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El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos que, según el Departamento de Estado, han facilitado de manera deliberada la inmigración ilegal hacia territorio estadounidense a través de Nicaragua.
"Estados Unidos no tolera a quienes se benefician de la inmigración ilegal ni a quienes infringen nuestras leyes de inmigración", declaró en X Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.
"Hoy, hemos tomado medidas para revocar visas e imponer restricciones de visa a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos que, a sabiendas, facilitaron la inmigración ilegal a Estados Unidos a través de Nicaragua", precisó.
El Departamento de Estado detalló que las acciones se toman bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que impide la entrada al país a quienes, por sus actividades, puedan generar graves consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
Las restricciones incluyen la revocación de visas vigentes y la imposición de nuevas limitaciones para garantizar que estas personas no puedan ingresar al país.
"Las investigaciones indican que las entidades representadas por estas personas facilitaron sus viajes a través de Nicaragua gracias a las políticas migratorias permisivas del régimen de Daniel Ortega, que desestabilizan la región e impulsan la migración ilegal hacia Estados Unidos", afirmó el Departamento de Estado en su comunicado.
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El portavoz Matthew Miller agregó que estas medidas buscan "proteger la integridad de las fronteras estadounidenses y garantizar la rendición de cuentas de quienes buscan lucrarse con la migración irregular".
El contexto de estas sanciones está marcado por la llegada masiva de cubanos y ciudadanos de otras nacionalidades a Estados Unidos a través de Nicaragua, luego de que Ortega eliminara el requisito de visa para los cubanos.
Muchas familias vendieron sus bienes en Cuba para costear los pasajes y el trayecto hacia el norte, generando un negocio millonario del que se beneficiaba el régimen nicaragüense y que además presionaba la frontera sur de Estados Unidos.
Un negocio muy rentable que no se ha detenido
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue convirtiendo la desesperación de miles de cubanos en una fuente inagotable de ingresos que continúa engordando sus arcas, incluso cuando la presión internacional aumenta y Estados Unidos endurece su política contra Managua.
Mientras Washington advierte que el gobierno sandinista usa la migración como arma política, la ruta Managua-Honduras-México continúa activa y rentable, con los cubanos como su columna vertebral.
Los últimos datos revelados por el diario independiente La Prensa muestran que entre enero y julio de este año, más de 21,000 migrantes con destino a Estados Unidos entraron a Honduras desde Nicaragua. El 83 % eran cubanos.
La cifra confirma una tendencia sostenida, pese a las restricciones de EE.UU. y México, los cubanos siguen apostando por la vía nicaragüense como única salida ante la crisis y la represión del régimen de la Isla.
Historial de sanciones a una dictadura
Estas nuevas restricciones se suman a las impuestas en abril pasado, cuando la administración Trump sancionó a más de 250 funcionarios nicaragüenses por violaciones de derechos humanos, autoritarismo y participación en el tráfico irregular de migrantes.
Durante 2024, Washington también había sancionado a ejecutivos de compañías aéreas y marítimas, así como a operadores turísticos que facilitaban la emigración irregular desde Cuba hacia Nicaragua y de allí hacia Estados Unidos.
El impacto de las medidas recientes ya se refleja en el cierre de más de 70 rutas de vuelos chárter, incluyendo conexiones estratégicas entre Cuba y Nicaragua, y en la restricción de visados a personas en Europa, Asia y otras regiones vinculadas a estas redes.
Con estas acciones, Estados Unidos refuerza su política de lucha contra la explotación de migrantes y el tráfico de personas, desmantelando redes que lucran con la vulnerabilidad de quienes buscan llegar de manera irregular al país.
El Departamento de Estado subrayó que nadie debe beneficiarse económicamente de los migrantes, ni empresas privadas ni funcionarios públicos, consolidando un mensaje claro de control y seguridad en las fronteras.
En resumen, la administración estadounidense combina sanciones, restricciones de visa y cierres de rutas estratégicas como parte de un esfuerzo más amplio para frenar la migración irregular desde Nicaragua y prevenir que estas prácticas desestabilicen la región y comprometan la seguridad nacional de Estados Unidos.
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