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Mónica Mosquera, hija de Roberto Mosquera del Peral, un cubano deportado a África a mediados de julio, desmintió que su padre sea el peligroso criminal descrito por las autoridades de Estados Unidos y pidió ayuda para esclarecer su situación.
En declaraciones recientes a Univision, Mónica contó que se enteró por la televisión de la deportación de su padre a Esuatini, un pequeño reino del sur de África al que fue trasladado junto a otros cuatro hombres.
Lo que más la sorprendió, dijo, fue el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en redes sociales, donde afirmaban que Roberto Mosquera, de 58 años, había sido deportado por haber sido condenado por homicidio en primer grado y agresión agravada, y que además era miembro confirmado de la pandilla Latin Kings.
“Yo no sé por qué están diciendo todo esto de mi papá. No es verdad. Él es un buen hombre”, declaró la joven.
Según Mónica, su padre tenía 18 años cuando participó en una disputa entre pandillas en la que una persona resultó herida, y fue acusado de intento de homicidio.
El incidente ocurrió hace más de dos décadas. Desde su salida de prisión, asegura, Roberto se dedicó a trabajar y mantener a su familia.
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No obstante, sus antecedentes criminales impidieron que pudiera regularizar su estatus migratorio en EE.UU.
Aun así, su hija insiste en que su padre ya cumplió su condena y no tiene cuentas pendientes con la ley.
Lo que más le preocupa ahora es que permanece en una prisión de máxima seguridad en África sin cargos ni acceso a asistencia legal.
Se da, además, la circunstancia, de que en ocasiones Mosquera mostró su apoyo al presidente Trump en redes sociales, motivo por el cual incluso se siente “tracionado”.
“Él está muy decepcionado y muy triste. Quería llorar cuando hablamos”, aseguró Mónica Mosquera, quien lleva más de un mes sin noticias de su padre.
Huelga de hambre y deterioro de salud
En los últimos días se conoció que Roberto Mosquera está en huelga de hambre en protesta por su detención.
Lleva más de tres meses en una prisión de máxima seguridad en Esuatini, sin cargos formales ni acceso a un abogado, según denunció su representante legal en Estados Unidos.
La abogada Alma David informó en un comunicado enviado a The Associated Press que su cliente llevaba una semana sin ingerir alimentos y que su salud se deteriora rápidamente.
El texto exhorta a las autoridades penitenciarias de Esuatini a garantizar atención médica y permitirle reunirse con su defensa.
Sin embargo, un portavoz del gobierno local remitió las consultas a las autoridades carcelarias, que no respondieron de inmediato.
Un programa de deportaciones bajo crítica
Roberto Mosquera fue uno de los cinco hombres enviados a Esuatini en julio bajo el programa de deportaciones a terceros países implementado durante la administración Trump, duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos.
Estas entidades acusan a Washington de violar el debido proceso y exponer a los deportados a abusos y detenciones arbitrarias.
Según la prensa internacional, los otros deportados eran originarios de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen. Mientras que el jamaicano ya fue repatriado, los demás continúan detenidos en la prisión de Matsapha, cerca de Mbabane, la capital.
Un abogado local ha presentado una demanda ante los tribunales de Esuatini para que los extranjeros tengan acceso a defensa legal, mientras organizaciones civiles denuncian la ilegalidad de su encarcelamiento.
Esuatini, una monarquía absoluta, ha sido señalada por organismos internacionales por reprimir libertades políticas y civiles.
Las autoridades locales aseguran que los hombres serán repatriados, aunque sin precisar cuándo.
Acuerdos secretos y pagos millonarios
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido el programa como una “herramienta efectiva” para expulsar a inmigrantes sin estatus legal, permitiéndoles “auto-deportarse” o ser enviados a países dispuestos a recibirlos.
Sin embargo, Human Rights Watch reveló que EE.UU. ha pagado millones de dólares a gobiernos africanos por aceptar deportados: 5,1 millones a Esuatini para recibir hasta 160 personas y 7,5 millones a Ruanda para acoger hasta 250.
Desde julio, ciudadanos de varios países -entre ellos Sudán del Sur, Ruanda y Ghana- han sido enviados a África bajo estos acuerdos, en gran parte secretos.
Este mes, otros diez extranjeros de Vietnam, Camboya, Filipinas, Cuba, Chad, Etiopía y Congo fueron trasladados también a Esuatini y permanecen detenidos en la misma prisión.
Los abogados de los detenidos denuncian que no han podido reunirse con representantes legales y que sus llamadas a Estados Unidos son vigiladas. Tampoco se conoce el estado actual de salud de los reclusos.
“El hecho de que mi cliente haya recurrido a una medida tan drástica demuestra la desesperación y el sufrimiento que viven”, afirmó la abogada Alma David.
“Los gobiernos de Estados Unidos y Esuatini deben asumir la responsabilidad por las consecuencias humanas de su acuerdo”, concluyó.
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