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Cuba enfrenta una de las peores crisis sanitarias de su historia reciente. Mientras los hospitales colapsan, las farmacias están vacías y los brotes de dengue, chikungunya y oropouche se extienden por casi todo el país, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, permanece en silencio.
No hay ruedas de prensa, no hay comparecencias públicas, no hay explicaciones claras. El hombre encargado de garantizar la salud de once millones de cubanos ha desaparecido del radar informativo justo cuando el país más necesita respuestas.
El ministro ausente
En cualquier nación democrática, un funcionario con su responsabilidad estaría dando la cara a diario, ofreciendo cifras, medidas y evaluaciones. En Cuba, en cambio, el titular del MINSAP parece atrincherado detrás de los partes epidémicos que apenas informan lo imprescindible.
Portal Miranda, que en julio pasado reconoció ante la Asamblea Nacional que el sistema sanitario atraviesa una “crisis estructural sin precedentes”, ha optado por el silencio administrativo, como si la omisión fuera una estrategia.
En las últimas semanas, han sido los viceministros y directores provinciales del MINSAP quienes han salido a dar declaraciones sobre la expansión del dengue, la chikungunya y el oropouche.
Carilda Peña García, viceministra del sector, ofreció partes parciales en los que reconoció transmisión activa en casi todas las provincias; el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, ha asumido el papel de portavoz casi permanente de la crisis.
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Pero de Portal Miranda, nada: ni una comparecencia, ni una entrevista, ni una explicación pública. Su silencio es ya, en sí mismo, una respuesta —y un síntoma— de la parálisis política y moral que domina la conducción sanitaria del país.
Su última aparición pública data de mediados de octubre, cuando restó importancia a la expansión del dengue y aseguró que “la situación estaba bajo control”.
Durante una reunión celebrada en Matanzas Portal Miranda aseguró que no se habían registrado muertes por dengue ni chikungunya, pese a reportes ciudadanos que hablaban de muertes, colapso sanitario y aumento de casos febriles en la provincia.
El titular del MINSAP calificó de “rumores” las informaciones sobre fallecidos y aclaró que las enfermedades en circulación “ni son nuevas, ni son raras, ni son desconocidas”.
Desde entonces, los contagios han aumentado, los hospitales están saturados y las denuncias ciudadanas se multiplican. Médicos sin reactivos, niños hospitalizados en pasillos, colas interminables para conseguir un analgésico o una inyección: esa es hoy la realidad del país.
Mientras tanto, el MINSAP publica comunicados ambiguos y estadísticas incompletas. No se sabe cuántos enfermos hay realmente, cuántos han muerto ni cuáles son las zonas más afectadas.
La falta de transparencia es tan evidente que cada semana surgen versiones distintas sobre la magnitud de la crisis, mientras las autoridades piden calma y paciencia a una población exhausta.
La crisis de las arbovirosis combinadas
La emergencia sanitaria actual tiene nombre y vector: el mosquito. Pero lo que antes eran brotes aislados de dengue se ha convertido en un cóctel explosivo de arbovirosis combinadas —dengue, chikungunya y oropouche— que están colapsando hospitales y poniendo en jaque a los servicios de salud.
Expertos advierten que la coinfección de varios virus en un mismo paciente agrava el cuadro clínico y eleva el riesgo de complicaciones fatales, especialmente entre niños y ancianos.
Sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo la misma: discursos vacíos sobre “el control de foco” y llamados a la “responsabilidad individual”. El Estado que durante décadas se jactó de tener una “potencia médica” hoy delega en los vecinos la eliminación de criaderos, mientras la basura se acumula y las brigadas de fumigación trabajan sin combustible ni insecticidas.
El propio ministro reconoció en julio que solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible. Eso significa que la mayoría de los tratamientos para combatir la fiebre, el dolor, la deshidratación o las infecciones secundarias simplemente no existen en la red farmacéutica estatal.
Los enfermos deben recurrir al mercado negro o depender de paquetes de familiares en el exterior. El resultado: desigualdad, desesperación y un aumento alarmante de muertes evitables.
Un sistema sin respuestas
El silencio de Portal Miranda no solo es político: es moralmente inaceptable. En un país donde las autoridades sanitarias controlan todos los datos y recursos, su ausencia equivale a una negación del derecho ciudadano a saber.
¿Dónde está el informe público con el número real de infectados? ¿Qué presupuesto se ha destinado a la fumigación, la vigilancia epidemiológica y la compra de medicamentos? ¿Qué medidas se están tomando en los territorios más afectados? Nadie lo sabe.
El ministro debería estar explicando a los cubanos por qué no hay medicamentos en la farmacia, insumos para la fumigación, mosquiteros en hospitales, repelentes en los hogares, por qué los diagnósticos se retrasan semanas o por qué los médicos atienden sin materiales básicos. Pero no lo hace.
En su lugar, el régimen repite el guion de siempre: culpar al “bloqueo estadounidense”, hablar de “condiciones climáticas adversas” y apelar a la “resistencia del pueblo”.
Díaz-Canel, la continuidad de la impunidad
La pregunta que muchos se hacen va más allá del ministro: ¿por qué Miguel Díaz-Canel lo mantiene en el cargo?
La respuesta es política. Portal Miranda representa la obediencia, no la competencia. Su permanencia confirma que el sistema de salud cubano no se gestiona como un derecho ciudadano, sino como un recurso de extracción de divisas, propaganda y control.
La salud pública se ha convertido en una vitrina vacía para los cubanos y un lucrativo negocio para las élites del régimen: mientras se exportan médicos y vacunas, el pueblo enferma sin atención.
Díaz-Canel pidió hace pocos días “enfrentar las arbovirosis como se enfrentó la COVID-19”. Pero durante la pandemia, su gobierno ocultó estadísticas, persiguió médicos críticos y manipuló datos para proyectar una imagen de éxito.
La misma táctica se repite ahora: minimizar la gravedad, censurar la prensa independiente y mantener un discurso de “situación controlada” que ya nadie cree.
Transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad
Cuba necesita, con urgencia, transparencia. El MINSAP debe publicar informes epidemiológicos detallados, provincia por provincia, con cifras reales de casos, muertes y recursos. Debe rendir cuentas ante la ciudadanía y ante la comunidad médica, no ante el Partido Comunista. La opacidad mata. Y cada día que pasa sin información, el número de víctimas crece.
También es imprescindible una auditoría pública sobre el uso del presupuesto sanitario. ¿Cuánto se gasta en control vectorial? ¿Cuánto en turismo médico? ¿Cuánto en propaganda? La rendición de cuentas no puede ser un privilegio de los países libres: es una obligación moral de cualquier gobierno, y más aún de uno que presume de humanismo.
José Ángel Portal Miranda y Miguel Díaz-Canel deben responder por esta catástrofe. No pueden seguir escondidos detrás del discurso del embargo mientras niños mueren por falta de reactivos y medicamentos, ancianos agonizan sin tratamientos y el sistema público de salud cubano colapsa.
¿Hacia una intervención humanitaria?
La magnitud del desastre obliga a una pregunta incómoda: ¿ha llegado el momento de solicitar una intervención humanitaria internacional?
Cuando un país no puede garantizar condiciones mínimas de salubridad, cuando las epidemias se expanden sin control y el Estado carece de capacidad —o voluntad— para responder, la comunidad internacional tiene el deber de actuar. No se trata de política, sino de vidas humanas.
Organismos como la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja o la OMS deben evaluar urgentemente la situación epidemiológica en Cuba. Si el régimen no permite una inspección independiente, su silencio será prueba de culpabilidad.
Cuba no puede seguir muriendo en la oscuridad.
Los cubanos merecen saber la verdad, merecen ser atendidos, merecen vivir.
Y si sus autoridades no son capaces de protegerlos, el mundo tiene la obligación moral de hacerlo.
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