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El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, publicó este lunes un texto que, a simple vista, parece un parte informativo sobre la proliferación del mosquito Aedes aegypti y la expansión de las arbovirosis en el país.
Pero basta leer entre líneas —o más bien, entre silencios— para comprender que no se trata de un ejercicio periodístico encaminado a informar, sino de un mensaje político cuidadosamente diseñado: amortiguar el golpe, preservar la impunidad y desplazar la responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos.
La pieza arranca con una frase que podría haber sido una grieta en el discurso oficial: “La responsabilidad no es exclusiva del sistema de Salud, sino que implica una movilización social organizada para reducir los índices de infestación”.
La oración promete una reflexión sobre la responsabilidad institucional, pero la promesa dura lo que tarda en leerse.
El artículo, firmado por la periodista Wennys Díaz Ballaga, jamás vuelve sobre esa idea. No hay análisis de los errores del ministerio de Salud Pública (MINSAP), ni de sus fallos estructurales, ni de la ineficacia de sus campañas de control sanitario.
La breve admisión en la entradilla del artículo de una “responsabilidad no exclusiva del sistema de Salud” se evapora en el aire, como si hubiera sido colocada solo para simular autocrítica y desactivar las críticas externas.
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Una operación de propaganda
Más que informar, el texto de Granma cumple una función política: blindar al MINSAP, proteger al ministro José Ángel Portal Miranda —cada día más ausente del debate público— y sostener la narrativa de que los cubanos son corresponsables del desastre.
La técnica es conocida: convertir la víctima en culpable. En lugar de rendir cuentas o reconocer fallas, el aparato mediático del régimen reproduce un manual de “responsabilidad compartida” que, en la práctica, no comparte nada.
Bajo esa lógica, la epidemia no es consecuencia de la falta de planificación, de los recortes presupuestarios, de la corrupción o del abandono institucional, sino del descuido de las familias que no cepillan sus tanques de agua o que no permiten la entrada de los fumigadores.
Se trata de un patrón discursivo que el régimen ha utilizado durante décadas: eludir la rendición de cuentas y reconvertir sus propios fracasos en supuestos defectos del pueblo.
La “movilización social organizada” que exige Granma no es un llamado cívico, sino una orden de obediencia. El Estado se exime de responsabilidades mientras exige disciplina y silencio a cambio de sobrevivir.
El ministro invisible y la prensa obediente
Mientras millones de cubanos preguntan dónde está José Ángel Portal Miranda —el responsable político del sistema de salud—, la prensa oficial actúa como cortina de humo.
Ni una mención al ministro. Ni una referencia a su ausencia. Ni una palabra sobre su obligación de explicar por qué el país enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes.
En cualquier otro contexto, los medios exigirían cuentas a sus autoridades. En Cuba, los medios son las autoridades. Granma no investiga, absuelve; no fiscaliza, justifica.
La prensa estatal funciona como un departamento de comunicación del Partido Comunista, dedicado no a informar sino a proteger a quienes deberían responder ante la ciudadanía.
Estrategia de desresponsabilización
El artículo del órgano oficialista es un ejemplo paradigmático del mecanismo de propaganda que el régimen aplica en momentos de crisis: reconocer parcialmente un problema para luego diluirlo en una masa de culpables difusos.
Es la vieja táctica de “todos somos responsables” que en realidad significa “nadie en el poder lo es”.
Así, el MINSAP no rinde cuentas, el ministro no aparece, Miguel Díaz-Canel no asume la magnitud del desastre, y la población —ya agotada por la escasez, el hambre y los apagones— termina cargando con la culpa de una emergencia sanitaria que no provocó.
Entre el silencio y la coerción
Lo que Granma llama “movilización social” es, en esencia, una estrategia de control. No se trata de participación, sino de obediencia; no de corresponsabilidad, sino de imposición.
El texto recuerda que la fumigación es “obligatoria” y que negarse a ella constituye un delito. Esa advertencia, incrustada en medio del artículo, revela el verdadero espíritu del mensaje: el Estado no dialoga, ordena.
La transparencia y la rendición de cuentas, mencionadas de pasada, son conceptos ajenos a la práctica política del régimen. En su lugar, la maquinaria oficial prefiere la propaganda preventiva: aparentar preocupación para desactivar la crítica, sembrar miedo para garantizar el control.
Mientras tanto, la crisis epidemiológica se agrava y el pueblo cubano, una vez más, se queda sin respuestas. Porque en la Cuba actual, cuando el Estado debería dar explicaciones, lo que da son órdenes. Y cuando debería asumir responsabilidades, lo que reparte es culpa.
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