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Nuevas revelaciones del medio ruso Systema, unidad investigativa de Radio Free Europe (RFE/RL), sacaron a la luz información inédita sobre el caso de Yelena Smírnova, la reclutadora rusa acusada de estafar a cientos de cubanos enviados a la guerra en Ucrania.
Según documentos judiciales obtenidos por los periodistas Yelizaveta Surnacheva y Andrei Soshnikov, Smírnova no solo operaba una red de captación “semiprivada”, sino que mantenía vínculos con estructuras militares rusas y habría participado en el reclutamiento de más de 3,000 extranjeros, entre ellos un gran número de cubanos.
El reportaje reveló la existencia de una carta fechada el 23 de octubre de 2024, firmada por el abogado Serguéi Poselyagín, en la que se solicita la liberación anticipada de Smírnova y se detallaba su implicación en el traslado de cubanos desde La Habana a Moscú.
En la misiva, dirigida a la Comisionada de Derechos Humanos de Rusia, el abogado afirmó que la mujer cubría los gastos de viaje y alojamiento de los reclutas, y luego recuperaba el dinero retirando fondos directamente de sus cuentas bancarias tras la firma de los contratos militares.
Esa carta fue entregada al medio por el diputado ucraniano Marian Zablotskiy, quien afirmó haberla obtenido de fuentes no identificadas. El documento, según la investigación, fue considerado una prueba de la relación funcional entre el Kremlin y las redes de reclutamiento extranjeras utilizadas para alimentar la ofensiva militar en Ucrania.
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El esquema de Smírnova, basado en la ciudad rusa de Riazán, operaba desde inicios de 2023. Publicaba anuncios en español en redes sociales como Facebook y VK, a través de grupos como ‘Cubanos en Moscú’, donde ofrecía empleos civiles, bonos de ingreso y salarios de hasta 2,000 dólares al mes, junto con la promesa de ciudadanía rusa.
Los mensajes estaban dirigidos especialmente a jóvenes cubanos, desesperados por escapar de la crisis económica de la isla.
Una vez en Rusia, los reclutas eran alojados temporalmente y obligados a firmar contratos en ruso que no entendían. Según la investigación, Smírnova o sus colaboradoras tomaban copias de las tarjetas bancarias de los firmantes y retiraban un primer pago bajo el pretexto de cubrir los gastos de traslado.
Cuando los cubanos descubrieron que serían enviados al frente de batalla, muchos intentaron retractarse, pero ya habían perdido control sobre sus documentos y dinero.
“Cuando nos entregaron el uniforme y nos dijeron que fuéramos a entrenar, me di cuenta de que no se trataba en absoluto de construcción”, dijo un recluta a Político en septiembre de 2023. "Una vez que has firmado el contrato, desertar equivale a traición", añadió.
A mediados de 2023, varios reclutas comenzaron a denunciar que Smírnova les robaba sus sueldos. Dos denuncias formales fueron registradas en abril de 2024 y, poco después, la mujer fue arrestada y acusada de fraude. RFE/RL precisó que fue liberada de prisión preventiva en 2025, aunque su paradero actual es desconocido.
El informe también identificó a Olga Shilyáyeva, una peluquera rusa casada con un militar, y a Dayana Díaz, una cubana residente en Rusia, como colaboradoras de Smírnova. Ambas gestionaban los contratos y publicaban anuncios de empleo en redes sociales, donde aparecían con banderas cubanas y rusas y símbolos de apoyo a la invasión.
Fuentes citadas por Systema aseguraron que Shilyáyeva y Smírnova fueron vistas constantemente en el centro de reclutamiento de Riazán, tramitando entre 30 y 40 contratos diarios, y que en la primavera de 2025 ambas fueron enviadas al frente en Ucrania como parte de una unidad compuesta principalmente por exreclusos del ejército ruso.
Algunos cubanos reclutados creyeron que trabajarían en la construcción, pero fueron trasladados directamente a zonas de combate. La misma fuente apuntó que la mayor parte de la estafa fue coordinada por la cubana Dayana Díaz, quien gestionaba las comunicaciones con los nuevos reclutas desde su cuenta de Telegram.
El diputado ucraniano Zablotskiy afirmó que las operaciones de Smírnova no pudieron haberse realizado sin conocimiento del FSB o el GRU, los principales servicios de inteligencia de Rusia.
“Los operadores turísticos han sido históricamente una tapadera logística del Estado ruso. En este caso, Smírnova operó con conocimiento de las autoridades”, declaró a Systema. Aunque el medio no encontró vínculos directos con esos organismos, advirtió que la magnitud de la red de reclutamiento habría sido imposible sin aprobación estatal.
Tras la publicación del informe, el ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reiteró el 11 de octubre que “Cuba no forma parte del conflicto armado en Ucrania ni participa con personal militar allí ni en ningún otro país”, insistiendo en su política de “tolerancia cero frente al mercenarismo y la trata de personas”.
Sin embargo, las nuevas revelaciones indican que la red que operaba desde Riazán siguió activa hasta mediados de 2025, con participación de nacionales cubanos y con un nivel de tolerancia por parte de las autoridades rusas que difícilmente pudo pasar inadvertido.
El caso Smírnova deja de ser solo una historia de estafa: se confirma como un eslabón del sistema de reclutamiento extranjero de Moscú, donde la necesidad económica de los cubanos y la maquinaria de propaganda del Kremlin se cruzan en una guerra que no les pertenece.
Reclutamiento pactado: Vuelos, acuerdos y silencios desde La Habana
El caso Smírnova no puede entenderse de forma aislada. Las evidencias reunidas en los últimos meses —documentos, vuelos, acuerdos y testimonios— apuntan a que la red de reclutamiento de cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania operó en un contexto de sincronía diplomática y logística entre Moscú y La Habana.
Una investigación publicada por CiberCuba en mayo de 2025 reveló que cada pico de reclutamiento de mercenarios cubanos coincidió con un repunte en los vuelos entre ambos países y con la firma de acuerdos bilaterales en materia energética, industrial y, especialmente, militar.
Entre junio y agosto de 2023, cuando la captación de cubanos alcanzó cifras récord, el gobernante Miguel Díaz-Canel había visitado Moscú y declarado que las relaciones con Vladimir Putin eran “estratégicas”.
En esos mismos meses, se firmaron convenios de cooperación en defensa y logística, y el canciller ruso Serguéi Lavrov aseguró que “la cooperación militar entre Rusia y Cuba se desarrolla con éxito”.
En paralelo, las aerolíneas rusas Nordwind y Rossiya multiplicaron los vuelos a Varadero y Cayo Coco, destinos turísticos que de pronto comenzaron a recibir más operaciones semanales sin justificación económica o turística.
A bordo, según las investigaciones de InformNapalm y del proyecto ucraniano “Quiero Vivir”, viajaban jóvenes cubanos con visas de “turismo”, pero con contratos militares esperándolos en Riazán y Tula.
La coincidencia de rutas y fechas no fue accidental. Todo indica que la infraestructura aérea y diplomática cubana sirvió como corredor logístico para el traslado discreto de reclutas hacia bases rusas, con pleno conocimiento de las autoridades.
El argumento de que estos viajes ocurrieron sin control estatal resulta inverosímil en un país donde el régimen supervisa cada movimiento migratorio, cada pasaporte y cada salida al exterior.
Sin embargo, ninguna institución cubana —ni la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, ni el ministerio del Interior (MININT), ni la cancillería— emitió alertas sobre la repentina avalancha de jóvenes rumbo a Rusia.
El propio embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendía Peña, llegó a admitir en septiembre de 2023 que La Habana “no tenía nada en contra de los cubanos que quisieran firmar un contrato legal con el ejército ruso”, declaraciones recogidas por la agencia oficialista rusa Sputnik.
Aunque el ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) intentó luego matizar sus palabras, el daño ya estaba hecho: por primera vez, un representante del régimen reconocía públicamente la aceptación del reclutamiento.
En la misma línea, el portal represorescubanos.com identificó a la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar de la embajada cubana en Moscú, como intermediaria clave en la cooperación militar entre ambos gobiernos.
Fuentes de inteligencia ucranianas citadas por medios internacionales la señalan como enlace directo entre el Ministerio de Defensa ruso y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) en el proceso de envío de combatientes.
Mientras tanto, el hackeo del grupo Cyber Resistance a los correos de un oficial ruso reveló la existencia de más de un centenar de pasaportes cubanos escaneados y almacenados en una base militar de la región de Tula, documentos que coincidían con los nombres de jóvenes captados en La Habana y Sancti Spíritus.
Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el reclutamiento de cubanos fue posible gracias a la permisividad —y probablemente la colaboración— del aparato estatal cubano, que facilitó la obtención de pasaportes, el tránsito aéreo y el silencio diplomático.
En un país donde un opositor necesita autorización hasta para viajar a una conferencia, la idea de que cientos de jóvenes pudieran salir rumbo a Rusia sin que el régimen lo notara es insostenible.
Todo apunta a una inacción cuidadosamente calculada, una permisividad funcional a los intereses del Kremlin y al alineamiento geopolítico de La Habana con Moscú.
El gobierno cubano podrá seguir proclamando “neutralidad” o “tolerancia cero al mercenarismo”, pero los hechos dibujan un patrón inequívoco: cada acercamiento político con Rusia coincide con un aumento de reclutas, cada vuelo comercial encubre un traslado militar, y cada silencio oficial encubre una complicidad.
En esa coreografía diplomática —hecha de acuerdos, vuelos y omisiones— se construyó el corredor humano que llevó a miles de cubanos de Varadero a la trinchera, de la miseria al frente de una guerra ajena.
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