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En un movimiento que ha desatado un nuevo enfrentamiento legal y administrativo entre el gobierno federal y más de dos docenas de estados, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha exigido a los gobiernos estatales que “anulen de inmediato” los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) emitidos la semana pasada por orden judicial.
La decisión llega justo después de que la Corte Suprema suspendiera las resoluciones judiciales que obligaban al gobierno federal a financiar dichos pagos.
Sin embargo, muchos de estos fondos ya han sido distribuidos, beneficiando a millones de personas necesitadas.
Una demanda en medio del caos administrativo
La exigencia del gobierno federal se produjo mientras más de dos docenas de estados alertaban sobre “interrupciones operativas catastróficas”, en caso de no recibir el reembolso de los fondos usados para distribuir los beneficios del SNAP.
La advertencia forma parte de una demanda urgente presentada el sábado ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
En ella, los estados alegan que el rechazo del gobierno de Trump a reembolsar los pagos podría generar una crisis humanitaria y administrativa de grandes proporciones.
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“Los estados podrían enfrentarse a exigencias de devolución de cientos de millones de dólares en total”, señala el texto legal.
Además, los gobernadores temen que la falta de fondos desencadene una cadena de consecuencias graves: proveedores sin cobrar, interrupciones en la cadena de suministro de alimentos y un aluvión de nuevas demandas judiciales.
Wisconsin, al borde del colapso operativo
Uno de los casos más críticos es el del estado de Wisconsin, que ya había cargado los beneficios del SNAP en las tarjetas electrónicas de 700,000 residentes, incluyendo 270,000 niños, antes de la suspensión judicial.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro bloqueó los reembolsos al estado, lo cual podría dejarlo sin fondos tan pronto como el lunes, según advirtió la administración del gobernador Tony Evers en un extenso comunicado publicado el domingo.
Lejos de aceptar la orden del gobierno federal, Evers fue categórico en su respuesta: “No”, declaró. El gobernador defendió la legalidad de las transferencias hechas bajo protección judicial:
“De conformidad con una orden judicial vigente, Wisconsin cargó legalmente los beneficios a las tarjetas, garantizando que casi 700,000 residentes de Wisconsin, incluyendo a casi 270,000 niños, tuvieran acceso a alimentos básicos”, subrayó Evers.
A su vez, acusó a la administración Trump de haber incumplido su compromiso:
“La Administración Trump aseguró a Wisconsin y a otros estados que estaban trabajando activamente para implementar los beneficios completos del SNAP para noviembre y que ‘completarían los procesos necesarios para que los fondos estuvieran disponibles’. Hasta la fecha, no lo han hecho.”
El SNAP, en el epicentro de una batalla legal prolongada
Este conflicto es apenas el episodio más reciente en una lucha de años entre gobiernos estatales y federales sobre el alcance y la financiación del SNAP, el mayor programa de asistencia alimentaria de Estados Unidos, con más de 42 millones de beneficiarios mensuales.
En noviembre, organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales de varios estados presentaron una demanda para forzar al gobierno de Trump a restablecer los beneficios plenos del SNAP, tras recortes previos.
La semana pasada, tras obtener fallos favorables, los estados procedieron a liberar los fondos de inmediato, respaldados por las decisiones judiciales.
Sin embargo, en una maniobra acelerada, el gobierno de Trump apeló y obtuvo el viernes por la noche una suspensión de dichas resoluciones ante la Corte Suprema.
Pese a que la mayoría de los fondos ya se habían entregado, el Departamento de Agricultura consideró inválidos los pagos.
En una comunicación oficial a los directores estatales del SNAP, Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, escribió:
“En la medida en que los estados enviaron archivos de pago completos del SNAP para noviembre de 2025, esto no estuvo autorizado. Por consiguiente, los estados deben deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos del SNAP para noviembre de 2025.”
Mientras tanto, las organizaciones que impulsaron la demanda inicial temen que la anulación retroactiva de pagos conforme a órdenes judiciales vigentes siente un precedente peligroso para la ejecución de políticas sociales, y al mismo tiempo socave la seguridad jurídica de los programas federales en todo el país.
¿Qué va a pasar?
La orden del gobierno de Trump de anular los pagos del SNAP ya realizados ha sumido a los estados en una crisis operativa de gran escala.
Más allá de las cifras y las disputas entre poderes, la batalla por los Food Stamps es, ante todo, una batalla por el plato de comida de millones de familias.
La respuesta de los estados -tanto legal como política- marcará el rumbo de esta disputa en las próximas semanas. Pero ya hay una certeza: la seguridad alimentaria de más de 40 millones de personas está nuevamente en juego.
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