar calificó al régimen de “cruel y cobarde”, mientras que su colega, Mario Díaz-Balart lo calificó de “héroe” y aseguró que será recibido como tal por el exilio cubano.
Por su parte, Rosa María Payá, promotora junto a Ferrer de la plataforma ciudadana ‘Cuba Decide’, subrayó que “salvarse es un acto de resistencia, es defender la dignidad de todo un pueblo”.
El caso Ferrer se ha convertido así en un nuevo foco de tensión entre el régimen cubano y la comunidad internacional. La negativa del gobierno a concretar su salida refuerza la percepción de que La Habana utiliza el sufrimiento de los presos políticos como instrumento de presión diplomática.
Mientras tanto, la familia de Ferrer continúa esperando noticias. “Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”, declaró recientemente Nelva Ismarays Ortega.
En sus palabras resuena el eco de décadas de represión política en Cuba, donde la libertad de un hombre sigue dependiendo de las negociaciones de un Estado totalitario que ve en la dignidad humana una herramienta de cambio, no un derecho.
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