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Una corte federal de apelaciones en EE.UU. avaló en días recientes la implementación de la Ley SB 264, una polémica legislación impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, relativa a la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros.
La ley impone restricciones a la compra de propiedades en el estado por parte de ciudadanos de varios países considerados “adversarios extranjeros”, entre ellos Cuba, Venezuela, China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria.
El fallo judicial, emitido por el Undécimo Circuito de Apelaciones, con sede en Atlanta, representa una victoria política para la administración estatal y una señal de alarma para diversas organizaciones defensoras de derechos civiles.
Un fallo dividido que autoriza restricciones territoriales
Con una decisión de dos votos contra uno, el tribunal permitió a Florida aplicar la Ley SB 264, aprobada en 2023, la cual prohíbe que la mayoría de ciudadanos chinos adquieran terrenos o inmuebles en un radio de 16 kilómetros de instalaciones consideradas estratégicas para la seguridad estatal, tales como bases militares o infraestructuras críticas de comunicación.
Para ciudadanos de otras naciones -incluidos los cubanos y venezolanos- las restricciones son menores, pero no menos significativas: también se les impide comprar propiedades en determinadas áreas si no cuentan con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
El fiscal general del estado, James Uthmeier, celebró la decisión en redes sociales con una declaración contundente.
Lo más leído hoy:
“Ganamos en grande en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Undécimo Circuito, defendiendo nuestra ley que previene la posesión de tierra en Florida por el Partido Comunista chino”, escribió.
¿Quiénes se ven afectados y qué excepciones existen?
Según los términos de la ley, las restricciones afectan principalmente a ciudadanos de los países mencionados que no son residentes permanentes ni ciudadanos de EE.UU.
Aquellos que poseen visados distintos al de turista -como trabajadores, estudiantes o solicitantes de asilo- pueden, sin embargo, adquirir una única propiedad de hasta 8,000 metros cuadrados, siempre y cuando esté situada a más de ocho kilómetros de cualquier instalación militar o crítica.
Este margen legal ha sido interpretado como un resquicio para permitir que ciertos inmigrantes legales puedan seguir invirtiendo en bienes raíces dentro del estado, pero no ha calmado las críticas que tildan la ley de abiertamente discriminatoria.
Diversas organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA) se han pronunciado enérgicamente contra la legislación.
Ambas entidades promovieron demandas en un intento por bloquear su entrada en vigor, argumentando que representa una forma moderna de las llamadas alien land laws, normas que en la primera mitad del siglo XX prohibieron a inmigrantes asiáticos adquirir tierras en varios estados de EE.UU., incluida Florida.
Clay Zhu, presidente de CALDA, señaló que la SB 264 “explícitamente discrimina contra los inmigrantes chinos y tiene efectos escalofriantes entre los asiático-estadounidenses en Florida que simplemente quieren comprar una casa”.
Por su parte, Ashley Gorski, abogada sénior del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, denunció que “todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación”.
En un voto disidente, el juez Charles Wilson advirtió que esta ley podría reavivar una resurgencia moderna de políticas excluyentes por nacionalidad.
Cuestionó, además, la legalidad de que un estado regule la inversión extranjera, tarea que recae constitucionalmente en el gobierno federal a través del Comité de Inversiones Extranjeras (CFIUS).
Argumentos judiciales y controversia legal
Pese a las críticas, la mayoría del tribunal respaldó la validez del marco normativo impulsado por DeSantis.
El juez Robert Luck, autor de la opinión mayoritaria, consideró que los demandantes no cumplían los requisitos para ser considerados afectados directos.
En particular, citó el caso de Yifan Shen, un ciudadano chino residente en Florida con visa de trabajo desde 2019, afirmando que la ley no se le aplicaba ya que su “domicilio” no estaba legalmente establecido en China.
La demanda inicial, presentada en 2023 en un tribunal federal de Tallahassee, alegaba que la SB 264 violaba derechos constitucionales vinculados a la igualdad de protección y al Fair Housing Act, pero la corte desestimó estos argumentos al considerar que los requisitos de registro para compradores extranjeros no contravenían las normas federales de vivienda.
Impacto económico: Un golpe al mercado inmobiliario internacional
Florida es el estado líder en Estados Unidos en transacciones inmobiliarias con compradores internacionales.
Según cifras de 2024 de la asociación Miami Realtors, cerca del 20 % de todas las compras extranjeras de vivienda en EE.UU. se concentran en Florida, siendo los compradores de Venezuela, Argentina, Colombia y Canadá especialmente activos.
También existe una notable presencia de inversionistas cubanos, muchos de los cuales buscan asegurar un inmueble para uso familiar, inversión o migración futura.
Economistas advierten que la implementación de esta ley podría ralentizar el crecimiento del sector inmobiliario, especialmente en los condados del sur de Florida, donde las inversiones extranjeras han sido históricamente un pilar económico.
La caída de la demanda podría traducirse en menor dinamismo del mercado, reducción del valor de propiedades y efectos colaterales en sectores como la construcción, el financiamiento y el turismo residencial.
El gobierno de Ron DeSantis ha presentado la ley como parte de un esfuerzo por “proteger la soberanía estatal” frente a la injerencia extranjera, en especial la del gobierno chino.
Sin embargo, los críticos denuncian que bajo esa narrativa de seguridad se esconde una peligrosa estrategia de exclusión que podría fortalecer sentimientos antiinmigrantes y estigmatizar comunidades enteras con base en su nacionalidad de origen.
Preguntas frecuentes sobre la Ley SB 264 de Florida y sus implicaciones
¿Cómo afecta la Ley SB 264 de Florida a los ciudadanos cubanos?
La Ley SB 264 restringe la compra de propiedades en ciertas áreas de Florida para ciudadanos de Cuba y otros países considerados "adversarios extranjeros", a menos que tengan residencia permanente o ciudadanía estadounidense. Esto puede limitar las oportunidades de inversión y residencia para los cubanos en el estado.
¿Qué argumentos se han presentado contra la Ley SB 264?
Diversas organizaciones, como la ACLU y CALDA, han argumentado que la ley es discriminatoria y comparan sus restricciones con las alien land laws del siglo XX, que prohibían a los inmigrantes asiáticos adquirir tierras. Se sostiene que restringe derechos civiles y podría fomentar políticas excluyentes por nacionalidad.
¿Cuáles son las excepciones a las restricciones de compra de propiedades en Florida según la Ley SB 264?
La ley permite que ciudadanos de los países afectados, que no sean turistas, puedan adquirir una única propiedad de hasta 8,000 metros cuadrados, siempre que se encuentre a más de ocho kilómetros de instalaciones militares o críticas. Esta disposición busca ofrecer un margen de acción a ciertos inmigrantes legales.
¿Cómo podría impactar la Ley SB 264 en el mercado inmobiliario de Florida?
Economistas advierten que la implementación de esta ley podría ralentizar el crecimiento del sector inmobiliario en Florida. Una caída en la demanda de compradores internacionales podría reducir el dinamismo del mercado, afectar el valor de las propiedades y tener efectos negativos en sectores como la construcción y el turismo residencial.
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