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El gobierno de Estados Unidos prepara un cambio de política migratoria que podría dificultar la obtención de tarjetas de residencia (green cards), asilo, parole y otros estatus para inmigrantes procedentes de países incluidos en la prohibición de viaje del presidente Donald Trump, una lista en la que figura Cuba.
Según borradores internos del Departamento de Seguridad Nacional citados por The New York Times, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) empezarían a considerar los llamados “factores específicos de cada país” —los mismos que sustentan el veto migratorio— como “factores negativos significativos” al evaluar las solicitudes.
El cambio afectaría a peticiones de tarjeta de residencia, asilo, libertad condicional y otros estatus que requieren un “análisis discrecional”, es decir, una revisión en la que un funcionario sopesa elementos positivos y negativos antes de aprobar un beneficio migratorio.
La nueva norma no se aplicaría a las solicitudes de ciudadanía, y aún está en fase de elaboración.
La medida supondría una ampliación importante de la campaña del gobierno para endurecer la inmigración procedente de países que, según Washington, no cuentan con sistemas fiables de verificación de documentos o de cooperación en materia de seguridad.
En los borradores, la agencia señala que algunos Estados no comparten suficiente información de antecedentes y que, en otros casos, las autoridades locales no tienen capacidad adecuada para expedir pasaportes u otros documentos, lo que afectaría la confianza de USCIS en la validez de esos expedientes.
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El debate se enmarca en la prohibición de viaje firmada en junio por Trump, que afecta a 12 países, principalmente de África y Oriente Medio.
La orden impide viajar a Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, impuso restricciones parciales a nacionales de otros siete países: Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, cuyos ciudadanos no pueden entrar de forma permanente ni obtener determinados visados.
Trump defendió la prohibición de viaje alegando que un atentado terrorista reciente había puesto de relieve “los peligros extremos” de permitir la entrada de extranjeros que —a juicio de la Casa Blanca— no han sido debidamente investigados, y sostuvo que personas de ciertos países presentan un mayor riesgo de quedarse más allá del tiempo permitido por sus visados.
La administración introdujo, no obstante, algunas excepciones: quedan exentos los titulares de visados vigentes, los residentes permanentes legales, los atletas que viajen a Estados Unidos para la Copa del Mundo de 2026 o los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, así como los afganos que reúnan requisitos para el programa de Visados Especiales para Inmigrantes por haber colaborado con el gobierno estadounidense en la guerra de Afganistán.
¿Un ataque a la inmigración legal?
Expertos en política migratoria citados por el Times consideran que la propuesta representa un giro de gran calado.
Doug Rand, ex alto cargo de USCIS durante la administración Biden, calificó de “absurdo” que algo se aplique a una persona “en función de su país” y lo describió como “un cambio radical”.
A su juicio, esto supone una escalada del ataque del gobierno de Trump contra la inmigración legal, ya que afectaría a personas que ya han pasado controles de seguridad nacional y viven legalmente en Estados Unidos.
El exfuncionario Michael Valverde, que trabajó más de dos décadas en USCIS, recordó que la agencia siempre ha lidiado con documentos difíciles de validar por proceder de países con prácticas de seguridad débiles, pero señaló que es inédito que esas dificultades se conviertan en un factor negativo formal en las solicitudes.
Advirtió que será clave ver si los solicitantes realmente pueden superar ese “factor negativo” o si, en la práctica, se transforma en una prohibición de facto para quienes provienen de los países señalados.
La analista Sarah Pierce, que también trabajó en USCIS y hoy es directora de política social en el centro de estudios Third Way, afirmó que “no hay forma de que esta política no aumente las denegaciones” y que pone en peligro la idea de una revisión justa e imparcial de esos casos.
Según Pierce, es legítimo que el gobierno evalúe si hay información suficiente para concluir que un solicitante no representa un riesgo de seguridad, pero cuestionó que se predetermine ese juicio “porque alguien es de un determinado país”, lo que podría dar pie a impugnaciones legales por discriminación por nacionalidad.
Más controles y menos vías de protección
El plan se presenta como parte de un movimiento más amplio de la administración para restringir las vías de inmigración legal.
El mes anterior, el gobierno redujo el número de refugiados que aceptaría este año fiscal y rechazó la entrada de miles de personas que huyen de la guerra y la persecución, mientras reservaba plazas para afrikaners sudafricanos, en su mayoría blancos.
En paralelo, USCIS ha ampliado las investigaciones en redes sociales y los controles de “actividades antiamericanas” para ciertos solicitantes de beneficios migratorios, incluidos quienes buscan tarjetas de residencia.
La agencia informó que, en el año fiscal 2025, había completado 12,502 verificaciones individuales en redes sociales.
Según los borradores citados por el Times, los mismos “factores negativos” ligados al país de origen se aplicarían también a solicitudes de asilo y libertad condicional humanitaria (parole), lo que podría cerrar o dificultar seriamente vías de protección para personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos y que hasta ahora confiaban en una evaluación individual de sus casos.
Rand subrayó que el cambio busca “llegar al interior de Estados Unidos y cambiar las expectativas establecidas” de quienes ya están en el país con estatus legal.
El propio borrador reconoce que USCIS no sabe cómo afectaría la nueva política a las tasas de denegación, aunque varios expertos anticipan un incremento notable de rechazos y un aluvión de demandas.
Pierce sostuvo que la norma sería especialmente vulnerable porque, a diferencia del veto de entrada en frontera, se aplicaría a personas que ya están dentro de Estados Unidos, lo que abre una zona gris legal distinta a la de las prohibiciones de viaje tradicionales.
Por ahora, el plan permanece en fase de borrador, pero, de confirmarse, representaría un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense, con impacto directo sobre solicitantes de green cards, asilo y otros beneficios cuyo destino podría depender, cada vez más, del país en el que nacieron.
Preguntas frecuentes sobre los cambios en la política migratoria de la administración Trump
¿Cómo afectarán los cambios propuestos por la administración Trump a las solicitudes de residencia y asilo?
Los cambios propuestos dificultarán la obtención de tarjetas de residencia y asilo para inmigrantes de países en la lista de veto migratorio de Trump. Estos cambios consideran los "factores específicos de cada país" como "factores negativos significativos" al evaluar las solicitudes, lo que podría llevar a un incremento en las denegaciones.
¿Qué países están afectados por la prohibición de viaje de Trump?
La prohibición de viaje firmada por Trump afecta a ciudadanos de 12 países, incluidos Cuba, Afganistán, Chad y otros, principalmente de África y Oriente Medio. Además, impone restricciones parciales a nacionales de otros siete países como Burundi, Laos y Venezuela.
¿Por qué la administración Trump justifica estas restricciones migratorias?
Trump defiende las restricciones alegando que ciertos países no cuentan con sistemas fiables de verificación de documentos y presentan riesgos de seguridad. La administración sostiene que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Existen excepciones a las restricciones de viaje impuestas por Trump?
Existen algunas excepciones a las restricciones, como para los titulares de visados vigentes, residentes permanentes legales y atletas que viajen a eventos internacionales. También se prevén exenciones para afganos que colaboraron con el gobierno estadounidense.
¿Cuál es la postura de los expertos frente a estos cambios migratorios?
Expertos en política migratoria consideran que esta propuesta representa un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos. Critican que el enfoque se basa en la nacionalidad de los solicitantes, lo que podría dar lugar a impugnaciones legales por discriminación.
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