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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) Naciones Unidas declaró que 49 manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba fueron detenidos “arbitrariamente por motivos políticos e ideológicos y sin debido proceso ni defensa”.
El dictamen, emitido tras un proceso donde el régimen cubano tuvo derecho a la defensa, fue impulsado por la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, que presentó las denuncias en el marco de las causas 23 y 149 de 2021.
El organismo internacional también reconoció que los presos sufrieron “múltiples crímenes de lesa humanidad”, como desapariciones forzadas, torturas, aislamiento prolongado y violaciones graves de sus derechos humanos.
En consecuencia, la ONU exhortó al régimen cubano a liberar e indemnizar a los afectados de manera inmediata.
Si bien este reconocimiento respalda las denuncias de la oposición en la isla, los cubanos aseguran que la cifra de detenciones arbitrarias en el 11J supera con creces la confirmada por Naciones Unidas.
“El régimen asintió tácitamente a los argumentos y pruebas presentados por Prisoners Defenders”, señaló la organización en un comunicado, al explicar que La Habana no presentó defensa ante el GTDA en esta ocasión.
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El grupo de trabajo denunció además que ninguno de los detenidos ni sus familias dispone de copias de las órdenes de detención ni de prisión preventiva, y que varios fueron procesados en tribunales militares, una violación del debido proceso según los estándares internacionales.
Con estos 49 nuevos casos, el GTDA sitúa a Cuba como el país con más detenciones arbitrarias del mundo desde 2019, con 93 víctimas reconocidas por las Naciones Unidas. Le siguen Egipto (73) y Baréin (70).
Asimismo, Cuba, Turquía y Nicaragua son los tres únicos países condenados por el organismo en opiniones de tipo masivo, es decir, con más de diez víctimas por resolución.
El informe detalla que, en el caso cubano, la represión responde a un patrón sistemático y colectivo.
Las detenciones no son hechos aislados, sino parte de un modelo de control político y social donde los cuerpos policiales, la fiscalía y los tribunales actúan bajo un mismo esquema represivo del Estado.
“En Cuba, la cárcel funciona como un mecanismo de control social y de terrorismo de Estado”, denunció Prisoners Defenders.
“Las prisiones son castigos, pero también mensajes intimidatorios para toda la sociedad”, señala.
El informe también ubica a Cuba en el cuarto lugar mundial por desapariciones forzadas, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, con 193 casos documentados desde 2012.
A diferencia de otros países donde las desapariciones se atribuyen a grupos criminales o mafias, en Cuba “la única mafia responsable es el propio Gobierno”, denunció Prisoners Defenders.
El GTDA subrayó que los casos en Cuba violan al menos seis de los once crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma.
Entre 2019 y 2025, la ONU ha adoptado 93 opiniones sobre detenciones arbitrarias en Cuba, todas con conclusiones desfavorables para el régimen.
Prisoners Defenders ha representado a las víctimas en el 87% de esos casos, consolidando un récord histórico de condenas al Estado cubano.
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