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El humorista Ulises Toirac ha calificado el caso del exministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, como “un rompecabezas al que le faltan piezas”.
Su análisis, compartido en redes sociales, no se ha limitado al proceso judicial, sino que ha puesto el foco en el contexto político y en la manera en que la información se gestiona desde el poder.
En medio de la tormenta mediática y política que ha provocado la detención y procesamiento de Gil, Toirac reconoce que hasta ahora había evitado profundizar en el tema, pero lo hace con una advertencia clara: el caso le parece incompleto, envuelto en silencios y tiempos calculados.
Su reflexión ha apuntado no solo a la falta de transparencia, sino también al uso político del “timing” informativo, a la selección y manipulación de los momentos en que el poder decide qué contar y qué callar.
Su pronunciamiento se convierte así en una crítica más amplia a las estructuras de poder en Cuba y a su sistema de control institucional.
En sus palabras, estos episodios reflejan un patrón de inmunidad sistémica: “hay muy pocas cosas realmente importantes a las que se pueda auditar y pedir cuentas. Contraloría no alcanza los gajos altos. Nadie rinde cuentas.”
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El humorista aludió a una vieja estrategia oficialista que justificaba el secretismo en nombre de la seguridad nacional: “una vez nos dijeron que hacía falta la discreción porque el enemigo podía atravesarse en los planes”.
Ese argumento, según él, se institucionalizó hasta convertirse en una excusa para la falta de control y fiscalización sobre los más altos niveles del poder.
Inmunidad estructural y ausencia de rendición de cuentas
La reflexión de Toirac ha ido más allá de la figura de Gil y ha puesto el dedo en la llaga sobre un problema estructural del sistema cubano: la ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas.
Según él, la defenestración de funcionarios en Cuba solo ocurre cuando "salta una liebre" que no se puede esconder, generalmente porque “brinca fuera de fronteras”.
En su visión, la justicia se aplica de forma selectiva y reactiva, no como resultado de una política transparente ni de un periodismo riguroso.
“¿Periodismo investigativo? Menos que menos. De eso ni se diga una palabra. Cogen el dictado y… En el medioevo así se copiaban los libros y los edictos. Se les llamaba escribanos, no periodistas”, ironiza.
Un escándalo que no genera confianza, sino cinismo
Toirac también evalúa el impacto social del caso Gil y concluye que lejos de generar confianza en el sistema judicial, ha consolidado el escepticismo generalizado.
“El caso de Gil ha provocado (y era predecible)… el sentimiento popular de ‘todos hacen lo mismo’”, advierte el comediante.
Critica que la narrativa oficialista no logra distinguir entre corrupción puntual e impunidad estructural: “nadie puede afirmar lo contrario porque ni existe control, ni hay responsabilidad compartida”.
Es decir, el juicio a Gil no despeja dudas, sino que confirma sospechas: que la corrupción es la norma y no la excepción.
El “timing” político: ¿Por qué ahora?
Uno de los aspectos más reveladores del análisis de Toirac es su lectura sobre el momento en que se hace pública la conclusión de la Fiscalía sobre Gil.
Cuestiona que esta noticia -junto con el anuncio de nuevas medidas económicas y el post-ciclón en Orient-— haya sido liberada justo ahora, en medio de la crisis desatada por el paso del huracán Melissa.
“Hace unos días hablé del ‘timing’ en política... Y lo del documento de marras, dos o tres días antes de Melissa... El caso Gil dos o tres días después... O el timing está muy jodido, o algo pasa alrededor de Melissa”, advierte, sugiriendo que el gobierno estaría usando el escándalo de Gil como cortina de humo para desviar la atención de su desastrosa gestión ante la emergencia.
Para Toirac, el foco debía estar en las víctimas del ciclón, en las medidas de prevención y en las carencias estructurales del Oriente cubano.“TODO EL PAÍS DEBÍA ESTAR VOLCADO EN LO DE MELISSA Y ORIENTE”, enfatiza con mayúsculas.
¿Justicia o show?
El humorista cierra con una reflexión demoledora sobre la manipulación del tiempo político y la percepción pública.
Critica el hecho de que se haya tardado casi dos años desde la detención de Gil hasta la publicación oficial del caso, y lo relaciona con la capacidad del régimen para controlar la memoria social: “Si la gente se olvidó del Saratoga y del tarifazo... ¿Gil? Aguantaba dos meses más ahí tranquilito”.
“Par de meses más, no se iba a echar a ver. Pa' la pila de años que parece que le van a echar... No sé. Digo yo”, concluyó.
l pronunciamiento de Ulises Toirac no solo refleja su agudeza como observador político y social, sino también su compromiso con una crítica que va más allá del sarcasmo.
Su análisis del caso de Alejandro Gil es una denuncia velada, pero clara, de un sistema donde el secretismo, la impunidad y la manipulación del discurso se combinan para sostener el statu quo.
A través de su estilo directo, irreverente y profundamente humano, Toirac logra poner en palabras lo que muchos piensan pero pocos se atreven a decir: que el problema no es una manzana podrida, sino el árbol entero.
Otras voces críticas: Luis Alberto García y la indignación compartida
El pronunciamiento de Ulises Toirac no ha sido aislado.
También el actor Luis Alberto García reaccionó con dureza e ironía ante la lista de delitos imputados a Gil Fernández, recordando que el exministro fue durante años una de las figuras más visibles del aparato económico del régimen.
Su publicación, viral en pocas horas, desmontó el discurso oficial que pretende reducir el caso a un desvío individual y no a un fallo estructural del poder.
“Tendría que ser muy gil ese señor para haber intentado erigirse como la única papa descompuesta en ese saco”, ironizó el actor, apuntando a la cadena de responsabilidades políticas que permitió su ascenso y permanencia en el cargo.
En su crítica más severa, García remató con una cita de Hamlet -“Algo huele a podrido en el Estado de Dinamarca”- para subrayar que el problema no es un funcionario corrupto, sino un sistema que se pudre desde dentro.
Imputado por un largo catálogo de cargos
La Fiscalía General de la República informó ek viernes que ejerció acción penal pública contra Alejandro Miguel Gil Fernández —quien se desempeñó como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación— y otros imputados, tras culminar la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior (MININT).
Las actuaciones contra el exvice primer ministro y exministro de Economía y Planificación fueron presentadas al tribunal correspondiente y se solicitaron sanciones privativas de libertad “en correspondencia con los hechos cometidos”.
El Ministerio Público precisó que la solicitud de responsabilidad penal abarca un amplio catálogo de delitos: espionaje; actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; malversación; cohecho; falsificación de documentos públicos; evasión fiscal; tráfico de influencias; lavado de activos; infracción de las normas de protección de documentos clasificados; y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
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