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Tres organizaciones sindicales han llevado a los tribunales al gobierno de Donald Trump por el uso de inteligencia artificial para espiar las redes sociales de inmigrantes con visado y penalizar sus opiniones contrarias a las políticas oficiales, lo que califican como una forma de represión ideológica.
Según reportó la agencia EFE desde Nueva York, los sindicatos Trabajadores del Automóvil Unidos (UAW), Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA) y la Federación Americana de Profesores (AFT) presentaron una demanda contra los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional.
La acción legal fue interpuesta con el respaldo de la Electronic Frontier Foundation (EFF), organización que representa a los demandantes y que sostiene que esta es la primera querella judicial de este tipo en Estados Unidos.
El escrito denuncia que el programa del gobierno utiliza tecnologías automatizadas, incluida la inteligencia artificial, para rastrear las publicaciones de personas con visados, con el fin de identificar y castigar a quienes expresan opiniones que no agradan a las autoridades.
Aseguran que este monitoreo digital se desarrolla en paralelo con una campaña pública de intimidación que tiene como consecuencia el silencio o la autocensura de quienes son objeto de la vigilancia.
La demanda solicita a un juez de Nueva York que detenga de inmediato este programa, argumentando que ha generado miedo entre inmigrantes y ciudadanos, y ha afectado la capacidad de los sindicatos para organizar y comunicarse con sus miembros y posibles afiliados.
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Una encuesta citada por los demandantes reveló que el 80 % de los afiliados al UAW con visado y conocimiento del programa cambiaron su comportamiento en redes sociales. En el caso del CWA, la cifra alcanzó el 40 %, lo que evidencia el impacto directo en la libertad de expresión y asociación.
Lisa Femia, abogada de EFF, alertó sobre la magnitud del monitoreo estatal gracias a la IA. “La escala de este espionaje es igualada por un efecto igualmente espeluznante y masivo sobre la libertad de expresión”, afirmó en declaraciones recogidas por los medios.
El uso de inteligencia artificial por parte del gobierno de Donald Trump para monitorear redes sociales ha desatado una ola de preocupación entre sindicatos, activistas y organizaciones de derechos civiles.
ICE ha invertido más de 1.400 millones de dólares en tecnología de vigilancia, incluyendo sistemas de reconocimiento facial, rastreo de dispositivos móviles y análisis automatizado de contenido digital.
Estas herramientas permiten identificar y seguir en tiempo real a personas consideradas de interés, sin necesidad de supervisión judicial efectiva.
La estrategia incluye un programa de monitoreo constante en plataformas como Facebook, X, TikTok o Reddit. ICE confirmó que espía redes sociales las 24 horas del día, recopilando desde fotos y mensajes hasta datos de geolocalización.
Según la agencia, el objetivo es detectar amenazas a la seguridad, pero defensores de derechos digitales advierten que el programa permite la recopilación masiva de datos de millones de personas, muchas de ellas sin historial delictivo, lo que podría vulnerar derechos constitucionales básicos.
Paralelamente, se ha documentado presión gubernamental directa sobre grandes compañías tecnológicas. Apple y Google cedieron ante el gobierno de Trump al retirar de sus plataformas aplicaciones que alertaban sobre operativos de ICE, como ICEBlock, utilizadas por comunidades migrantes para protegerse de redadas.
La decisión fue criticada como una forma de censura digital al servicio del poder, y generó preocupación por el rol de las grandes tecnológicas en el silenciamiento de voces críticas bajo el argumento de la seguridad nacional.
Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visados a varios extranjeros que celebraron o justificaron públicamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Preguntas frecuentes sobre la vigilancia ideológica y la demanda contra el gobierno de Trump
¿Por qué los sindicatos demandaron al gobierno de Trump?
Los sindicatos demandaron al gobierno de Trump debido al uso de inteligencia artificial para espiar las redes sociales de inmigrantes con visado y penalizar las opiniones contrarias a las políticas oficiales. Acusan al gobierno de llevar a cabo una "vigilancia ideológica" que reprime la libertad de expresión y asociación. Este monitoreo digital ha generado miedo entre inmigrantes y ciudadanos, afectando la capacidad de los sindicatos para comunicarse con sus miembros.
¿Qué tecnologías utiliza el gobierno de Trump para el monitoreo de redes sociales?
El gobierno de Trump ha invertido más de 1.400 millones de dólares en tecnología de vigilancia, incluyendo sistemas de reconocimiento facial, rastreo de dispositivos móviles y análisis automatizado de contenido digital. Estas herramientas permiten monitorear redes sociales las 24 horas del día, recopilando fotos, mensajes y datos de geolocalización. La estrategia de monitoreo busca detectar amenazas a la seguridad, aunque defensores de derechos digitales advierten sobre posibles violaciones a derechos constitucionales.
¿Cuál ha sido la reacción de las compañías tecnológicas ante la presión gubernamental?
Bajo presión gubernamental, compañías tecnológicas como Apple y Google retiraron aplicaciones que alertaban sobre operativos de ICE, como ICEBlock, utilizadas por comunidades migrantes para protegerse de redadas. Esta acción ha sido criticada como una forma de censura digital al servicio del poder, generando preocupación por el papel de estas empresas en el silenciamiento de voces críticas bajo el argumento de la seguridad nacional.
¿Qué consecuencias ha tenido el programa de vigilancia en redes sociales para las comunidades inmigrantes?
El programa de vigilancia ha llevado a un cambio de comportamiento en redes sociales entre inmigrantes con visado, con el 80 % de afiliados al UAW y el 40 % al CWA alterando su uso de las plataformas. Este monitoreo ha generado un clima de miedo e intimidación, resultando en silencio o autocensura por parte de quienes son objeto de vigilancia, impactando negativamente la libertad de expresión y asociación.
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